La fiscal María Manuela García dijo que los crematorios están identificados y regulados por las autoridades locales

Por: Redacción

Tras el escándalo nacional que se desató en Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos sin cremar en un crematorio privado, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) descartó que en la entidad exista una situación similar.

La fiscal María Manuela García Cázares aseguró que en San Luis Potosí los crematorios están plenamente identificados y regulados, por lo que no se han detectado irregularidades similares ni se ha tenido que intervenir con operativos especiales.

“No tenemos es a cuestión aquí en San Luis Potosí. Sobre todo porque los crematorios están plenamente identificados y no tenemos problemas”, dijo brevemente la funcionaria ante los medios de comunicación.

El comentario surgió a raíz de cuestionamientos sobre si, a nivel local, se ha verificado que las funerarias cumplan realmente con los procesos de cremación y no entreguen cenizas que no correspondan a las personas fallecidas, como ha comenzado a temerse en el norte del país.

El caso que provocó alarma en todo el país ocurrió en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde fueron hallados 383 cadáveres apilados, muchos con tratamiento funerario, vestidos y sin haber sido incinerados. Algunas familias ahora temen que las cenizas que les entregaron no correspondan a sus seres queridos.

La Fiscalía de Chihuahua ya ha detenido al propietario y a un trabajador del establecimiento, mientras que la COESPRIS local investiga las condiciones sanitarias y administrativas bajo las que operaba el crematorio, que tenía permiso vigente.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso se está atendiendo y que el Gabinete de Seguridad dará un informe completo el próximo martes 8 de julio.

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La fiscal indicó que el taxista responsable se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que ya se ha judicializado el caso del taxista que atropelló al comandante Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del municipio de San Luis Potosí.

La fiscal María Manuela García Cázares confirmó que desde que se tuvo conocimiento del hecho, se abrió una carpeta de investigación y el propio funcionario municipal acudió a presentar la querella correspondiente, ya que este tipo de hechos se persiguen únicamente si la víctima lo solicita formalmente.

“El mismo comandante formuló la querella ante el Ministerio Público, es un delito que así lo exige legalmente. Una vez integrada la carpeta, fue judicializada y la persona está sometida a un procedimiento legal

”, explicó la fiscal.

Respecto al estado del conductor, García Cázares detalló que los primeros datos recabados confirman que el taxista conducía en estado de ebriedad al momento del incidente.

“Es un delito culposo agravado por el estado de ebriedad. El procedimiento ya está en marcha y es aún temprano para hablar de una sanción”, puntualizó.

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Se exhorta a las personas defraudadas a presentar denuncia en la sede de la FGR, ubicada en República de Polonia 370, Lomas de Satélite

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, informa que ha iniciado carpeta de investigación por el caso que se ha hecho público de un probable fraude cometido a nombre de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.

Sobre este hecho, se ha dado a conocer que presuntamente ciudadanos de dicho estado han sido afectados porque les prometieron plazas laborales en la Secretaría de Educación Pública (SEP)

y les solicitan dinero en efectivo para incorporarlos a una Subsecretaría de Auditoría y Control.

La Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, exhorta a las personas que han sido víctimas de este delito a presentar su denuncia en República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite, C.P. 78384, en San Luis Potosí, con la finalidad de que el Ministerio Público Federal (MPF), emprenda las acciones correspondientes.

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