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“La UIF no me investiga”: Gallardo
El gobernador electo de SLP sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera sigue a Octavio Pedroza por un presunto financiamiento de sus campaña con recursos relacionados a Cabeza de Vaca
Por: Redacción
Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A su salida de Palacio Nacional dio una entrevista en la que afirmó no hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por presunto “lavado” de dinero y enriquecimiento ilícito.
Gallardo agregó que a quien está investigando la UIF es a Octavio Pedroza, quien fue su rival en la contienda con la coalición “Sí por San Luis”, esto por presuntamente haber recibido dinero de procedencia ilícita relacionado con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desaforado recientemente por la Cámara de Diputados.
El próximo gobernador agregó que San Luis Potosí no está dentro de los 11 estados que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque reiteró el caso de la investigación en contra de Pedroza.
“Me llevo un sabor de boca grande, la verdad el que podamos ser incluidos dentro de los gobiernos de la 4T, nos da muchas fuerzas porque hoy lo que vamos a hacer en San Luis Potosí es sumar esfuerzos con los programas sociales”.
Por otro lado, el gobernador electo mencionó los temas en los que coincide con el presidente: aplicación de programas del bienestar, concluir proyectos de infraestructura y la seguridad.
Sobre la seguridad, Ricardo Gallardo dijo: “precisamente es tener una estrategia en conjunto con la Federación porque hoy San Luis Potosí, la verdad es que es un estado que está sumido realmente en la violencia, somos el cuarto lugar en feminicidios del país y eso es lo que realmente nos preocupa a las y los potosinos, la defensa de la mujer, que es lo que platicamos era primordial para el gobierno federal y para el gobierno estatal”.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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