Se busca que las campañas de gobernador, alcaldes y diputados duren lo mismo, tiempo en el que se celebrarían los debates correspondientes

Por: Redacción

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral para que las campañas electorales para la gubernatura del estado, así como para las diputaciones y ayuntamientos, tengan una duración de 45 días.

Asimismo, señala que en materia de debates, es obligatoria la realización de por lo menos dos entre todos los candidatos o candidatas a la Gubernatura del Estado, y uno entre los candidatos o candidatas por cada distrito.

La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece actualmente una duración diferenciada de las campañas electorales: 60 días para la elección de la Gubernatura y 40 días para diputaciones y ayuntamientos. 

La congresista explicó que la iniciativa parte de una premisa constitucionalmente valida: la eficacia democrática de una campaña no depende exclusivamente de su extensión temporal, sino de que el tiempo previsto sea suficiente, proporcional y funcional para cumplir sus fines constitucionales.

Añadió que la reforma privilegia calidad deliberativa sobre duración excesiva, optimización del gasto electoral y racionalidad institucional,

Esta iniciativa no invade atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues no modifica topes de gasto; fiscalización; financiamiento ni facultades administrativas del órgano electoral. La reforma incide exclusivamente en una definición legislativa sobre duración de campañas.

“No se trata de un argumento de reducción presupuestal, sino de racionalidad institucional. La duración de campañas debe ser suficiente para cumplir sus fines, sin extender temporalidades mayores a las necesarias”, puntualizó.

La propuesta se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

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Una iniciativa presentada en el Congreso local implicaría poner en manos del gobierno estatal el filtro definitivo para que cualquier aspirante pueda inscribirse, o no, al proceso electoral de 2027

Por: Redacción

Una iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés este martes ante el Congreso de San Luis Potosí busca obligar a todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— a aprobar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos, en el marco del proceso electoral rumbo a 2027.

La propuesta, añadida de último momento al orden del día, establece que ningún partido político podrá registrar candidaturas si los aspirantes no cuentan con una certificación de integridad y confiabilidad expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, trámite que cada interesado deberá gestionar por cuenta propia.

En contexto, el Centro de Evaluación, si bien es un organismo público desconcentrado, depende directamente de la Secretaría General de Gobierno del poder ejecutivo estatal. 

Las evaluaciones comprenderían pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y un análisis del entorno socioeconómico, similares a las que se aplican actualmente al personal de seguridad pública. La certificación se integraría como requisito obligatorio en el proceso de registro de candidaturas.

La iniciativa presenta además una limitación de fondo: la autoridad electoral únicamente verificaría la existencia del documento, sin facultades para revisar los resultados ni emitir juicio sobre la elegibilidad del aspirante, ya que los contenidos tendrían carácter confidencial. En la práctica, el filtro operaría sin que los órganos electorales puedan evaluar lo que arrojaron las pruebas.

El diputado Serrano Cortés sustentó la propuesta bajo el concepto de autodefensa constitucional, argumentando que el marco jurídico puede establecer condiciones para evitar la infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos. De aprobarse, la reforma entraría en vigor de inmediato tras su publicación, con un plazo de 90 días para que el Centro de Evaluación emita lineamientos y el CEEPAC ajuste su normativa rumbo al proceso electoral de 2027.

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Armando Navarro, titular del banco, explicó que estos recursos pueden servir para mejorar los municipios y generar empleos

Por: Redacción

Armando Navarro Tapia, titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), aseguró que “hay que perderle el miedo a la deuda pública” cuando se emplea de forma controlada para obras en beneficio de los municipios.

Explicó que es común que los ayuntamientos no cuenten directamente con el presupuesto requerido para poder efectuar esta clase de proyectos, por lo que recurren al financiamiento para concretarlos.

Recalcó que esto no siempre implica una mala práctica, sino que puede ser benéfico para los habitantes, ya que además de que se mejoran los municipios, también sirve para generar empleos directa o indirectamente.

Sin embargo, señaló que muchos alcaldes se niegan a solicitar estos fondos por temas políticos, ya que consideran que el hecho de recurrir a un préstamo los puede perjudicar en cuanto a su imagen pública.

Asimismo, indicó que entiende que la gente se muestre reacia a estos endeudamientos, puesto que muchas administraciones han recurrido a estos recursos de una manera negativa.

Resaltó que los alcaldes están obligados a dejar las finanzas limpias a la hora en que se acaba su gestión, pero no faltan quienes buscan heredar sus deudas a las administraciones entrantes.

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