noviembre 13, 2026

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#InfanciasTrans | ¿Se debe legislar para que menores accedan a tratamientos hormonales en SLP?

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El estado ha sido uno de los primeros en garantizar las terapias de reemplazo hormonal gratuitas y las correcciones de identidad sexo genérica, pero ¿qué tan cerca está de contemplar a niñas y niños trans?

Por: Ana G Silva

El 9 de febrero, América Rangel, diputada local en la Ciudad de México por el PAN, presentó una iniciativa que busca prohibir las cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo en menores de edad y que quienes realicen estas prácticas a menores de puedan ser sentenciados a prisión de entre dos y siete años. Esta propuesta causó polémica en algunos sectores de la población y colectivos LGBTTTIQAP+ en el país. La Orquesta buscó a diputadas y diputados, activistas por los derechos de las personas trans para conocer su opinión sobre lo ocurrido, pero también con la finalidad de conversar sobre si sería viable legislar sobre la posibilidad de que menores de 18 años tengan derecho a iniciar su transición en San Luis Potosí.

Este medio buscó a los y las congresistas de la Comisión de Salud y Asistencia Social -Yolanda Josefina Cepeda y Emma Idalia Saldaña- y de la Comisión de Derechos Humanos -Gabriela Martínez, Eloy Franklin Sarabia y Emma Idalia Saldaña-, no obstante, se negaron a hablar al respecto o sencillamente no respondieron a la invitación. Solo Lidia Nallely Vargas Hernández, quien pertenece a Morena y está en ambas comisiones, accedió a dar una declaración. La congresista dijo que “si un diputado o diputada la presentará (la reforma para permitir que menores puedan optar por terapias de cambio de sexo) se trabajaría en ello”; agregó que el acceso a terapias y cirugías hormonales en menores son temas complejos, por lo que es necesario su valoración.

La congresista apuntó que San Luis Potosí “sigue siendo un estado muy conservador”, por lo que puede influir en el tema y es necesario incluir en el debate a todos los sectores involucrados, principalmente los padres de familia, especialistas en Derechos Humanos y abogados para los temas relacionados a lo penal.

En lo que respecta a la iniciativa presentada en la Ciudad de México, Vargas Hernández subrayó que las y los diputados tendrán que entrar en la discusión de este tema para ver qué tan viable sería si se toma la decisión de aprobar o no; añadió que la diputada América Rangel, como todos los demás integrantes, están en su derecho de presentar propuestas, sin embargo, se deben realizar mesas de trabajo para que se trabaje, los expertos se incluyan y den sus comentarios.

Lía Fernanda Rodríguez, activista por los derechos de las personas trans y egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, apuntó que lo que en realidad se debe legislar tanto en Ciudad de México como en San Luis Potosí, no es prohibir el acceso a bloqueadores hormonales, tratamientos o cirugías de cambio de sexo, sino que haya acceso a la información sobre estas prácticas, y así aumentar la esperanza de vida de las personas trans, que es de 35 años.

Rodríguez detalló que nunca se han permitido los tratamientos o cirugías en menores de edad para el cambio de sexo, aunque a los adolescentes en Ciudad de México mayores a 16 años pueden realizarlo con el consentimiento de los padres.

Lía detalló que la diputada local de la Ciudad de México mencionó en su exposición de motivos que el 90% de las personas que cambian de sexo se arrepiente, pero esa estadística no tiene cita, por lo que puede referirse a las infancias que se les permite acceder a bloqueadores hormonales que en realidad estos solo dan tiempo de decidir si quieren transicionar o no, pues no te da caracteres secundarios sexuales, sino que bloquean la pubertad, lo que ha sido beneficioso para las personas trans, pues realizar un tratamiento después de la pubertad.

“Cuando alguien decide volver a transicionar al género que te asignaron cuando naciste no es porque la personas no sea trans, sino que el resultado que tuvo no fue el esperado, pero no físicamente, sino con el trato que tiene socialmente con su familia y sus amigos y pierde el apoyo”.

La activista explicó que lo dicho por la diputada América Rangel es un discurso contradictorio de derecha, en el que se discute una ideología de género, la cual no existe, sino que en el caso de las personas trans desde pequeñas saben que no se sienten identificadas con el sexo que se les asigno y forzar a alguien a seguir lo “socialmente correcto” contraviene a lo escrito en la Carta Superior de la Niñez sobre el derecho al desarrollo libre de la peronalidad de los infantes y por tanto nadie debe seguir una identidad que no percibe:

“Sí se debe legislar el acceso a bloqueadores hormonales en menores, pero esto a favor, acompañado por los padres, legislar que las infancias trans sean respaldadas por la ley, porque para hacer la corrección es a partir de los 18, en temas de salud el debate es a quién le pertenece el cuerpo, a la persona o al estado, es como con el aborto, quién debe tomar la decicion”.

Lía detalló que “cuando una persona trans sabe que lo es, se va a hormonar, tenga 12 o 15 o 20 años”, por lo que los activistas buscan que sea seguro o de lo contrario se cae en la clandestinidad, además de que generan los discursos de odio que provocan asesinatos a personas de esta comunidad, discriminación y desigualdad laboral y de estudios.

“Hay que pensar en el futuro, porque hay otra realidad y es que muchas personas trans terminan en el suicidio, debido a que es tanta la disforia (sensación de incomodidad que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer) que terminan quitándose la vida porque no se sienten identificados con su cuerpo”.

Al cuestionar sobre si un menor tiene la conciencia de decidir si quiere ser trans, Lía respondió que, basada en la corriente del relativismo, desde su experiencia personal y la empatía, hay minorías que tienen una verdad compartida, en la que no puede afirmar que todas, pero sí la mayoría de las personas trans saben que lo son desde la infancia:

“Cuando tenía 3 años lo sabía, no me gustaba escribir mi nombre, yo quería ir al baño con mis amigas y no con los niños, pero la maestra no me dejaba. Hasta los 12 años en Yahoo Respuestas pregunté y mencioné cómo me sentía, había comentarios religiosos, esos los ignoré, pero alguien me dijo que era trans y después de años de negarlo e intentar ser niño y jugar fut, tener novia, cuando cumplí 16 que tuve el valor de decirlo a mis amigas. Mi vida podría haber cambiado muchísimo si hubiera tenido la información que tengo ahora, a los 12”.

La activista detalló que para poder realizar los tratamientos y trámites legales para el cambio de identidad sexo genérica, existen algunos filtros, el primero es una revisión psicológica antes de tomar la decisión y un seguimiento de vida para que las personas conozcan las consecuencias claras en caso de llevar a cabo el procedimiento.

En cuanto al tema de salud, la activista mencionó que ningún menor de 16 años debe hacerse una transición de cambio de sexo, pues antes de esta edad el cuerpo no tiene la capacidad de recibir las hormonas que generan estos tratamientos, por lo que, resaltó, es necesario el uso del bloqueador hormonal para tener tiempo de decidir, en caso de hacerlo a los 16 con permiso de los padres y después de los 18 de manera libre.

“Es por etapas, como nosotros usamos las etapas tanner, que son el desarrollo sexual del cuerpo, en la segunda etapa empiezan el crecimiento secundario: en las mujeres el crecimiento de senos y en los hombres el crecimiento de vello.

En el tanner tres y cuatro es cuando hay un cambio significativo, a los 12 años LO que sí se puede usar son los bloqueadores hormonales porque te da tiempo de decidir cómo llevarás tu vida y a los 18 años hacerlo”.

 

EL AVANCE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS EN SLP

 

El 17 de mayo del 2019, Día Mundial contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, el Registro Civil en San Luis Potosí modificó su reglamento y ahora cualquier persona goza de la posibilidad de hacer la corrección legal de su identidad sexo genérica. Un día antes también se aprobó el matrimonio igualitario en todo el estado.

Vanessa Hernández, activista de San Luis Potosí, fue una de las primeras personas en San Luis Potosí, que gracias a ese decreto pudo solicitar la corrección de su identidad sexo genérica en su acta de nacimiento.

Una de las desventajas del proceso es que es nuevo y tiene ciertas fallas, por lo que se tienen que implementar protocolos para que sea más ágil, otras de las dificultades es hacer el cambio de identidad en otros documentos importantes como certificados de estudio.

A partir del 13 de julio de 2021, San Luis Potosí se convirtió en la tercera entidad del país en otorgar terapia de reemplazo hormonal de forma gratuita para las personas trans que no cuentan con seguridad social, con ello se ampliará su esperanza de vida, pues existen muchos casos en los que por falta de recursos no pueden acceder a un tratamiento de este tipo y que recurren a automedicarse.

La mayoría de las personas trans, alrededor de un 70 por ciento, tiene una esperanza de vida de 35 a 40 años debido a la automedicación temprana, pues además no todas las personas son candidatas a recibir una terapia, por lo que es importante tener la atención médica gratuita para tener un contexto más amplio acerca del sus cuerpo y sus necesidades, pues automedicarse puede tener consecuencias como trombosis, daños hepático, hígado graso o daños en la hipófisis por un mal manejo de los estrógenos.

 

LA INICIATIVA EN CDMX

 

Activistas y expertes en derechos humanos vieron en la propuesta de la diputada panista una posible vía para criminalizar la diversidad de las infancias diversas y coartar su identidad de género. La propuesta ha causado tanta indignación que colectivos se manifestaron a las afueras del Congreso de la Ciudad de México.

El Congreso suspendió su Sesión Ordinaria del martes ante la llegada de manifestantes a las afueras del recinto. Un grupo de activistas de la comunidad transgénero golpeó y pintó las puertas del Palacio Legislativo, también arrojó objetos y rompió los cristales del mismo, pues mencionaban que la propuesta de la diputada panista era discriminatoria.

La clínica Condesa, pionera en el país en el tratamiento para cambio de género, envió un comunicado en el que se detalla que es falso que en la Ciudad de México “se mutile el pene” de los niños trans, como asegura América Rangel y es irresponsable que diga que “se horminiza a más de mil menores”, pues la infancia y la juventud trans que atienden es en compañía de los padres que reciben un seguimiento relacionado con su identidad de género desde un abordaje paido-psiquiatrico y de género.

El Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México explicó, a través de sus redes sociales que la iniciativa es alarmista, discriminatoria y violatoria de los derechos de la niñez; agregó que es una propuesta violatoria de derechos y contraria al interés superior de la niñez, suponiendo que las niñas y los niños no merecen el reconocimiento de su identidad ni gozar del libre desarrollo de su personalidad.

Láurel Miranda, especialista en perspectiva de género y derechos humanos, explicó a Infobae que la transición es “única y exclusivamente” de la persona que la realiza, por lo que el continuar con estos discursos e iniciativas de desinformación podrían acarrear un serio retraso en materia de derechos humanos para estas poblaciones.

La activista dijo que la diputada América Rangel es últimamente conocida, ya no tanto por su labor legislativa, sino por sus escándalos mediáticos en contra de poblaciones de grupos vulnerados, llámese la población LGBT+ o racializada, pues la congresista manifestó su apoyo a la cadena de restaurantes del Sonora Grill a pesar de las muestras de racismo que estaban ocurriendo dentro de sus instalaciones.

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#4 Tiempos

Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.

Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.

Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?

La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.

Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.

Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.

En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.

Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.

Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.

¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.

Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?

Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos

.

Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.

Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.

Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.

Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.

Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.

El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.

Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?

A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.

Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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Ciudad

Galindo ve un ataque coordinado y responde: “Aquí están los documentos”

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El alcalde negó tener contratos con Gerardo Sánchez Zumaya y aseguró que las cuatro obras señaladas se asignaron mediante licitación pública

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos negó tener contratos con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Un reportaje de TV Azteca señaló cuatro obras como adjudicadas de forma directa a una empresa ligada a él. Galindo afirmó que se asignaron por licitación pública y que ya están concluidas.

“No tengo ningún contrato con Gerardo Sánchez, no tengo absolutamente ningún contrato”, dijo el alcalde. Sostuvo que no hay “una evidencia documental jurídica” que vincule al empresario con las obras.

El reportaje señaló que esas obras tienen observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Galindo respondió que las cuatro fueron auditadas por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ninguna tiene observaciones.

Según el alcalde, una de ellas pasó además por una auditoría forense, “la auditoría más fuerte que hay a nivel nacional”, y quedó “totalmente libre de observación”.

Galindo dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya hizo la aclaración ante la televisora. A su juicio, el documento en que se basa el reportaje “simplemente alguien lo filtró para allá, no se verificó”. Se comprometió a entregar este mismo viernes a los medios los números de las licitaciones, sus montos y las obras.

“Invítame, pero en el Congreso”

Para Galindo, el reportaje forma parte de un golpeteo. Dijo que llegó “despuesito” de que aclaró las licitaciones del puente Jacobo Payán. Después, según él, vinieron el IFSE, el diputado Luis Fernando Gámez Macías

, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde.

“No me siento perseguido, más bien siento que se alinean y dicen, ahora vas tú, organizan sistemáticamente el ataque del alcalde”, afirmó.

El 10 de noviembre, Serrano lo describió como alguien que “se ha declarado antigallardista”. Galindo lo invitó a debatir: “Lo considero todavía mi amigo (…) Invítame, pero en el Congreso”.

Gámez pidió que se entreguen los contratos. Galindo le respondió que el IFSE ya los tiene y que él mismo puede llevarlos al Pleno. También pidió a las demás bancadas, incluida la del PAN, que lo inviten a hablar de obras, licitaciones y auditorías. “Yo no tengo nada que ocultar”, dijo.

Galindo sostuvo que su respuesta no ha sido de ataque, sino de defensa con documentos: “Aquí está el contrato, aquí está el número, aquí está el monto, aquí está la observación, aquí no hay nada”.

TV Azteca le otorgó al Ayuntamiento el derecho de audiencia. Galindo prevé ejercerlo el lunes o el martes de la próxima semana.

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Chalita propuso eliminar impuesto sobre nómina para subir sueldos

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Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”

Por: Haniel Valdés

Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.

Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.

Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.

Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.

Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.

Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.

Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.

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