Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura

Por: Redacción

El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.

Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.

Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.

Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.

Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.

Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.

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La propuesta busca que la población reciba información clara sobre riesgos ambientales para protegerse

Por: Redacción

Luis Fernando Gámez Macías, diputado local, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí. Busca promover acciones de prevención y campañas de educación sobre los factores ambientales que puedan representar riesgos para la salud.

La reforma busca fortalecer la parte preventiva de la ley en información, comunicación de riesgos y coordinación institucional. La idea es que la información ambiental sirva también para prevenir enfermedades y proteger a los grupos más vulnerables.

La iniciativa plantea incorporar como facultad del Estado promover acciones de salud ambiental preventiva, para identificar, prevenir y comunicar riesgos para la salud asociados con factores ambientales.

También propone mecanismos de coordinación e intercambio de información con las autoridades ambientales, educativas, de protección civil, de agua y con los gobiernos municipales. Aplicarían cuando los datos disponibles permitan identificar condiciones ambientales de riesgo, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.

Además, plantea que el Estado promueva, junto con las autoridades educativas, acciones de información y prevención sobre salud ambiental en las comunidades escolares.

Gámez Macías señaló que, cuando existe información técnica sobre una condición ambiental que puede representar un riesgo para la salud, la población debe contar con información clara, accesible y oportuna para tomar medidas preventivas.

“Una política moderna de salud ambiental debe facilitar que la ciudadanía conozca los riesgos relacionados con factores como contaminación atmosférica, calidad del agua, exposición a sustancias contaminantes, temperaturas extremas u otros factores ambientales que puedan afectar su bienestar”, afirmó.

Agregó que esa información puede ser particularmente relevante para niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o alguna condición que aumente su vulnerabilidad.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado.

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El diputado del PAN señaló que las inconformidades en clínicas y hospitales federalizados reflejan problemas estructurales y cuestionó la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y las dificultades del IMSS-Bienestar

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió atender a la brevedad las demandas del personal médico de clínicas y hospitales federalizados, cuyas inconformidades han derivado en marchas y bloqueos pacíficos en distintas partes del país.

El legislador señaló que las condiciones del sistema de salud han generado malestar entre los trabajadores del sector y consideró que las protestas reflejan problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas

Guajardo Barrera sostuvo que las deficiencias en materia de salud no son recientes, pero afirmó que se han acentuado desde el inicio de la actual administración federal. Entre los cambios que cuestionó mencionó la desaparición del Seguro Popular

El diputado recordó que la Federación asumió la responsabilidad de la política pública de salud, mientras que los gobiernos estatales dejaron de operar hospitales y mantienen principalmente funciones relacionadas con la prevención.

Ante este escenario, consideró necesario revisar de manera integral las políticas públicas implementadas para mejorar el sector, así como conocer las condiciones actuales de los servicios médicos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

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