El diputado señaló que el Congreso está obligado legalmente a emitir un dictamen sobre la iniciativa ciudadana

Por: Redacción

La iniciativa ciudadana conocida como Ley Santi podría registrar avances definitivos en los próximos días, luego de que el diputado Héctor Serrano Cortés aseguró que el Congreso del Estado está obligado a emitir un dictamen antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

Cuestionado sobre el futuro de la propuesta, el legislador señaló que el trabajo actual de las comisiones consiste en definir el sentido en que será dictaminada la iniciativa, aunque dejó claro que el tema deberá r esolverse en las próximas semanas.

“Lo que nos obliga la Ley Santi es a dictaminarla.

Entonces, lo que estamos revisando es en qué sentido se va a dictaminar. Pero evidentemente vamos a cumplir; lo comentamos en la Jucopo y va a ser antes de que concluya este periodo”, declaró.

La llamada Ley Santi es una iniciativa impulsada por organizaciones civiles y activistas de movilidad desde 2024 que busca crear la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros, accesibles e incluyentes para toda la población.

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El diputado afirmó que se tiene un modelo de manejo del agua que “le hace mucho daño a la ciudad”

Por: Redacción

Al ser cuestionado sobre la actualidad del Interapas, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel aseguró que se trata de un organismo que quedado desfasado, argumentando que pierden el 50 por ciento del agua en sus redes y su eficiencia solo es del 40 por ciento.

El congresista recalcó que es un modelo de manejo del agua que “le hace mucho daño a la ciudad”, por lo que tendría que existir un cambio del modelo para parecerse más al que tienen ciudades como León, Tijuana y Monterrey.

Añadió que le parece que “el Interapas se ha quedado rebasado” desde un punto de vista técnico, señalando la urgencia de mejorar la repartición del sistema hídrico para poder abastecer a todos los puntos de la Zona Metropolitana.

Rosas indicó que “en Soledad está abandonado completamente el servicio“, poniendo el ejemplo de calles como San Felipe donde el drenaje lleva abierto desde hace un año y “las personas no le pueden ni bajar al baño“.

En cuanto a la tan anunciada separación del municipio soledense del organismo, el diputado comentó que no le compete a él hablar de plazos, y ellos en la Cámara solo están esperando que llegue la propuesta para poder estudiarla.

Afirmó que él no considera que la desincorporación esté siendo retenida por alguno de los ayuntamientos, sino que simplemente sigue siendo analizada en las respectivas instancias para poder llevarla a cabo.

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La diputada local llamó a pacientes afectados por la falta de servicios de salud a recurrir a mecanismos jurídicos para exigir atención de las instituciones públicas

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara urgió a los pacientes que enfrentan negativas o retrasos en la atención médica por parte de instituciones públicas a promover amparos y otras acciones legales para garantizar el acceso a los servicios de salud.

La legisladora sostuvo que las deficiencias en la atención médica han llegado a un punto que calificó como “indolencia” y “crueldad”, particularmente en casos de personas con discapacidad y pacientes que no reciben los tratamientos o servicios que requieren.

“Ya tienen que entrar a un esquema judicial para poder ampararse y exigirle al Gobierno Federal la atención médica”, afirmó.

Azuara señaló que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución y consideró que los ciudadanos deben recurrir a instancias legales cuando las instituciones incumplen con esa obligación

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La diputada mencionó como ejemplo el caso de una paciente de Ciudad Valles que, según dijo, enfrentó problemas para recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que consideró evidencia de las fallas que persisten en el sistema de salud.

Asimismo, recomendó a los afectados buscar acompañamiento jurídico e incluso solicitar apoyo a los ayuntamientos para impulsar los recursos legales necesarios.

La legisladora insistió en que corresponde a los gobiernos federal y estatal garantizar el acceso a los servicios médicos y demandó una respuesta a las quejas de pacientes que enfrentan obstáculos para recibir atención.

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