Propone eliminar cualquier ambigüedad para garantizar el cumplimiento de esta obligación en beneficio de las niñas y los niños y adolescentes

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar plenamente el interés superior de la infancia, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado.

La propuesta plantea establecer de manera explícita que el padre biológico mantiene la obligación de proporcionar alimentos, incluso en los casos donde un menor haya sido reconocido legalmente por un tercero.

La legisladora señaló que, el derecho a recibir alimentos constituye un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual está estrechamente vinculado con el principio del interés superior de la niñez, reconocido también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños.

Explicó que, si bien el Código Familiar del Estado establece la obligación de proporcionar alimentos derivada de la relación de filiación

, en la práctica judicial se han presentado casos en los que el padre biológico intenta evadir esta responsabilidad bajo el argumento de que el menor ha sido reconocido por otra persona, como la pareja de la madre.

Ante esta situación, la diputada Hernández Ramírez consideró la importancia de realizar ajustes legales que eliminen cualquier ambigüedad y garanticen el cumplimiento de esta obligación en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Además la iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 145 así como crear el artículo 145 Bis y adicionar un tercer párrafo al artículo 164 Bis del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí.

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Los tres detenidos fueron procesados tras su presunta participación en el deceso del recluso

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que están investigando a tres personas privadas de su libertad por su posible participación en el homicidio de un recluso del Penal de La Pila.

La persona fallecida fue encontrada por trabajadores del penal y no presentaba mayores signos de violencia, por lo que inicialmente no se habían asignado responsabilidades.

Sin embargo, tras avanzar con las indagatorias le encontraron un fuerte golpe, y al realizar los análisis, éstos arrojaron que la causa de muerte fue asfixia

, por lo que se emprendió una investigación para determinar a los culpables y los motivos del asesinato.

Tras las búsquedas correspondientes, se identificó a tres personas que presuntamente habrían sido los artífices del crimen, por lo que fueron detenidos, ahora, por estos cargos de homicidio.

Las investigaciones continuarán en los próximos días, donde se definirá su culpabilidad.

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La magistrada Lourdes Zarazúa advierte incremento en este delito y detalla que el perdón no aplica en casos reiterados o contra grupos vulnerables

Por: Redacción

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que durante este año se ha registrado un incremento en los casos de violencia familiar en San Luis Potosí, lo que ha derivado en la emisión de un mayor número de medidas de protección por parte de los juzgados.

Explicó que el Poder Judicial cuenta con un juzgado especializado en este tipo de casos, además de que todos los jueces de primera instancia tienen la facultad de dictar medidas urgentes cuando la situación lo requiere.

“Sí hemos decretado bastantes medidas de protección. Es un delito que ha ido incrementándose, creemos que es parte de la dinámica social, pero estamos trabajando en ello”, señaló.

Sobre el proceso legal, la magistrada aclaró que, en términos generales, el delito de violencia familiar sí permite el otorgamiento del perdón por parte de la víctima; sin embargo, esto no aplica en todos los casos.

Precisó que cuando se trata de violencia familiar reiterada

, o cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables como menores de edad o personas adultas mayores, el perdón no procede, de acuerdo con criterios establecidos por la Suprema Corte.

En cuanto a las sanciones, indicó que no existe un promedio fijo de penas, ya que estas dependen de las particularidades de cada caso y del nivel de violencia ejercida. No obstante, mencionó que recientemente se han registrado sentencias mínimas de hasta cuatro años de prisión.

Asimismo, explicó que en casos donde las penas son menores a cinco años, pueden existir mecanismos alternativos, aunque estos solo aplican si se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley.

Finalmente, Zarazúa Martínez subrayó que el Poder Judicial mantiene atención constante a este delito, ante su impacto social y la necesidad de garantizar protección efectiva a las víctimas.

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