Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.

El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.

De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.

Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.

El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.

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J. Guadalupe Torres señaló que buscarán no afectar a la continuidad de los programas estatales durante el proceso electoral

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que integrantes del gabinete estatal podrían separarse de su cargo en las próximas semanas para participar en el proceso electoral 2027, aunque dijo no tener notificación formal de alguna salida específica.

El proceso electoral federal arranca el 10 de septiembre y el local, el 15 de noviembre. Torres Sánchez explicó que la eventual separación de funcionarios busca evitar una afectación a la continuidad de los programas de la administración estatal, apenas semanas antes de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rinda su Quinto Informe de Gobierno, programado para el 21 de septiembre

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Sobre alcaldes que buscarían la reelección, el funcionario indicó que esa figura solo está vigente hasta la próxima elección intermedia, en 2030, y que varios ediles ya han expresado interés en volver a competir. Estimó que entre 10 y 15 alcaldes del estado buscarían nuevamente el voto.

El movimiento se da en un momento en que la sucesión de 2027 ya opera como eje de la agenda política estatal, con distintos actores —dentro y fuera del gabinete— posicionándose con antelación al arranque formal de las campañas.

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A partir de mañana, inicia el procedimiento administrativo para sancionar a quienes incumplan

Por: Redacción

Hoy es la fecha límite establecida por orden constitucional para que los 59 municipios de San Luis Potosí hayan igualado los salarios de sus policías a un nivel digno. Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Auditor Superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSLP), anunció que a partir de mañana iniciará procedimiento administrativo de responsabilidad contra quienes no cumplan, con sanciones que van desde amonestación hasta inhabilitación.

La Ley Federal del Trabajo fija un mínimo mensual de alrededor de diez mil pesos. Sin embargo, en varios municipios los elementos de seguridad perciben seis mil pesos, muy por debajo del piso legal.

La Constitución Política del Estado establece la obligación de homologación; la Secretaría de Finanzas ha señalado a alcaldes que disponen de participaciones federales específicas para seguridad pública y que no existen argumentos válidos de insolvencia.

Una comisión integrada por el IFSLP, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

y Finanzas supervisa el cumplimiento. Hasta la semana pasada, aproximadamente la mitad de los municipios aún no informaba si habían elevado salarios; es probable que algunos ya lo hayan hecho estos días.

El procedimiento administrativo individualizará el grado de responsabilidad: si hubo simple omisión o dolo deliberado (sabiendo del mandato, decidieron no pagar). Las sanciones abarcan desde amonestación privada o pública hasta inhabilitación del funcionario responsable.

Lecourtois recordó que todos los municipios recibieron comunicado explícito y citatorio de los tres entes hace semanas, de modo que no hay excusa de ignorancia.

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