Los cuatro elementos de SLP fueron vinculados a proceso en Zacatecas por desaparición forzada

Por: Redacción

La investigación por la desaparición forzada y el hallazgo de siete cuerpos en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí podría pasar a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, tras la vinculación a proceso de los cuatro policías potosinos detenidos por su presunta participación en estos hechos.

Los elementos María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron arrestados el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano, cuando circulaban en una camioneta sin rótulos oficiales. Durante una inspección, policías estatales encontraron rastros de sangre en el vehículo, lo que los relacionó de inmediato con los siete cadáveres abandonados minutos antes en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, justo en la franja limítrofe con San Luis Potosí.

Camacho Osnaya informó que en la audiencia inicial —que se prolongó por casi 10 horas—, una jueza de Control determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Entre los indicios integrados en la carpeta de investigación se incluyen los estudios periciales realizados a los rastros hemáticos encontrados en la camioneta, los cuales coinciden genéticamente con uno de los siete cuerpos

El fiscal también confirmó que un predio del municipio potosino de Santo Domingo fue procesado como posible escena del crimen, debido a que ese mismo día se reportó la presencia de cuerpos en esa zona. Las autoridades investigan si ahí ocurrieron los homicidios, antes de que los cadáveres fueran abandonados en Zacatecas.

Sobre la posibilidad de que la FGR atraiga el caso, Camacho Osnaya señaló que existe la facultad legal para hacerlo, especialmente porque se trata de hechos que involucran a dos estados. Otro factor clave sería garantizar imparcialidad en la investigación, sobre todo para las familias de las víctimas; hasta ahora, solo dos de los siete cuerpos han sido identificados.

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Torres Sánchez aseguró que el estado mantiene “orden y gobernabilidad”

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), afirmó que San Luis Potosí cerró noviembre con uno de los meses más bajos en homicidios en los últimos años, registrando únicamente nueve casos frente a los 46 contabilizados en noviembre de 2024.

Torres Sánchez destacó que, a diferencia de entidades como Michoacán, Sinaloa, Guanajuato o Chiapas —donde las cifras de violencia siguen al alza—, en San Luis Potosí se ha logrado mantener “un comportamiento de mucho orden” gracias a la coordinación operativa entre los tres niveles de gobierno.

Según el funcionario, la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los municipios ha permitido realizar diagnósticos constantes y trabajar en el fortalecimiento de las policías locales. Además, recordó que el gobernador Ricardo Gallardo ha encabezado diversas reuniones de seguridad para revisar la situación en cada zona y reforzar estrategias.

En materia política, Torres Sánchez afirmó que la relación del Ejecutivo con los poderes del Estado y los partidos políticos se mantiene bajo un esquema de respeto y cooperación institucional. Esto será clave ante el escenario que se aproxima: la posible anticipación del inicio del proceso electoral por la reforma político-electoral, que podría arrancar en noviembre del próximo año.

“El objetivo es llegar a ese proceso con una ciudad ordenada, con gobernabilidad, comunicación con todos los sectores y una entidad transformada”, señaló el secretario, quien reiteró que la administración buscará mantener estabilidad rumbo al año electoral.

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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