Congreso del Estado
No politizar sobre alcaldes ligados al crimen, pide Edmundo Torrescano
El diputado potosino dice que las investigaciones sobre alcaldes de la zona media deben ser apegadas a derecho
Por: Redacción
El diputado Edmundo Azael Torrescano Medina señaló que si hay alguna denuncia en contra de uno o varios alcaldes por tener supuestos nexos con la delincuencia organizada, que se investigue y se sancione, ya que de lo contrario todo quedaría en difamaciones.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, indicó que ante comentarios de que la Fiscalía General del Estado mantiene carpetas de investigación sobre alcaldes de la Zona Media, será esa instancia la que deberá resolver y en su momento solicitar el juicio político ante el Poder Legislativo.
Torrescano Medina indicó que la delincuencia organizada es un tema que está a nivel nacional y San Luis Potosí no puede mantenerse aislado de estos hechos; “pero aquí deben ser las autoridades estatales o la Fiscalía General de la República, las que deberán resolver cualquier hecho que se haya o esté presentando en territorio potosino”.
El diputado confió en que se realicen de manera adecuada esas investigaciones y que si hay alguna autoridad que tenga nexos, pues que se lleva a cabo el procedimiento, para un juicio político
Apuntó que si en esa investigación se resuelve que no tienen supuestos nexos o que no tiene una participación con la delincuencia organizada, también se deberá hacer del conocimiento público, porque de lo contrario, solo se estaría difamando o en su oportunidad atentando contra la dignidad de un servidor público, que a lo mejor si está haciendo bien su trabajo.
Pidió que esas investigaciones que ha mencionado la Fiscalía General del Estado se realicen apegadas a derecho, que no sean solo elementos sin certeza, que no sea un tema político para desvirtuar a opositores, y sobre todo, se respeten las garantías de todos.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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