García Cázares respondió así a los señalamientos por privilegios en el caso del padre del alcalde de Cerro de San Pedro

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado, dijo no tener conocimiento de alguna denuncia contra J. Santos “N”, padre del alcalde de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, señalado en redes sociales por una agresión contra una mujer.

El pasado 3 de julio, J. Santos “N” fue detenido por una agresión contra una mujer identificada como Mayra “N”, pero recuperó su libertad horas después. Existen dos carpetas de investigación previas en su contra, abiertas en 2019 y 2020 por hechos similares, de acuerdo con una investigación publicada por La Orquesta el 27 de julio.

Cuestionada sobre el caso y sobre versiones que apuntan a un uso de influencias políticas para evitar que se le aplicara la ley, García Cázares dijo no tener conocimiento del asunto ni registro de una denuncia presentada, aunque aseguró que, de existir, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

La respuesta de la fiscal contrasta con la que dio dos días antes J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, quien afirmó que ningún parentesco con un funcionario exime de responsabilidad penal y que ese vínculo “no le da cobija de impunidad absolutamente a nadie”.

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La Fiscalía, al servicio de la sociedad, ejecutó un mandato judicial que derivó en el aseguramiento de narcóticos, documentación y otros objetos relacionados con una carpeta de investigación por delitos contra la salud

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Guardia Civil Estatal, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Matehuala, como parte de una investigación por probables delitos contra la salud.

Durante la diligencia fueron asegurados más de 500 envoltorios con sustancias que, en apariencia, corresponden a distintos tipos de droga, así como información documental que permitirá fortalecer y avanzar en la investigación. El inmueble también quedó asegurado por disposición de la autoridad judicial.

Todos los indicios fueron embalados bajo cadena de custodia y trasladados a la bodega de evidencias de la Delegación Segunda de la FGESLP, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público

La FGESLP investiga cada uno de los hechos de los que tiene conocimiento mediante la integración de las carpetas de investigación. Para ello, las y los agentes del Ministerio Público reúnen y analizan los datos de prueba aportados por la Policía de Investigación (PDI) y los Peritos de la Vicefiscalía Científica, con el propósito de fortalecer las indagatorias y, en su momento, ejercer la acción penal para llevar ante la justicia a las personas presuntamente responsables de conductas que afectan a la sociedad.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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El secretario de seguridad reconoce que prófugos radicados en otros estados generan dificultades operativas inmediatas, aunque relativiza la magnitud del problema al invocar factores de salud mental.

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad pública del Estado reconoció que órdenes de captura contra personas prófugas residentes en otras entidades ralentizan la capacidad de respuesta inmediata del estado. Esa condición trasnacional genera limitaciones jurisdiccionales que impiden operativos rápidos, aunque el funcionario indicó que esto no releva de responsabilidad estatal en materia de seguridad.

Ante cuestionamientos sobre avances en investigaciones de casos críticos, el secretario explicó que la información que comparte respeta límites jurídicos estrictos. “No podemos dar información confidencial porque luego la Fiscalía reclama“, expresó, aludiendo al riesgo legal de exponer detalles de investigaciones en proceso.

Confirmó que evaluaciones internas indican que varios prófugos están alojados en otra entidad y provienen de otra jurisdicción. “Tendríamos que trasladarnos a otro estado”, señaló, lo que ralentizan respuestas inmediatas. Sin embargo, relativizó el problema al introducir un factor adicional: “El problema es de salud psicotóxica”. No especificó a qué se refiere exactamente ni cuántos casos involucra este factor.

En paralelo, el secretario reportó que en la zona de La Pila se mantiene patrullaje intensificado, especialmente en madrugadas, con bases operativas móviles interinstitucionales. Afirmó que la estrategia genera “contención” del delito, aunque reconoció que requiere equilibrio para no descuidar otras zonas del estado.

El secretario no cuantificó cuántos prófugos están en otras entidades ni proporcionó datos sobre el componente de salud mental que menciona. Tampoco aclaró si la dificultad jurisdiccional afecta a decenas o a unos pocos casos específicos.

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