Estado
En cuatro años, el homicidio en SLP creció 87%
El asesinato del agente de la Policía Federal Ministerial se suma a la larga lista de deudas en materia de seguridad que vive el estado
Por: Redacción
Ayer, Guillermo Alberto Pérez Moreno, encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, fue asesinado, víctima de un ataque armado ocurrido sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). De acuerdo con los primeros reportes, cerca del mediodía, el funcionario de 55 años de edad fue interceptado en la avenida Juárez por hombres armados quienes abrieron fuego en su contra.
El director de la Policía Ministerial del estado, José Guadalupe Castillo Celestino, declaró que Pérez Moreno sufrió tres disparos en el tórax por lo que fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a las heridas provocadas por el arma de fuego.
No se trata de un hecho aislado, ya que desde el primero de enero al 31 de julio de 2020 han asesinado a 337 personas en San Luis Potosí, es decir 1.58 a diarias, 90 muertos más que el año pasado en el mismo periodo, cuando se registraron 247 ejecuciones, 1.15 diarias, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
A nivel estatal, en 2015 fueron ejecutadas 241 personas, mientras que en 2019 asesinaron a 453, es decir se incrementaron un 87% por ciento respecto en el periodo de 4 años. En ese mismo periodo de tiempo, pero solo en la capital potosina, los asesinatos pasaron de 86 en 2015 y a 169 en 2019, con un 96% en el alza.
De septiembre de 2015, cuando comenzó el actual sexenio, a julio de 2020 se han suscitado 2 mil 090 homicidios dolosos. Durante ese primer año de la administración de Juan Manuel Carreras fueron 86, para 2016 ocurrieron 306 y a partir de ese año hubo un incremento significativo con 451 asesinatos en 2017, 457 en 2018; durante 2019 llegaron a 453 y en lo que va del 2020 son 337. Un total de 1.14 personas ejecutadas diariamente.
Por su parte, en la capital potosina, durante la gestión del alcalde Xavier Nava, que inició el 31 de diciembre de 2019, se han registrado 200 asesinatos dolosos en el municipio de San Luis Potosí: 31 en 2018 y 169 en 2019 (0.46 diariamente). Mientras que el exalcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juarez, registró 171 homicidios en el mismo periodo (0.40 asesinatos).
Sobre el caso de Guillermo Pérez Moreno, la Fiscalía General de la República emitió un boletín en el que se limitó a apuntar que ya se abrió una carpeta de investigación y aseguró que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para investigar este caso que se integra a la larga lista de pendientes que existen en San Luis Potosí en materia de seguridad.
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La iniciativa de Cuauhtli Badillo plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal estatal, con multas de hasta 10 mil UMAs y sanciones mayores cuando haya daños en áreas naturales protegidas o participación de servidores públicos
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de San Luis Potosí, con penas de seis a 14 años de prisión y multas de cinco mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se provoquen daños graves, sustanciales o irreparables al medio ambiente.
La propuesta busca sancionar conductas que ocasionen la destrucción de ecosistemas, la alteración de sus funciones ecológicas, la afectación de especies endémicas o en peligro de extinción y la contaminación de cuerpos de agua o suelos con sustancias y residuos peligrosos.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría ecocidio la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a 10 hectáreas, así como las afectaciones que alteren sustancialmente sus funciones ecológicas durante al menos cuatro meses continuos.
El proyecto también contempla sanciones para quienes dañen el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, cuando la afectación ponga en riesgo su supervivencia o su viabilidad genética y poblacional. Asimismo, incluye la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, acuíferos o suelos mediante descargas o depósitos no autorizados de sustancias peligrosas.
Las penas podrían incrementarse hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, así como en zonas declaradas de restauración ecológica.
En caso de que un servidor público cometa, permita o encubra el ecocidio, con conocimiento de la ilegalidad o de la inminencia del daño, la iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad, además de su destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La propuesta establece también que las personas físicas o jurídicas responsables estarían obligadas a la reparación integral del daño ambiental, con prioridad en la restitución y restauración de los ecosistemas afectados, independientemente de las sanciones penales y económicas.
Badillo Moreno argumentó que la falta de esta figura penal en la legislación local deja al medio ambiente vulnerable ante actividades de explotación que pueden ocasionar la pérdida de la riqueza biológica del estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis.
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El gobierno municipal realiza trabajos de succión y mantenimiento de la red sanitaria; señala a Interapas por la falta de atención a problemas recurrentes
Por: Redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reforzó los trabajos preventivos en al menos 20 puntos con problemas de drenaje, encharcamientos y acumulación de aguas residuales, ante las lluvias y los riesgos sanitarios que representan para las familias.
José Luis Blanc Ramírez, director del Agua Municipal, informó que las cuadrillas realizan labores de succión, sondeo y revisión de la red sanitaria, con apoyo de una unidad Vactor para retirar aguas negras y pluviales en zonas con afectaciones recurrentes.
Entre los puntos atendidos se encuentran las calles 75 y 73, Andador Cedros, el fraccionamiento Umbral y Plaza Las Águilas, donde se busca reducir los encharcamientos y prevenir focos de infección derivados de la acumulación de aguas residuales.
El funcionario señaló que estas labores corresponden al organismo operador Interapas
Las cuadrillas también realizaron trabajos de mantenimiento y revisión en 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María, Julián de los Reyes, calle 87 y Jacinto Lárraga, entre otros sectores, para detectar obstrucciones y favorecer el desalojo de aguas residuales.
Blanc Ramírez indicó que el Ayuntamiento mantendrá las acciones preventivas y la atención a los reportes ciudadanos; sin embargo, advirtió que la succión de aguas residuales es una solución temporal y que corresponde a Interapas reparar y rehabilitar la infraestructura dañada.
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La competencia “Un Legado a la Nación” estaba programada para este domingo y contaba con más de mil participantes inscritos
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció la suspensión temporal de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, programada para este domingo 11 de octubre, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí negara el permiso para realizarla.
Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso, informó que la decisión municipal impide llevar a cabo la competencia, organizada en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE).
De acuerdo con el boletín legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal notificó mediante un oficio que no era posible autorizar la actividad ni asignar oficiales para su realización.
La suspensión afecta a más de mil personas inscritas, entre ellas niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas de alto rendimiento que participarían en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
Ante esta situación, Gámez Macías señaló que se realizarán las gestiones para reprogramar la carrera y buscar una nueva sede, con dos opciones sobre la mesa: el Parque Tangamanga I o el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El Congreso del Estado y el INPODE informarán posteriormente la nueva fecha, el horario y el lugar de la competencia.
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