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Interapas inició reposición de drenaje en Soledad
La obra se realizará entre las calles Leona Vicario y Juan Sarabia y beneficiará a 4 mil 300 personas de la cabecera municipal
Por: Redacción
El organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) arrancó las labores de reposición de un drenaje colapsado en el primer cuadro de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
La dependencia realizará estas labores entre las calles Leona Vicario y Juan Sarabia, con la reposición de 67 metros de la red sanitaria con tubo PEAD corrugado de 18 pulgadas de diámetro, en beneficio de 4 mil 300 personas de esta demarcación.
Interapas señaló que los trabajos podrían concluir en aproximadamente 15 días, por lo que habrá cierres a la circulación vehicular , y la policía vial de aquel municipio establecerá las vías alternas pertinentes para evitar el congestionamiento vehicular.
El organismo operador de agua dio a conocer que el material que se utilizará en estos trabajos, garantiza la durabilidad de la obra y el correcto fluido de las descargas de aguas residuales, pero también evitará que en un futuro la población de la zona padezca algún tipo de afectación a su salud por el mal estado de la red.
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Estado
Ignoran clausura en El Zapote y Soledad enfrenta ultimátum federal
La jueza dio 48 horas al Ayuntamiento de Soledad para dejar de usar el tiradero y presentar un sitio alterno
Por: Redacción
El tiradero de El Zapote, en Soledad de Graciano Sánchez, siguió recibiendo basura pese a la orden judicial de cerrarlo. Por eso, un juzgado federal declaró que el Ayuntamiento de Soledad y las demás autoridades señaladas no cumplieron la suspensión, y les dio 48 horas para corregirlo (los cuales vencen mañana).
Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito, declaró fundado el 13 de noviembre el incidente por incumplimiento dentro del amparo 474/2026, que promovieron vecinos de Puerta Real.
En ese plazo, el Ayuntamiento debe informar cómo cumplió, con copias certificadas. También tiene que indicar dónde está el sitio alterno de unas tres hectáreas al que llevará la basura. Si ese terreno es privado, debe exhibir los contratos con la empresa que reciba los residuos.
La jueza también ordenó al Ayuntamiento, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a la operadora del sitio, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, presentar un programa calendarizado de remediación. Los trabajos deben empezar por el sector más cercano a Puerta Real. A la Segam le pidió monitorear el acuífero y al Ministerio Público de la Federación le dio vista del incumplimiento.
El 26 de octubre, Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad, aseguró que la basura del municipio ya se depositaba en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), en Peñasco.
Trece años sin relleno sanitario
El Reglamento de Aseo Público de Soledad obliga desde 2013 a construir un relleno sanitario, y el municipio sigue sin tenerlo. Desde 2017, la basura se concentró en El Zapote, un predio particular. Los vecinos de Puerta Real se quejan desde entonces de olores y fauna nociva, y en mayo de 2025 bloquearon el Periférico Norte para exigir el cierre.
En octubre de 2025, tras una denuncia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente el sitio. Encontró que recibía residuos peligrosos, operaba sin manifestación de impacto ambiental y no captaba lixiviados ni biogás. El plazo para cerrarlo venció el 31 de diciembre.
En febrero de 2026, la Profepa impuso la clausura total temporal; en marzo comprobó que el tiradero seguía recibiendo basura. En julio acreditó 19 infracciones e impuso una multa de 8.1 millones de pesos. El juzgado concedió la suspensión provisional en abril y la definitiva el 22 de junio.
Navarro sostuvo en abril y julio que el tiradero es de un particular y que detrás del amparo había intereses políticos. En septiembre, sin un destino para las 165 toneladas diarias
de Soledad, los camiones fueron enviados a Valle de la Palma y a Enrique Estrada. En ambos lugares hubo bloqueos de vecinos.La Ley de Amparo castiga con tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación a la persona servidora pública que, como autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. La pena recae en quien desobedece, no en la institución.
Una detención no sería inmediata. Primero, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que investigar a partir de la vista del juzgado, y después un juez federal tendría que emitir la orden. Los presidentes municipales no están entre los funcionarios locales que la Constitución protege con declaración de procedencia ante delitos federales.
Si el juicio termina con una sentencia que conceda el amparo y esta no se cumple, el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultad para separar del cargo a la autoridad omisa.
Peñasco depende de Galindo
La salida que hoy usa Soledad es Peñasco, el relleno de la capital que opera Red Ambiental por concesión del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En octubre, Horacio Guerra Marroquín, director general de la empresa, informó que recibía entre 300 y 350 toneladas diarias de Soledad y Villa de Pozos, con autorización del alcalde Enrique Galindo Ceballos, aunque sin convenios firmados.
Galindo dijo entonces que su Ayuntamiento no pagaría nada: “Cualquier tema económico lo tienen que ver con Red Ambiental”. Navarro, del Partido Verde, espera rubricar el convenio antes de que termine el año. Mientras tanto, la descarga de su basura depende de un acuerdo de palabra con Galindo, quien mantiene un choque abierto con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las otras opciones no están listas. La propia jueza advirtió que el sitio alterno de tres hectáreas no basta como solución definitiva. El relleno conjunto con Villa de Pozos no tiene fecha, y la Segam no ha definido cuál de los cinco terrenos que evalúa será el nuevo relleno.
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Ciudad
“No se volverán a ver”: Alertan por publicación que ofrece desaparecer perros callejeros en SLP
Fátima Ramírez, de Salvando Huellitas, anunció que documenta el caso para denunciarlo ante la Fiscalía
Por: Redacción
Un día después de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Hope, que endurece las penas por maltrato animal, un perfil llamó a recoger perros en situación de calle desde un grupo de Facebook de San Luis Potosí con más de 46 mil miembros.
“alto a los perros callejeros…. son una plaga… estaremos pasando recogiéndolos… nos haremos cargo.. comenten dónde hay para ir por ellos…”, escribió un perfil en un grupo público. La publicación sumaba 91 comentarios y se había compartido 10 veces cuando se documentó.
Otro perfil preguntó qué harían con los animales. Según capturas de la conversación, el autor respondió: “No te preocupes no se volverán a ver”. Después se desactivaron los comentarios de la publicación.
La Asociación Salvando Huellitas, representada por la activista Fátima Ramírez Martínez, calificó la publicación como una incitación a cometer un delito. Anunció que documenta el caso para presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y ante la autoridad municipal.
“Los perros en situación de calle no son una plaga. Son seres sintientes, víctimas del abandono y de la falta de políticas de esterilización, educación y tenencia responsable”, señaló la organización en su posicionamiento.
La asociación le exigió a la administración del grupo cuatro cosas. Pidió eliminar la publicación y sancionar al perfil autor y a quienes coordinen en los comentarios la recolección de animales. También pidió conservar la evidencia sin borrar comentarios, nombres de perfil ni horarios, y moderar el grupo para frenar cualquier publicación que promueva el maltrato.
Lo que cambió con la Ley Hope
La reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado se aprobó el martes 17 de noviembre
con 25 votos a favor. Castiga con 2 a 6 años de prisión el maltrato que cause la muerte de un animal y con hasta 4 años el que deje daños físicos permanentes. Además, incluye a los animales ferales en la protección penal.Según la asociación, el abandono que ponga en riesgo la vida del animal se castiga con 2 a 5 años. La pena puede subir hasta 50 por ciento, es decir, hasta 9 años de prisión, si se prolonga el sufrimiento, se usan métodos crueles o se graba la agresión.
Salvando Huellitas recordó también el artículo 21 del Código Penal: hace responsable a quien lleve dolosamente a otro a cometer el delito o le preste ayuda. Mencionó además el artículo 280, que castiga el encubrimiento, incluida la destrucción o alteración de indicios.
En agosto, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa para crear un tipo penal contra la apología o incitación al maltrato animal, incluida la que se hace en redes sociales. La propuesta se turnó a comisiones.
La organización pidió a quien vea que se llevan perros en su colonia que lo documente con fecha, hora, fotos y video, que resguarde a los animales si puede hacerlo sin riesgo y que presente la denuncia.
También lee: Congreso aprueba la Ley Hope contra el maltrato animal
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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