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Garza y Castillo Celestino; ¿ancla o motor para resolver el caso Cayeyo?
El lunes se llevó a cabo la octava audiencia en contra del Cayeyo Jr, donde rindieron su declaración el Fiscal General y el titular de la Policía Ministerial de SLP
Por: María José Puente Zavala
Este lunes, durante la octava audiencia que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado siguen en contra del Cayeyo Jr; tanto Federico Garza Herrera, como José Guadalupe Castillo Celestino fueron despachados por la defensa del acusado; es decir, no serán parte de un nuevo interrogatorio durante las jornadas que corresponden al equipo de abogados que busca lograr la pena mínima para el presunto homicida.
Previamente, entre el jueves y viernes pasado, ambos funcionarios declararon ante el tribunal a cargo del proceso, pues el imputado les involucró de manera directa durante la madrugada del 5 de mayo, minutos después de dispararle a su víctima.
Castillo Celestino: “El Cayeyo intentó escapar”
Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el exclusivo residencial Campestre.
En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.
Al arribo de su subordinado, Garza Herrera habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.
Posteriormente, aseguró Castillo, fue el propio Garza Herrera quien lo condujo al domicilio que albergaba la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar a la escena del crimen.
Los tropiezos del encargado de la Policía Ministerial comenzaron con la avalancha interrogativa de la defensa.
Profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar severas fallas en el protocolo para identificar, recorrer y procesar la escena del crimen, y de paso estableció que la relación del procurador general con el caso habría terminado por entorpecerlo.
En un intento desesperado por bajar la guardia de la defensa, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres, quienes denunciaron haber sido llevadas a la fuerza a un motel.
Hacia el cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la detención del acusado.
En dicho episodio, narró el encargado de la Policía Ministerial que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó tres forcejeos que le dejaron marcas en los antebrazos.
Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con el titular de la Policía Ministerial, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público; sin embargo, pasadas las seis de la mañana, la investigación por el homicidio de su amigo había quedado formalmente abierta.
Garza: entre la espada y la pared
Minutos después de dispararle a su compañero de fiesta; El Cayeyo Jr hizo una llamada al 911 para confesar el crimen y posteriormente tomó la decisión de dirigirse al domicilio de uno de sus vecinos: Federico Garza Herrera, entonces procurador general de Justicia en el estado.
Según la versión del funcionario, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a José Guadalupe Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.
Durante el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre el criterio que le condujo a llamar a un policía y no a una ambulancia; sin embargo, el abogado de 60 años de edad insistió en que lo consideró la medida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.
edida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.
El funcionario estatal, además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, toda vez que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija.
Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.
Tanto la defensa del tirador como la representación social, constituida por los agentes del Ministerio Público y los asesores legales de la familia de la víctima, demostraron deferencia en el trato con el fiscal durante sus respectivas rondas de preguntas, otorgando, incluso, licencias para ampliar sus argumentos, un detalle no observado con otros testigos a quienes se cuestionó con aspereza.
De esta forma, en el aire quedaron preguntas para el fiscal, tales como:
¿Por qué no detuvo al acusado cuando tuvo conocimiento de que había cometido un delito?; o ¿Por qué no se excusó de conocer el expediente?; o ¿Por qué no explicó su relación, tanto con la víctima como con el victimario en su primera entrevista con el Ministerio Público?
Ante la determinación de la defensa para liberar, tanto al fiscal como al titular de la Policía Ministerial, estos (u otros) cuestionamientos no volverán a ser planteados, aunque su exposición en un primer momento los convirtió en objeto de la evaluación del tribunal, hacia el dictamen de la sentencia.
El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
impulsada en el Congreso local. Para Galindo, el riesgo no está únicamente en las sanciones previstas por la ley, sino en la posibilidad de que el poder político pretenda determinar quién tiene legitimidad para informar, opinar o cuestionar.
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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Se cerró temporalmente el principal aeropuerto del país
Por: Roberto Mendoza
Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas tras los dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informaron autoridades del país, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y zonas severamente afectadas.
Los movimientos telúricos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en la región costera de Carabobo, provocaron daños considerables en Caracas y el estado de La Guaira, considerado uno de los puntos más golpeados por la emergencia. Decenas de inmuebles sufrieron derrumbes parciales o totales, lo que obligó a intensificar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó además más de 30 réplicas
durante las horas posteriores al desastre, mientras que las autoridades suspendieron operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y declararon el estado de emergencia en las zonas afectadas.
El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo extraordinario de 200 millones de dólares para atender la reconstrucción de infraestructura estratégica, hospitales y vialidades, aunque organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas podrían superar los 10 mil millones de dólares debido a la magnitud de los daños.
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Ciudadanos de Haití, Ecuador, Colombia, España y Estados Unidos, junto con visitantes de Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale, asisten a los eventos mundialistas en la Plaza del Carmen
Por: Redacción
Los eventos organizados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí para ver los partidos de la selección mexicana atrajeron visitantes de al menos cinco países y de varios municipios del interior del estado, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
Además de ciudadanos haitianos, el alcalde confirmó la presencia de ecuadorianos, colombianos, españoles y norteamericanos. Del estado, señaló que llegó un camión de Rioverde
y asistentes de Ciudad Valles, Tamazunchale, alrededores de Villa de Reyes y Santa María del Río.
Galindo Ceballos destacó la numerosa asistencia de adultos mayores y confirmó que la dirección municipal de atención a personas con discapacidad está presente en el evento para apoyar a quienes lo requieran.
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