julio 26, 2026

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Seguridad

Galindo apuesta por policías bien entrenados y cercanos a la gente

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En la Plaza de Armas, el alcalde encabezó el inicio de la formación de 130 cadetes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Capital

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de la formación de la Cuarta Generación de Policías de Proximidad de San Luis Capital, integrada por 130 cadetes que se prepararán durante los próximos seis meses bajo un modelo de seguridad ciudadana basado en la cercanía con la población, con oficiales sensibles y bien entrenados en la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.

El presidente municipal destacó que la seguridad pública exige instituciones sólidas, profesionales y con capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Señaló que San Luis Capital ha apostado por una policía mejor preparada, presente en las calles y con una visión humana del servicio público, capaz de actuar con disciplina, criterio, sensibilidad y cercanía con las personas.

El arranque de esta nueva generación contó con la participación de Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Elías Ruíz Aldaco, coordinador del 40/o Batallón de la Guardia Nacional; Mónica Heredia Sáinz, Presidenta del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Alejandro Chavarría Santos, Director del Instituto de Profesionalización Policial, así como integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, lo que reafirma que el modelo de seguridad impulsado por el alcalde Enrique Galindo se construye con profesionalización, coordinación institucional y participación activa de la sociedad.

“Vivimos tiempos complejos que demandan instituciones sólidas. La ciudadanía necesita una policía que esté presente, que trabaje todos los días por su seguridad, con elementos bien entrenados y capacitados, pero también sensibles, con criterio y capacidad para entender a las personas”, expresó el alcalde Enrique Galindo, al subrayar que la profesionalización policial es uno de los pilares de su estrategia de seguridad.

Galindo Ceballos resaltó que, durante los últimos cuatro años, se han incorporado 350 nuevos policías

a la corporación municipal, lo que ha permitido fortalecer la capacidad operativa, la presencia territorial y la atención directa a la ciudadanía. Además, reconoció la incorporación de dos cadetes con discapacidad visual, hecho que calificó como un avance significativo para construir una institución más incluyente, humana y abierta a nuevas oportunidades.

“Su incorporación nos coloca a la vanguardia en la atención y apertura de oportunidades para las personas con discapacidad. Es una muestra de que estamos construyendo una institución más incluyente y humana, enviando un mensaje positivo a todo México”, afirmó el presidente municipal, al destacar que la seguridad también debe construirse desde la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de todas las personas.

Durante su preparación en el Instituto de Profesionalización Policial, las y los cadetes desarrollarán competencias para la resolución de conflictos, la toma de decisiones bajo presión, la atención ciudadana, la proximidad social y la construcción de entornos más seguros mediante el diálogo, la empatía y la participación comunitaria.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que esta nueva generación refrenda el compromiso del Gobierno de la Capital con una corporación profesional, preparada y sensible a las necesidades sociales. Añadió que la formación de policías de proximidad fortalece el modelo municipal de seguridad, orientado no solo a reaccionar ante los delitos, sino a prevenirlos y atender sus causas desde la comunidad.

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Ciudad

Policía Vial implementará operativo por la Caravana del Orgullo LGBTTTIQ+ este sábado

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Se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales y temporales durante el desarrollo del recorrido

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, informa que este sábado 25 de julio se implementará un operativo especial de seguridad vial con motivo de la XIV Caravana por el Orgullo LGBTTTIQ+, con el propósito de brindar protección a las y los participantes, garantizar el orden en la movilidad y agilizar la circulación en vialidades alternas.

El contingente iniciará su concentración a partir de las 15:00 horas en la Glorieta Francisco González Bocanegra y la caravana dará inicio a las 16:00 horas. El recorrido partirá de ese punto para incorporarse a la avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, avanzando hasta Plaza de Fundadores y concluyendo en Plaza del Carmen.

Para la cobertura del dispositivo se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales y temporales durante el desarrollo del recorrido

. El personal de Policía Vial realizará abanderamiento, control de cruceros y canalización del tránsito para reducir afectaciones a la movilidad.

Se exhorta a las y los automovilistas a anticipar sus traslados, atender en todo momento las indicaciones del personal de Policía Vial y utilizar vías alternas como avenida Salvador Nava Martínez, avenida Cuauhtémoc, Himno Nacional, Nicolás Zapata y Mariano Arista. Al concluir el paso de la caravana, la circulación vehicular se restablecerá de manera escalonada sobre la avenida Venustiano Carranza.

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Estado

Brigadistas forestales piden mejores vehículos para acudir a incendios en SLP

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Oscar Infante Muñoz, integrante de una brigada de la Comisión Nacional Forestal, señaló que el traslado en camionetas de carga representa una dificultad para el personal que combate incendios en distintos puntos del estado

Por: Redacción

Combatir incendios forestales implica enfrentar altas temperaturas, terrenos complicados y el riesgo permanente de quedar atrapado por el fuego. Sin embargo, para los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), uno de los retos comienza incluso antes de llegar a la emergencia: el transporte.

Oscar Infante Muñoz, brigadista forestal con siete años de experiencia, señaló que una de las principales necesidades de las brigadas es contar con vehículos adecuados para trasladar a todo el personal de forma segura hacia las zonas de combate.

Explicó que actualmente se movilizan en camionetas de carga sencilla, donde parte de los integrantes debe viajar en la parte trasera durante recorridos que en ocasiones son de varias horas.

Nos gustaría más equipo, un vehículo mejor para salir y que todos los compañeros fueran adentro, porque nosotros nos transportamos en vehículos de carga sencilla; unos van afuera y otros adentro”, comentó.

Infante Muñoz indicó que la labor de un brigadista exige responsabilidad, disciplina y preparación constante debido a los riesgos que representa enfrentar incendios forestales

, por lo que reciben capacitación básica al ingresar y posteriormente cursos especializados en seguridad y manejo de incidentes.

El combatiente recordó que uno de los incendios más complicados en los que ha participado ocurrió hace dos años en Matehuala, donde un operativo que inicialmente estaba previsto para durar unos días se extendió durante dos semanas debido a la rápida propagación del fuego.

Aseguró que en aquella ocasión el peligro fue tal que su brigada estuvo a punto de quedar atrapada entre las llamas y tuvo que ser auxiliada mediante un helicóptero tras refugiarse en una zona elevada.

Las brigadas forestales de la Conafor atienden incendios en diversas regiones de San Luis Potosí durante la temporada crítica, labor que requiere no sólo capacitación y experiencia, sino también condiciones adecuadas de equipamiento y movilidad para reducir los riesgos durante las operaciones.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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