Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía

El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

La propuesta busca que autoridades y jueces eviten decisiones basadas en estereotipos por edad

Por: Redacción

En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Familiar del Estado y la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer la definición jurídica de la “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Explicó que la reforma daría identidad a ese concepto para dos fines: el proceso legislativo del Congreso del Estado y el diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo estatal, además de la resolución de controversias en materia familiar.

La perspectiva se define como un enfoque especializado, diferenciado e integral que exige situar a la persona adulta mayor en su contexto particular y evitar decisiones basadas en estereotipos por edad, reconociendo que el envejecimiento varía según factores económicos, sociales, culturales, de género, de salud y de redes de apoyo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos

En otras iniciativas, se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta del diputado Cesar Arturo Lara Rocha para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y garantizar a los menores el derecho a una vivienda digna. También se turnó a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable una iniciativa de la directora general de los Servicios de Salud del Estado para desincorporar seis inmuebles de esa dependencia y donarlos al IMSS-Bienestar.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios para transformar la atención municipal de un modelo asistencial a uno que incorpore atención psiquiátrica, turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales. También planteó incorporar el principio de paridad a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado, turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Se turnó a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, una iniciativa para crear Centros de Recuperación Animal dedicados a la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle. Y se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta de la diputada María Antonia Castro Castañeda para promover, desde la ley, la formación en valores democráticos y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Por separado, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobierno, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Campeche, así como al Gobierno Federal, a garantizar los derechos humanos, la seguridad y la paz social en el país. Se turnó a la Comisión Primera de Justicia.

La próxima sesión de la Diputación Permanente será el lunes 24 de agosto, a las 8:00 horas, en el Salón Ponciano Arriaga Leija.

También lee: Diputada habla de “respeto al proceso” después de que su hijo consiguió amparo