Seguridad
FGR cateó tres inmuebles en la Nuevo Progreso
La semana pasada, elementos del Ministerio Público fueron agredidos en el lugar mientras realizaban una investigación
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, ejecutó una orden de cateo otorgada por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El Ministerio Público Federal, con apoyo de personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y Servicios Periciales de esta institución, realizó el cateo en los tres inmuebles, ubicados en colonia Nuevo Progreso de San Luis Potosí, lugar en donde fueron agredidos elementos de la FGR mientras realizaban una investigación en la zona y lograron asegurar a 5 delincuentes, entre ellos “el Nicho”, líder regional de una célula criminal.
En el primer inmueble aseguraron dos armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; un arma corta del uso exclusivo; 10 casquillos percutidos calibre .223 mm; cuatro casquillos percutidos calibre .9mm; un arma de fuego larga, tipo escopeta calibre 9 x 19 con un cargador desabastecido; un arma de fuego larga tipo carabina calibre .223 con cargador abastecido con cinco cartuchos útiles; cuatro radios comunicadores y tres bolsas de material sintético con sustancia granulada cristalina.
Además de seis teléfonos celulares; un porta cargador con capacidad para almacenar tres cargadores, tres cargadores para arma larga, calibre .223, mismos que se encuentran desabastecidos; dos cargadores para arma larga calibre 7.62 x 39 mm, abastecidos, el primero de ellos con 27 cartuchos útiles y el segundo con 30, que dieron un total de 57 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm; tres cartuchos útiles calibre .45 mm; un arma de fuego larga, tipo carabina, calibre .223, la cual cuenta con cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles; un arma de fuego larga, tipo fusil, calibre .308 WIN y un arma de fuego larga, tipo carabina, calibre .223.
En el segundo inmueble se encontraron seis teléfonos celulares de diferentes marcas; una bolsa de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína y una identificación del INE.
En el tercer inmueble se aseguraron dos chalecos balísticos, color negro con dos cargadores; dos cargadores para arma larga calibre .223, abastecidos con cartuchos útiles, el primero con 17 y el segundo con 29 municiones, lo que dio un total de 46 cartuchos; una licencia de conducir del estado de Guerrero, así como una tarjeta bancaria; una caja de cartón la cual en su interior contenía 20 cartuchos útiles calibre .45 AUTO; así como otra caja de cartón con la leyenda “9mm Luger”, la cual almacena en su interior 25 cartuchos útiles calibre 9 mm, cuatro cartuchos útiles calibre .223 y un cartucho útil calibre 7.62 x 39 mm.
Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien integra la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los delitos.
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El secretario Ruiz Contreras destacó que cuentan con 11 a 16 cámaras en promedio; la última detención fue de un joven con dos iPads en la zona norte de la capital
Por: Redacción
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPCE) dio a conocer que esta semana desarticularon cinco redes de video vigilancia empleadas para monitoreo de actividades de seguridad, y presuntamente instaladas por grupos criminales.
El secretario de Seguridad estatal dijo que en promedio desactivan cinco de estas redes por semana, que cuentan con un estimado de once a dieciséis cámaras.
Una de las últimas detenciones efectuadas por estos hechos, ocurrió en la zona norte de la capital potosina, donde un joven fue sorprendido con dos iPads
“Toda la parte del sector norte de la ciudad; Peñasco, la Tercera Grandes, Tercera Chica, Rinconada, Aeropuerto, la carretera 57. Desde ahí monitoreaba los pasos o las actividades tanto de sus compañeros como de nosotros (la SSPCE)”, explicó.
Ruiz Contreras mencionó que estas instalaciones forman parte de un modus operandi de los grupos delictivos, que les permite tener visualización de las actividades de seguridad efectuadas por las fuerzas del orden.
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Los alumnos y personal del plantel enfrentan cargos por lesiones y otros delitos
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) imputó a los menores involucrados en el caso de agresión escolar ocurrido en la Telesecundaria “Plan de Ayala” de Rioverde, donde un estudiante fue sometido, atado y amenazado por sus compañeros dentro del aula.
María Manuela García Cázares, titular de la FGESLP, confirmó que cinco personas han sido señaladas en la investigación, incluyendo a estudiantes y personal del plantel. “Hay algunos niños imputados, así como gente del plantel académico”, declaró.
Los implicados enfrentarán cargos por lesiones y otros delitos y están sujetos a proceso.
El hecho fue denunciado en redes sociales, donde a través de grabaciones, se observa a un alumno atado de manos y pies con cinta canela, además de estar amordazado. Mientras dos estudiantes vigilan la puerta, otro graba y uno más dirige la agresión, amenazando a la víctima con tomar orina y con unas tijeras para que penetre su ano.
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La fiscal de SLP dijo que la reparación total por daño al erario asciende a 14 millones de pesos
Por: Redacción
Rolando “N”, exdiputado del PAN, logró su liberación del Penal de La Pila tras pagar seis millones de pesos como parte de la reparación del daño al erario, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
“Ayer hubo una audiencia donde solamente se cambió la medida cautelar, obviamente a petición de la defensa. En este sentido, él pagó al Gobierno del Estado lo relativo a una parte de la reparación del daño por seis millones de pesos”, explicó la fiscal.
Aunque ahora enfrenta el proceso bajo arraigo domiciliario, García Cázares enfatizó que el caso no ha concluido, ya que el monto total de la reparación asciende a cerca de 14 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado lo acusa de irregularidades en el proyecto Red Metro durante la administración de Juan Manuel Carreras, señalando que su participación generó un daño al erario público.
Se le atribuye haber sido beneficiado con la adjudicación de contratos para trabajos de semaforización y cableado a través de una empresa de su propiedad. Estos contratos, que implicaban pagos entre 2020 y 2021, no habrían sido ejecutados conforme a lo pactado.
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