Frinné Azuara cuestionó que la reforma para dar un salario digno a los trabajadores de la salud todavía no se haga efectiva

Por: Redacción

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, respaldó las protestas de los trabajadores de salud. “Tienen razón, no se les ha hecho derecho, no se les ha dado el derecho a tener condiciones laborales dignas como lo marcan sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Afirmó que las demandas de las marchas son algo “que no es sorpresa ya para nadie”. Según la legisladora, el origen está en la centralización de los servicios de salud, es decir, en que la Federación concentró su manejo, y en la desaparición del esquema de compra consolidada de medicamentos que existía con el Seguro Popular. En ese esquema se juntaban las compras de varias instituciones para conseguir mejores precios. También mencionó la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos.

“Una crisis sanitaria”

Azuara Yarzábal dijo que las consecuencias ya se ven en las evaluaciones de organismos internacionales. Mencionó al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OCDE, que según ella ubican a México en una crisis sanitaria por el aumento de muertes que se pudieron evitar. “La verdad es triste y es cruel”, señaló.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, si no se destina alrededor del 6 por ciento del PIB a la salud, “no va a haber respuestas”. El PIB es el valor de todo lo que produce el país en un año.

Un salario digno que no llega

La diputada cuestionó que no se haya hecho efectiva la reforma al artículo 123 constitucional que, dijo, se aprobó en 2024 en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, incluido el de San Luis Potosí, para dar un salario digno a los trabajadores de la salud. “Ese dinero que le están destinando a otro tipo de obras y de instituciones que ya se vio que no están dando los resultados esperados, ¿por qué no se están aplicando estos recursos a la salud?”, preguntó.

Explicó que, con el convenio que firmaron los estados con el IMSS-Bienestar, en San Luis Potosí ya se transfirió “el noventa y tantos por ciento” de los servicios, incluidos el personal, los insumos y el abasto de medicamentos. “La respuesta está ya a nivel federal. El presupuesto no se ha incrementado, no vamos a poder dar atención médica a toda la población que lo demanda”, sostuvo.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol también dijo que la solución a la demanda de los trabajadores tiene que venir de la Federación, aunque defendió que hay inversión y que se va “en la ruta correcta”.

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La decisión se tomó aunque Protección Civil estatal lo solicitó, con la temporada de lluvias por concluir

Por: Redacción

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que se decidió no realizar un desfogue de la presa San José, que se encuentra al 97.5% de su capacidad, pese a que Protección Civil estatal lo solicitó.

Explicó que él ya informó a esa dependencia que, aunque pidan el desfogue, la temporada de lluvias está por terminar, y que las lluvias que cayeron en la zona metropolitana se concentraron en la zona centro, sin altas precipitaciones en la sierra.

González Castillo detalló que, por ello, las presas El Peaje

y El Potosí se mantienen al 76% y 65% de su capacidad, respectivamente. Dijo que la decisión se tomó con base en el criterio de la dirección técnica y de todo el personal, y no solo del director.

“Hay que cuidar el agua y hay que mantenerla en los cuerpos”, afirmó.

El funcionario precisó que, en el caso de la presa San José, la responsabilidad de Conagua abarca el vaso y la captación del agua.

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La comisión, en proceso de extinción, amplió hasta el 26 de octubre el plazo para que dependencias y municipios publiquen su información

Por: Redacción

La Plataforma Estatal de Transparencia de San Luis Potosí cumplirá dos semanas fuera de servicio el 19 de octubre, luego de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) prorrogó por segunda ocasión su suspensión. Así lo establece el aviso que emitió el 13 de octubre y que retomó Astrolabio.

El primer aviso, fechado el 6 de octubre, fijó la reanudación del sistema para el 12 de octubre y amplió al 16 el plazo para que los sujetos obligados cumplieran con sus obligaciones de transparencia. El segundo recorrió la reanudación al 19 de octubre y la fecha límite de cumplimiento al 26 de octubre.

En ambos comunicados, la comisión atribuyó la interrupción a “trabajos de actualización y adecuación” de la plataforma. Según el texto del segundo aviso, el sistema permanece suspendido “a partir del día 05 de octubre de 2026”.

Mientras dure la suspensión, dependencias estatales, ayuntamientos, poderes y el resto de los sujetos obligados no pueden publicar ni actualizar en el sistema la información de oficio que la ley les exige difundir. La plataforma resguarda desde 2017 el acervo de información pública del estado.

Una comisión en extinción

La segunda prórroga ocurre con la CEGAIP en proceso de extinción. La reforma al artículo 17 constitucional, publicada el 1 de abril de 2026, creó un nuevo sistema local. En él, la transparencia del Ejecutivo, los municipios y los organismos descentralizados quedará a cargo de un órgano desconcentrado de la Contraloría General del Estado. Los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos operarán mediante sus contralorías internas.

Los transitorios de la reforma dieron al Congreso del Estado 120 días para expedir la legislación secundaria, plazo que venció el 1 de agosto. Astrolabio reportó que aún no hay fecha para expedir esas leyes ni para completar el nuevo modelo. Los mismos transitorios establecen que la plataforma pasará al nuevo órgano.

A principios de octubre, la comisión dejó su antigua sede y se trasladó a un espacio de la Contraloría General del Estado. Según el mismo medio, al menos 10 trabajadores fueron notificados de la terminación de su relación laboral o están en proceso de convenio.

Cumplimiento a la baja

En julio, el comisionado presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, informó que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia bajó a entre 60 y 64 por ciento en los últimos dos años, frente al mínimo de 90 por ciento que exige la ley. Ese mismo mes señaló que la comisión mantenía abiertas más de 47 verificaciones a sujetos obligados con cero por ciento de cumplimiento, entre ellos partidos políticos, organismos operadores de agua, sistemas DIF y municipios.

Navarro Alviso encabeza un pleno incompleto. La comisionada Ana Cristina García concluyó su periodo el 30 de junio y el tercer lugar está vacante desde hace más de un año, por lo que el Congreso amplió la permanencia de Navarro Alviso hasta que el organismo pase al nuevo sistema.

Si el calendario del segundo aviso se cumple, la plataforma volverá a operar el 19 de octubre y los sujetos obligados tendrán una semana, hasta el 26, para cargar la información pendiente.

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