Seguridad
FGR cateó tres inmuebles en la Nuevo Progreso
La semana pasada, elementos del Ministerio Público fueron agredidos en el lugar mientras realizaban una investigación
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, ejecutó una orden de cateo otorgada por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El Ministerio Público Federal, con apoyo de personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y Servicios Periciales de esta institución, realizó el cateo en los tres inmuebles, ubicados en colonia Nuevo Progreso de San Luis Potosí, lugar en donde fueron agredidos elementos de la FGR mientras realizaban una investigación en la zona y lograron asegurar a 5 delincuentes, entre ellos “el Nicho”, líder regional de una célula criminal.
En el primer inmueble aseguraron dos armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; un arma corta del uso exclusivo; 10 casquillos percutidos calibre .223 mm; cuatro casquillos percutidos calibre .9mm; un arma de fuego larga, tipo escopeta calibre 9 x 19 con un cargador desabastecido; un arma de fuego larga tipo carabina calibre .223 con cargador abastecido con cinco cartuchos útiles; cuatro radios comunicadores y tres bolsas de material sintético con sustancia granulada cristalina.
Además de seis teléfonos celulares; un porta cargador con capacidad para almacenar tres cargadores, tres cargadores para arma larga, calibre .223, mismos que se encuentran desabastecidos; dos cargadores para arma larga calibre 7.62 x 39 mm, abastecidos, el primero de ellos con 27 cartuchos útiles y el segundo con 30, que dieron un total de 57 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm; tres cartuchos útiles calibre .45 mm; un arma de fuego larga, tipo carabina, calibre .223, la cual cuenta con cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles; un arma de fuego larga, tipo fusil, calibre .308 WIN y un arma de fuego larga, tipo carabina, calibre .223.
En el segundo inmueble se encontraron seis teléfonos celulares de diferentes marcas; una bolsa de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína y una identificación del INE.
En el tercer inmueble se aseguraron dos chalecos balísticos, color negro con dos cargadores; dos cargadores para arma larga calibre .223, abastecidos con cartuchos útiles, el primero con 17 y el segundo con 29 municiones, lo que dio un total de 46 cartuchos; una licencia de conducir del estado de Guerrero, así como una tarjeta bancaria; una caja de cartón la cual en su interior contenía 20 cartuchos útiles calibre .45 AUTO; así como otra caja de cartón con la leyenda “9mm Luger”, la cual almacena en su interior 25 cartuchos útiles calibre 9 mm, cuatro cartuchos útiles calibre .223 y un cartucho útil calibre 7.62 x 39 mm.
Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien integra la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los delitos.
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Oscar Infante Muñoz, integrante de una brigada de la Comisión Nacional Forestal, señaló que el traslado en camionetas de carga representa una dificultad para el personal que combate incendios en distintos puntos del estado
Por: Redacción
Combatir incendios forestales implica enfrentar altas temperaturas, terrenos complicados y el riesgo permanente de quedar atrapado por el fuego. Sin embargo, para los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), uno de los retos comienza incluso antes de llegar a la emergencia: el transporte.
Oscar Infante Muñoz, brigadista forestal con siete años de experiencia, señaló que una de las principales necesidades de las brigadas es contar con vehículos adecuados para trasladar a todo el personal de forma segura hacia las zonas de combate.
Explicó que actualmente se movilizan en camionetas de carga sencilla, donde parte de los integrantes debe viajar en la parte trasera durante recorridos que en ocasiones son de varias horas.
“Nos gustaría más equipo, un vehículo mejor para salir y que todos los compañeros fueran adentro, porque nosotros nos transportamos en vehículos de carga sencilla; unos van afuera y otros adentro”, comentó.
Infante Muñoz indicó que la labor de un brigadista exige responsabilidad, disciplina y preparación constante debido a los riesgos que representa enfrentar incendios forestales
El combatiente recordó que uno de los incendios más complicados en los que ha participado ocurrió hace dos años en Matehuala, donde un operativo que inicialmente estaba previsto para durar unos días se extendió durante dos semanas debido a la rápida propagación del fuego.
Aseguró que en aquella ocasión el peligro fue tal que su brigada estuvo a punto de quedar atrapada entre las llamas y tuvo que ser auxiliada mediante un helicóptero tras refugiarse en una zona elevada.
Las brigadas forestales de la Conafor atienden incendios en diversas regiones de San Luis Potosí durante la temporada crítica, labor que requiere no sólo capacitación y experiencia, sino también condiciones adecuadas de equipamiento y movilidad para reducir los riesgos durante las operaciones.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El predio se ubica sobre Circuito Potosí, a la altura de San Juanico el Grande; en el operativo participaron la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil Estatal
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de alrededor de 174 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en un predio ubicado al norte de la capital potosina, sobre Circuito Potosí, a la altura de la localidad de San Juanico el Grande.
De acuerdo con la dependencia, el hallazgo derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el ingreso y salida frecuente de pipas y carrotanques en el inmueble, utilizado presuntamente para cargar y descargar combustible.
La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del Ministerio Público Federal, encabezó el operativo conjunto con la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal
En el lugar se localizaron una pipa con 27 mil litros de diésel, dos tractocamiones con tanques de 63,500 y 67,000 litros del mismo combustible, un depósito horizontal con 16,500 litros adicionales, un tanque con 4,000 litros de urea, un módulo despachador y una bomba de doble manguera con el logo de Pemex, además de equipos de cómputo y documentación diversa.
Las autoridades también aseguraron 102 vehículos de distintas características —entre pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys— y el inmueble, que operaba aparentemente como oficinas. El caso continúa bajo investigación federal por posesión, comercialización y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
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