Estado
“Nava debe pagar por todo lo que se llevó”: diputada
Dolores García dijo que la ASE está encubriendo a Nava al decir que solo debe casi 70 millones, cuando en realidad deben ser 500 mil
Por: Karina González
Dolores Eliza García Román, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, opinó que Xavier Nava Palacios, ex alcalde de la capital potosina, debe “pagar por todo lo que se llevó” y criticó que Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), está encubriendo al expresidente municipal en el monto total de la deuda que dejó.
Lo anterior al cuestionar a la diputada su opinión sobre la inoperancia con que el ex alcalde dejó a la administración, al no entregar las contraseñas para que el software del sistema de videovigilancia y botones de pánico puedan ser utilizados por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM).
“Es que no nada más son las videocámaras, está el bacheo que tampoco lo dejó bien, la ciclovía, tantos temas que tiene Nava y que actualmente la ASE le está tapando a Nava, cobrándole o dando nada más la información que debe 70 millones de pesos; cómo puede ser eso. No son 70 millones de pesos son más de 400 o 500 mil millones y me quedo corta todavía. Nava debe de pagar por todo lo que se llevó”, insistió.
Finalmente, la diputada opinó que en el tema de Teresa Carrizales, en el que el día de ayer un juez ordenó la suspensión condicional del proceso y decretó 6 meses de suspensión a los oficiales de la policía involucrados, así como el pago de la reparación del daño; que es una más de las violencias de género que cometió el ex alcalde contra las mujeres.
Indicó que las formas de actuar no fueron las adecuadas para desalojar a la abogada en julio de 2019, sin embargo señaló que es correcto que Tere Carrizales continúe con las investigaciones en el caso, para que tanto Sebastián Pérez, ex secretario general del gobierno de Nava, y el ex alcalde, se hagan responsables de sus acciones “es que tiran la piedra y esconden la mano”, dijo.
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Destacadas
Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles
El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles
Por: Redacción
La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.
Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.
El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.
Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.
La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.
Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.
Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.
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Estado
Sala Monterrey devuelve inscripción y financiamiento a Somos y PAZ en SLP
La Sala Regional Monterrey ordenó devolver a ambos partidos el financiamiento de noviembre y diciembre que les retiró el CEEPAC
Por: Redacción
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto las sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que habían quitado la inscripción local y el financiamiento público a los partidos Somos y PAZ, y los restituyó en sus derechos en San Luis Potosí.
La Sala votó por unanimidad este 18 de noviembre los expedientes SM-JRC-78/2026, de Somos, y SM-JRC-79/2026, de PAZ. Con ello quedan vigentes los acuerdos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en agosto para inscribir a ambos partidos nacionales en el estado y asignarles recursos.
El CEEPAC deberá devolverles las prerrogativas de noviembre y diciembre de 2026, que había repartido entre las otras siete fuerzas políticas. En agosto, el organismo les asignó 1 millón 529 mil 153 pesos a cada uno para el periodo de septiembre a diciembre.
El argumento central fue que a Somos y PAZ no se les podía exigir el 3% de la votación válida en la elección local anterior, criterio con el que el tribunal local dio la razón a Morena. Ambos obtuvieron su registro nacional después de esos comicios, por lo que no tuvieron oportunidad legal de competir en ellos.
“Desde mi visión jurídica, la autoridad responsable partió de una premisa inexacta”, señaló la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco durante la sesión.
La magistrada citó el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que protege el acceso al financiamiento local de los partidos nacionales que se acreditan en un estado después de la última elección, además de los criterios 43/2015 y 75/2016 de la Sala Superior sobre recursos para partidos de nueva acreditación. Recordó que, dos semanas antes, la Sala Superior
reconoció que el registro nacional de Somos está vigente desde el 1 de julio.Sobre los requisitos de inscripción, la Sala concluyó que ambos partidos los cumplieron. Somos entregó al CEEPAC copia certificada del acta de la sesión del 11 de julio en la que eligió a su comité estatal. PAZ presentó los documentos de sus órganos directivos dentro del plazo que el INE le dio, que vencía el 14 de septiembre.
Morena impugnó la inscripción y el financiamiento de los dos partidos. El 9 de octubre, el TEESLP revocó por unanimidad los acuerdos de Somos, que en el estado encabeza el exalcalde capitalino Francisco Xavier Nava Palacios. El 15 de octubre, por mayoría de dos votos contra uno, hizo lo mismo con PAZ, dirigido en San Luis Potosí por Alejandro Leal Tovías.
El CEEPAC repitió el procedimiento y volvió a inscribir a Somos el 27 de octubre y a PAZ el 3 de noviembre, pero sin recursos. En esa última sesión redistribuyó 27.6 millones de pesos de financiamiento ordinario de noviembre y diciembre entre el Partido Verde, Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PT, con cero pesos para los dos partidos nuevos.
Días después, el diputado de Morena Carlos Arreola Mallol celebró que Somos se quedara sin presupuesto y sostuvo que primero debía obtener “el tres por ciento de la votación en todo el estado”.
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Estado
Jueza da 48 horas a Soledad por basura en El Zapote
El Ayuntamiento de Soledad aseguró que desde hace semanas no deposita residuos en el tiradero
Por: Redacción
Un juzgado federal dio 48 horas al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a partir de la notificación, para acreditar que dejó de usar el tiradero de El Zapote. El municipio respondió que sus unidades y los recolectores que autoriza ya no depositan ahí desde hace varias semanas.
En un posicionamiento, el Ayuntamiento añadió que la recolección en las colonias continúa y que la basura se lleva a instalaciones autorizadas.
El Ayuntamiento informó que no ha recibido la notificación formal del nuevo requerimiento judicial. Señaló que, cuando la reciba, atenderá lo que disponga el juzgado dentro de los plazos y presentará la documentación de las medidas adoptadas. También reiteró que el tiradero no es propiedad municipal, sino de un particular.
Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito, declaró fundado el 13 de noviembre el incidente por incumplimiento dentro del amparo 474/2026, que promovieron vecinos de Puerta Real.
En las 48 horas, el Ayuntamiento debe informar cómo cumplió, con copias certificadas. También tiene que indicar dónde está el sitio alterno de unas tres hectáreas al que llevará la basura. Si ese terreno es privado, debe exhibir los contratos con la empresa que reciba los residuos.
La jueza también ordenó al Ayuntamiento, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a la operadora del sitio, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, presentar un programa calendarizado de remediación. Los trabajos deben empezar por el sector más cercano a Puerta Real. A la Segam le pidió monitorear el acuífero y al Ministerio Público de la Federación le dio vista del incumplimiento.
Desde octubre, Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad, ha dicho que la basura del municipio se deposita en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), en Peñasco.
Trece años sin relleno sanitario
El Reglamento de Aseo Público de Soledad obliga desde 2013 a construir un relleno sanitario, y el municipio sigue sin tenerlo. Desde 2017, la basura se concentró en El Zapote, un predio particular. Los vecinos de Puerta Real se quejan desde entonces de olores y fauna nociva, y en mayo de 2025 bloquearon el Periférico Norte para exigir el cierre.
En octubre de 2025, tras una denuncia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente el sitio. Encontró que recibía residuos peligrosos, operaba sin manifestación de impacto ambiental y no captaba lixiviados ni biogás. El plazo para cerrarlo venció el 31 de diciembre.
En febrero de 2026, la Profepa impuso la clausura total temporal; en marzo comprobó que el tirad ero seguía recibiendo basura. En julio acreditó 19 infracciones
e impuso una multa de 8.1 millones de pesos. El juzgado concedió la suspensión provisional en abril y la definitiva el 22 de junio.En septiembre, sin un destino para las 165 toneladas diarias de Soledad, los camiones fueron enviados a Valle de la Palma y a Enrique Estrada. En ambos lugares hubo bloqueos de vecinos.
La Ley de Amparo castiga con tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación a la persona servidora pública que, como autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. La pena recae en quien desobedece, no en la institución.
Una detención no sería inmediata. Primero, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que investigar a partir de la vista del juzgado, y después un juez federal tendría que emitir la orden. El Ayuntamiento de Soledad sostiene que ya dejó de usar el tiradero y que lo acreditará ante el juzgado.
Si el juicio termina con una sentencia que conceda el amparo y esta no se cumple, el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultad para separar del cargo a la autoridad omisa.
Peñasco, mientras llega un relleno propio
La salida que hoy usa Soledad es Peñasco, el relleno de la capital que opera Red Ambiental por concesión del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En octubre, Horacio Guerra Marroquín, director general de la empresa, informó que recibía entre 300 y 350 toneladas diarias de Soledad y Villa de Pozos, con autorización del alcalde Enrique Galindo Ceballos, aunque sin convenios firmados.
Galindo dijo entonces que su Ayuntamiento no pagaría nada: “Cualquier tema económico lo tienen que ver con Red Ambiental”. Navarro, del Partido Verde, espera rubricar el convenio antes de que termine el año. Mientras se formaliza el convenio, Soledad deposita en Peñasco con el aval de Galindo, quien mantiene diferencias con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las otras opciones no están listas. La propia jueza advirtió que el sitio alterno de tres hectáreas no basta como solución definitiva. El relleno conjunto con Villa de Pozos no tiene fecha, y la Segam no ha definido cuál de los cinco terrenos que evalúa será el nuevo relleno.
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