El Congreso ya presentó su respuesta a la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, aunque no hay fecha para que se resuelva

Por: Redacción

El Congreso del Estado ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su respuesta formal a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma judicial, informó la diputada local y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, aunque no hay fecha para que se resuelva.

Rocha reiteró que el PRI se opuso desde el inicio a que los jueces se eligieran por voto popular, en lugar de por la carrera judicial profesional.

Sobre la exigencia de abogados litigantes de subir a 9

la calificación mínima en los exámenes de conocimientos para jueces, dijo que esa decisión no le corresponde al Congreso, sino al Poder Judicial.

Consideró que la prioridad debe ser capacitar a quienes resultaron electos sin la experiencia que antes se exigía, y pidió que se refuercen las capacitaciones que ya existían.

“Que hagan su mejor trabajo”, afirmó sobre los nuevos jueces.

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El diputado Rubén Guajardo dijo que la sentencia de la Corte debe estar lista antes del 15 de noviembre

Por: Redacción

El Congreso del Estado ya no puede modificar la ley electoral, confirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.

Guajardo Barrera dijo que el plazo de 90 días para reformas electorales ya se cerró, y que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver las controversias que en su momento presentaron el gobierno federal, el partido Morena y el partido Somos México.

“Ahorita ya en el Congreso no podemos hacer nada. Ya se cerró esta etapa”, señaló el legislador.

Sobre la impugnación por el mecanismo de alternancia, explicó que la defensa del Congreso es que un artículo transitorio fija su aplicación hasta 2033, no para las elecciones de 2027, y que por eso el argumento podría desecharse.

Sobre la queja de Somos México por falta de consulta indígena, dijo que no hubo consulta porque, a su parecer, ninguna modificación de la ley electoral toca los derechos de los pueblos indígenas.

Sobre los exámenes de control de confianza para candidatos, dijo que, al no ser obligatorios, no violan derechos humanos, aunque esperarán la resolución de la Corte.

El proceso electoral de San Luis Potosí inicia el 15 de noviembre. Guajardo Barrera dijo que espera que la sentencia de la Suprema Corte esté lista antes de esa fecha, “para tener reglas claras para el proceso del 2027”.

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Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales

Por: Redacción

El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.

Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.

La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.

“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.

La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.

Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.

La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.

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