septiembre 26, 2026

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Ellos son los nuevos “egresados distinguidos” de la UASLP

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó a 17 egresados distinguidos con la medalla Espíritu Universitario para reconocer sus aportaciones

Por: Redacción

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reconoció con la medalla Espíritu Universitario a 17 egresados distinguidos que han logrado, a través del desarrollo de su ejercicio profesional, ser un ejemplo para la sociedad; lo anterior en una ceremonia en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, encabezada por el rector Manuel Villar Rubio y en donde participaron directivos, funcionarios y familiares de los galardonados.

La Los galardonados son: por la Facultad de Derecho, María Elena Segovia Díaz de León; por la Facultad de Contaduría y Administración, Daniel Diep Diep; por la Facultad de Economía, Gustavo Puente Estrada; por la Facultad de Medicina, José Sifuentes Osornio; por la Facultad de Estomatología, Juan Francisco Reyes Macías; por la Facultad de Ciencias de Enfermería y Nutrición, Silvia Mercedes Sanjuanero Ruíz; por la Facultad de Ingeniería, Ignacio Hernández Galván; por la Facultad de Ciencias Químicas, Manuel Ramos Rada; por la Facultad de Ciencias, José Luis Rojas Calderón; por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, José Villanueva Díaz; por la Facultad del Hábitat, José Zendejas Hernández; por la Facultad de Psicología, Ónix Ponce Lomas; por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ana María Izar Tenorio; por la Facultad de Ciencias de la Información, Silvia Jaime Hernández; por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Enrique Ibarra Zapata; por la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, Juan Manuel Ramiro Díaz; y por la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, José Salvador Ramírez González.    

Este reconocimiento, explicó Villar Rubio, nació en el 2018 y tiene la intención de reconocer las aportaciones en el campo del conocimiento, además de ser un ejemplo para las generaciones venideras.

Aseguró que la elección no fue fácil, pues debieron otorgarse muchos fallos: “fue sólo gracias a la intervención de la Junta de Gobierno de la UASLP

, que se llevó a esta selección de los mejores”.

Por otra parte, el Rector dirigió un mensaje a los estudiantes, a quienes invitó a continuar con su desempeño profesional, pues destacó que quienes hoy son reconocidos ocuparon una banca en un salón como todos los que actualmente cursan alguna de las 100 licenciaturas.

A nombre de los directores de las entidades académicas de la UASLP, el licenciado Roberto Llamas Lamas, director del Campus Valles, mencionó que la tarea constante de cambiar el mundo que les tocó vivir es la labor de los egresados distinguidos que fueron reconocidos y puso ejemplos como Ponciano Arriaga, Manuel José Othón, Ramón López Velarde, Rafael Curiel Gallegos, entre otros que forman parte de la gran lista de especialistas de distintas disciplinas.

A nombre de los egresados distinguidos, Gustavo Puente Estrada, egresado de la Facultad de Economía, comentó que la perseverancia es una de las formas de lograr los objetivos, pues la educación sirve para el bienestar de las personas. Agregó que este galardón obliga a quien se le otorga, a generar una mejor conducta humana y un mejor conocimiento social y tecnológico, a pugnar por un estado de derecho que dé paso a garantizar los derechos humanos, para dar certeza a una justicia social responsable.

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Retener cadáveres en hospitales o funerarias podría costar hasta 6 años de cárcel

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La comisión argumenta que la práctica afecta la dignidad y el bienestar de las familias que esperan el cuerpo de un ser querido

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal, para incrementar las sanciones contra directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, así como funerarias, que retarden o nieguen la entrega de un cadáver.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión, explicó que la pena actual —de tres meses a dos años de prisión— subiría a un rango de dos a seis años para quienes cometan esta conducta.

“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas […] para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido”, dijo.

En la exposición de motivos se señala que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende en gran medida la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.

El dictamen se turnará ahora al pleno del Congreso para su votación.

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Gobierno impulsa actividades de reinsersión social

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Más de mil personas privadas de la libertad participaron labores remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en diversas áreas

 

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer una reinserción social efectiva.

Como parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, además de la entrega de 754 certificados de primaria y secundaria. A ello se sumaron 91 mil 170 servicios médicos y la participación de más de mil 500 personas en actividades deportivas.

 

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Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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