Estado
No debieron promover juicio de amparo por consulta indígena: Congreso
“Siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijo la diputada Vianey Montes
Por: Redacción
Luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidiera sobreseer el juicio de amparo promovido por el Comité Técnico Operativo para la consulta Indígena, la presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga señaló que siempre hubo disposición al diálogo y era innecesario acudir a esas instancias.
“Nosotros siempre mantuvimos apertura, se hicieron mesas de trabajo con ellos, ahora ya es la decisión del juez determina con toda claridad que el Congreso del Estado no tiene responsabilidad en este asunto”, expuso.
En la resolución se establece que “en esta instancia constitucional la litis se centra en el hecho de que los quejosos refieren que se les discrimina porque no han recibido el pago de las remuneraciones que les corresponde por haber llevado a cabo los trabajos encomendados como parte del Comité Técnico Operativo”.
“Mientras que las autoridades responsables del Congreso del Estado, refieren que ese incumplimiento se debe a que no cuentan con la documentación necesaria para realizar el pago adeudado a los quejosos.
Es decir, se trata de un conflicto de carácter meramente administrativo en el que se deben dirimir cuestiones relativas al cumplimiento o no de los trabajos realizados por los quejosos como miembros del Comité
Técnico Operativo”.
Añade que “cuestión que se estima escapa de la materia de análisis del juez de amparo, pues los actos reclamados (falta de pago) no pueden considerarse como un actuar unilateral, imperativo y coercitivo por parte 
“Ello, puesto que se dice que los actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; circunstancia que en el caso no acontece ya que para que las autoridades responsables estén en aptitud de realizar el pago correspondiente dependerá del acreditamiento por parte de los quejosos de los trabajos encomendados, es decir, se trata de una cuestión de análisis del cumplimiento de la contraprestación pactada”.
Por lo tanto, el juez decidió que “al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las consecuencias que los quejosos reclaman como acto reclamado”.
La diputada Vianey Montes Colunga estableció que el Poder Legislativo siempre ha actuado con apego a la legalidad y ha mostrado disposición para encontrar solución a cualquier controversia por la vía del diálogo.
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El municipio facilitaría los trámites y reduciría o exentaría cobros relacionados con los terrenos por donde pasaría la vía ferroviaria
Por: Redacción
El Gobierno de la Capital aprobó sumarse al proyecto federal del tren de pasajeros México–Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo–Nuevo Laredo, que contempla un tramo de 66 kilómetros dentro del municipio de San Luis Potosí.
La Comisión de Hacienda del Cabildo avaló otorgar facilidades para los trámites relacionados con los terrenos que sean necesarios para el tendido de las vías ferroviarias.
Entre las medidas planteadas se encuentra exentar o reducir el costo de los trámites municipales relacionados con los predios que sean utilizados por el proyecto.
Antes de definir los trámites, las autoridades deberán identificar los terrenos que podrían resultar afectados y determinar si son municipales, estatales, ejidales o particulares.
De acuerdo con el planteamiento presentado al Cabildo, las indemnizaciones y trámites correspondientes correrán por cuenta del Gobierno Federal, mientras que el municipio participaría principalmente en lo relacionado con el cobro por traslado de dominio.
El proyecto contempla que el tren atraviese distintos municipios del estado, aunque el tramo más extenso se ubicaría en la Capital, donde también se proyecta construir la estación más grande de la ruta, según la información presentada ante el Cabildo.
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El SECESP revisará durante los próximos 30 días hábiles la documentación para determinar cuáles cumplen con el ingreso mínimo de 14 mil pesos mensuales
Por: Redacción
Al cierre del plazo establecido para acreditar el salario mínimo de las corporaciones municipales, 24 ayuntamientos entregaron información al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) para demostrar que sus policías reciben al menos 14 mil pesos netos mensuales.
El primer corte, realizado al 1 de septiembre de 2026, señala que la documentación presentada contiene elementos preliminares para acreditar el ingreso establecido. Sin embargo, el cumplimiento todavía deberá ser validado por el SECESP mediante una revisión técnico-jurídica.
Los municipios que entregaron documentación son Aquismón, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santo Domingo, Tamasopo, Tanlajás, Villa de Pozos, Villa Hidalgo, Xilitla, Zaragoza, Cerritos y Rayón.
Por su parte, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez ya acreditan el sueldo establecido conforme al decreto
A partir del cierre del plazo, el SECESP contará con 30 días hábiles para revisar la documentación presentada y emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de cada ayuntamiento.
Una vez concluida la revisión, el organismo deberá informar los resultados al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), que determinará lo conducente respecto de aquellos municipios que no logren acreditar el cumplimiento del salario establecido.
La revisión permitirá determinar si la documentación presentada por los ayuntamientos corresponde efectivamente con el ingreso neto mínimo requerido para sus elementos de seguridad pública.
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La iniciativa también busca fortalecer la participación de mujeres rurales e indígenas
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el fin de reconocer y promover la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
La propuesta también busca impulsar el desarrollo de investigadoras y científicas, su participación en las artes y la cultura, y su intervención en los procesos de desarrollo sostenible de las comunidades rurales, incluido el acceso al agua y al saneamiento.
Plantea fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo de las comunidades rurales, reconociéndolas como actoras en la planeación y toma de decisiones comunitarias, con especial atención a las mujeres indígenas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
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