APUNTES

 

Culto Público, hijos de la llave que no sabes si abrir o persignarte:

La UASLP, a través de su Grupo Universitario del Agua, presentó el lunes —con bata blanca, microscopio moral y tono de Moisés dictando las tablas de la Alianza— sus avances de la agenda hídrica 2025. Muy bien.

Dentro de los hallazgos de estos avances y actualizaciones científicas de sus estudios, alertaron que en al menos el 13% de más de 300 pozos que analizaron hay arsénico, fluoruro y hasta Uranio. (Sí, Uranio)

Treinta y nueve pozos. Traducido al español de a pie: hay zonas donde abrir la llave es jugarse la vida.

¿En cuáles zonas y en cuáles pozos? (No dijeron y al rato vuelvo al asunto)

El dato es grave. Gravísimo, y nadie aquí le regatea un milímetro a la ciencia ni a los académicos universitarios quienes la producen.

Pero la ciencia no opera en el vacío y la forma en que esto se da a conocer también es un mensaje, y este mensaje está envuelto en un paquete muy particular:

¿Quién fue el público receptor de semejantes y tan relevantes resultados?

Por mi cuenta, pregunté a la autoridad municipal de la capital si fue invitada y no, no fue invitada.

Pregunté al alcalde de Soledad, tampoco. Pregunté a la delegación de CONAGUA. Nada. Pregunté al titular de la CEA. Menos. Pregunté a la Comisión de Agua del poder legislativo, cero. Tampoco a los regidores. Es decir, ni un alma de las que podrían —al menos en teoría— hacer algo con esa relevante información.

¿Entonces? Una presentación cerrada, de élite académica o casi de logia masónica, pero con efecto y eco mediático calculado para que el mensaje explotara afuera como granada de fragmentación: “El agua de San Luis está envenenada”. (A los medios sí nos invitaron)

¿Qué hacer? Yo no sé Culto Público si llamar a los bomberos o a la Haya para presentar cargos por delitos de lesa humanidad contra todas las autoridades involucradas.

Claro, me contuve porque noté que los resultados se los entregaron entre ellos mismos, como quien se da su propio premio Nobel de la Paz.

A ver y ¿cuándo lo presentaron? Un día después del Día Mundial del Agua —correcto, la foto de calendario no falla— pero cuatro meses después de que cualquier autoridad pudiera haber empatado esos datos con sus presupuestos de egresos y proyectos.

Los presupuestos se aprueban en diciembre, no en marzo, y esto es como si el cardiólogo te diagnosticara el infarto… pero te diera la receta cuando las farmacias ya cerraron. (Aunque hay versiones que si hubo reuniones previas con la autoridad local)

En la misma presentación se supo que, para los universitarios, la norma mexicana vigente que usa la Secretaría de Salud federal para medir niveles seguros de agua potable, y que usa el Interapas, no es suficiente —y quizá tengan razón— pero tampoco han propuesto formalmente a esa dependencia que la modifique. Es decir: la norma no sirve, pero tampoco hacemos nada por cambiarla. Solo lo exhibimos.

Entonces la pregunta se aleja del campo científico y entra a la cancha política:

¿A quién beneficia un diagnóstico tan alarmante que sin embargo no se articula con quien puede recetar el tratamiento?

Porque el estudio golpea mediáticamente a INTERAPAS, que es el responsable directo del agua que llega a nuestras casas.

Golpea al alcalde Enrique Galindo, que carga con la operación cotidiana del sistema. Y —más silenciosamente, como quien mueve alfil sin hacer ruido— golpea al tablero electoral del 2027.

Esto no ocurre en el vacío ni sin antecedentes. Ocurre después de meses de fricción de la Universidad con el Congreso, de desencuentros con el gobierno del estado por recursos, de desplantes y comparecencias negadas.

Ocurre en el marco de una universidad que reclama autonomía pero que no rehúye al protagonismo inquisitorial cuando le conviene, de señalar a todos los que “lo hacen mal” —o en traducción sin filtros: a todos aquellos que no lo hacen como el águila manda.

Y en medio de todo, un dato que no es menor: el gobernador Ricardo Gallardo no solo cumplió con los adeudos del año pasado con la uni, sino que para 2026 elevó la aportación estatal a la institución por encima de lo aprobado originalmente y eso en la práctica política, son gestos que rara vez son gratuitos.

Mientras el estudio desgasta al municipio (porque parece que para eso estuvo diseñada la presentación) extrañamente el gobierno del estado sale ileso de la narrativa.

(El enemigo de mi enemigo —máxima más vieja que el agua misma— es mi amigo)

Mientras tanto, el rector Alejandro Zermeño juega su propia partida: a ratos víctima, a ratos confrontador, a ratos académico impecable y a ratos —cada vez más— intenta subir al ring político con sotana de científico y sin querer ser golpeado.

Porque exhibir no es lo mismo que solucionar. Alertar no es lo mismo que articular. Y tener razón no es lo mismo que tener responsabilidad.

¿A qué voy? Muy fácil: Si la UASLP sabe que hay pozos envenenados, ¿por qué no lo comunica directamente a CONAGUA –que es la autoridad competente- para que revise concesiones de los pozos y los cancele?

Y aquí vuelvo: ¿Por qué no dicen exactamente cuaáles pozos son los 39 que tienen agua tóxica? ¿Qué tal que son los que darán agua al DinoOasis Aqua Park?

¿También van a revisar esa agua? Digo porque yo ya me vi en la alberca de olas pero no quiero andar nadando en Uranio.

Otra cosa: ¿A quién beneficia que en una circunstancia hídrica como la que vive la Zona Metropolitana se clausuren 39 pozos? ¿A quién le va exigir agua la población?

¿Por qué no articular con los tres niveles de gobierno la situación antes de publicar resultados alarmistas en tono de nota roja para que los recoja la prensa?

¿Por qué la doctora Gabriela Palestino aseguró en un comunicado universitario que será “en el mediano plazo” que se articularán sus estudios con las autoridades de los tres niveles y harán mesas de trabajo? ¿No sería mejor hacerlas antes?

Porque así como se hizo, huele a política o más bien a grilla, y en la grilla, ya lo sabemos, se privilegia a quien defiende mejor su verdad en lugar de usar esa verdad para aportar en cambiar las cosas.

¿De qué nos sirve el dato alarmante, aceptado o no por las autoridades, si los estudios no trascienden a la Secretaría de Salud, Conagua, Cea, Interapas, San Luis, Soledad, Cerro de San Pedro y Pozos?

De qué sirve compartir el conocimiento encontrado entre los que lo encontraron…

Mire, Culto Público, algo no me cuadra y yo no voy lo a afirmar todavía, pero lo dejo sobre la mesa ¿Está buscando el rector algo más que incidir en la agenda hídrica? (Como por ejemplo desgastar a los enemigos de tu nuevo amigo)

¿No estará Zermeño Guerra buscando boleta?

Me atrevo a decirlo porque al menos dos personas me han soltado la versión de una reunión hace unas semanas en la que se le “deslizó” al oftalmólogo esa posibilidad.

Si encuentro mayores datos, se los “deslizo” el lunes.

Mientras tanto, me pregunto e imagino cuál sería el slogan de campaña a la capital por parte del doctor Zermeño.

A mí no se me ocurre nada, pero seguro a alguna creativa estudiante de medicina se le podría ocurrir alguna variante de aquella famosa cartulina que lo mismo defendió que hundió al rector en los tiempos de crisis. ¿Si saben cuál, verdad?

De remate un par de apuntes que no quiero dejar en el tintero:

Ignorante como soy, no sabía que para opinar sobre la UASLP hacía falta ser egresado de la misma y además presentar acta de nacimiento potosina. (Bendito sea Dios yo tengo ambas)

Pero lo menciono porque eso fue exactamente lo que sugirió el rector al referirse al diputado Héctor Serrano, quien —ojo al dato— ni siquiera afirmó que la universidad debería recortar las pensiones millonarias de los ex rectores y funcionarios.

Lo que declaró fue que al menos las dieran a conocer, junto con los sueldos actuales de los altos mandos. Es decir, pidió transparencia, no recortes.

La respuesta del rector a través de una reportera, fue querer darle cátedra con guante blanco al legislador sobre la no retroactividad de la ley y demeritar su opinión (“hay que tomarlo de quien viene”) porque Serrano -según dijo Zermeño- no es egresado de la Universidad y tampoco es potosino. Tómala.

En lugar de verse elegante, el rector se vio reactivo y herido —como quien se defiende de algo de lo que nadie le atacó.

Y aquí va el bonus, Culto Público, porque a mí las ideas no me las detiene ni el punto final.

Es cierto: Zermeño no puede legalmente recortar ni un peso a las pensiones de ex rectores, ex funcionarios y hasta ex acosadores que no dan una sola clase, pero siguen cobrando como si dictaran cátedra desde la impunidad y la desvergüenza.

La ley no es retroactiva y eso no está a discusión.

Pero lo que sí puede hacer —y nadie se lo impide— es convocar a los ex rectores vivos y proponerles un acuerdo solidario: que por amor a la UASLP y en congruencia con la crisis financiera que todos conocen, renuncien voluntariamente a sus pensiones de privilegio y las ajusten a la realidad de las finanzas universitarias. Un gesto de grandeza institucional. Un acto de decencia magnánimo que no necesita reforma legal, solo voluntad.

Claro… para eso tendría que poder sentarlos en la misma mesa. Y es que según tengo entendido, el rector solo se habla con Jaime Valle. Con los demás ex rectores ya rompió lanzas, puentes y hasta el saludo… igual que con prácticamente todas las autoridades de los tres niveles.

Allá ellos. Y allá todos, porque Todos Somos la Uni…dicen.

Buen fin de semana y abran a la llave con fe.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Alejandro Zermeño respondió al cuestionamiento del diputado Héctor Serrano no con datos sobre las pensiones privilegiadas, sino que con tono de superioridad desestimó su crítica por “no ser universitario ni potosino” y le recuerda que la nueva ley que topa pensiones no puede aplicarse de forma retroactiva

Por: Redacción

Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, respondió con tono irónico a los señalamientos del diputado Héctor Serrano Cortés sobre el sistema de pensiones de la institución, minimizando sus críticas y defendiendo la legalidad de los beneficios otorgados en el pasado.

“Hay que tomar las cosas de quien viene”, soltó el rector, al referirse al legislador, de quien incluso puso en duda su vínculo con la entidad y con la propia universidad. “Que yo sepa, él no ha ingresado a nuestra universidad… es más, creo que no es ni potosino”, agregó.

Las declaraciones surgen luego de que Serrano Cortés cuestionara que la universidad no deba quedar fuera de la reforma nacional en materia de pensiones, al advertir que la autonomía universitaria no puede ser utilizada para evadir obligaciones en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, Zermeño Guerra defendió el modelo vigente en la UASLP, asegurando que su sistema de pensiones ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública

como uno de los mejor estructurados a nivel nacional.

Además, subrayó que la universidad ha realizado cuatro modificaciones a su esquema de pensiones en los últimos años, y que desde 2021 o 2022 estos beneficios ya cuentan con topes, lo que —dijo— demuestra una evolución en su regulación.

En su respuesta, el rector también recurrió a un argumento legal para justificar las pensiones otorgadas en el pasado, incluyendo aquellas que han sido señaladas como elevadas.

“No soy abogado, probablemente esta persona que usted dice sí sea abogado muy versado en esto, pero yo no, pero entiendo que las leyes no son retroactivas… lo que están recibiendo los rectores en su momento era lo correcto”, expresó.

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La máxima casa de estudios del estado recibirá su presupuesto 2026 en pagos mensuales y contará con un recurso adicional al cierre del año

Por: Redacción

Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que el Gobierno del Estado ya tiene definido el esquema de financiamiento para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante este 2026, el cual contempla tanto el presupuesto ordinario como una ampliación de recursos hacia el cierre del año.

Explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso local se distribuirá en doceavas, es decir, en pagos mensuales iguales a lo largo del año, como parte del funcionamiento regular del gasto público.

“Lo que autoriza el Congreso se entrega en doceavas, que son 12 meses de pagos iguales”, detalló.

En este sentido, indicó que el monto base aprobado ronda los 300 millones de pesos, los cuales se ministran mensualmente a la institución educativa.

Además, García Vidal señaló que, tras gestiones realizadas con la Federación y con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un incremento cercano al 3% respecto al convenio anterior, lo que representa una bolsa adicional aproximada de 216 millones de pesos

.

Este recurso extraordinario será entregado durante el último trimestre del año, con el objetivo de apoyar a la universidad en compromisos financieros más elevados, como el pago de prestaciones de fin de año.

“El recurso adicional se va a aplicar en el último trimestre para apoyar en temas como aguinaldos, donde los montos son más fuertes”, explicó.

La funcionaria agregó que este esquema fue acordado directamente con el rector Alejandro Zermeño Guerra, con quien —aseguró— existe coordinación y consenso sobre la forma en que se entregarán los recursos.

Asimismo, destacó que, a diferencia del año anterior, en esta ocasión se logró una mejor coordinación con la Federación, particularmente con la Secretaría de Educación Pública, para garantizar la participación conjunta en el financiamiento de la universidad.

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