El ministro presidente de la Suprema Corte encabezó la 49 sesión ordinaria de la asociación y tomó protesta a cinco integrantes de su Comité Directivo

Por: Redacción

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), designó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa como representante del Máximo Tribunal ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

También participarán en el Comité Directivo los titulares del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.

Durante la 49 sesión ordinaria de la AMIJ, Aguilar se pronunció por lograr que los cambios no se queden solo en la Suprema Corte, sino que abarquen todo el sistema de justicia del país.

Junto con Esquivel rindieron protesta como integrantes del Comité Directivo los magistrados Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); José Ramón Amieva Gálvez, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); Andrés Aguilera Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), y Magali Anabel Arellano Córdova, titular de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERMAC).

Se sumaron además al Comité Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, y Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.

A la sesión asistieron también los presidentes de la CONATRIB, la ATERMAC, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), los Tribunales Agrarios y la Asociación Nacional de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje (ANTECA), quienes forman parte del Comité Directivo.

En la sesión se presentó el informe sobre la situación actual de la Asociación y el balance de los logros alcanzados desde su constitución. La AMIJ se constituyó en 2007 para fortalecer la colaboración entre los órganos de impartición de justicia del país y realizar acciones conjuntas a favor del acceso a la justicia.

Entre otros acuerdos, se nombró secretaria ejecutiva de la AMIJ a la abogada Gabriela Ortiz Rascón.

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Chalita pidió que el diálogo entre ambos sea público y que las obras se contraten con transparencia y empresas potosinas

Por: Haniel Valdés

Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que el diálogo entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos “es una obligación, no es una concesión”.

Dijo que cooperar en favor de los ciudadanos que gobiernan beneficia a todos. “Importa que gobiernan a todos”, señaló: uno gobierna todo el estado y el otro toda la ciudad, sin importar quién votó por quién.

Advirtió que no quiere regresar a los años en que hubo tres o cuatro gobernadores, las inversiones comenzaron a irse y San Luis Potosí no crecía como Aguascalientes

, Querétaro o Guanajuato por “una disputa política”. Atribuyó el inicio del crecimiento a la estabilidad política que provocó la llegada de Horacio Sánchez Unzueta.

Propuso que el diálogo no sea solo entre ambos gobernantes, sino público. Pidió que se ponga sobre la mesa que trabajarán juntos en el último año de los dos gobiernos

y que los empresarios los acompañen “para saber cuáles son los acuerdos”.

Cuestionado sobre si está a favor de que las obras se queden en San Luis Potosí y se contrate solo a empresas potosinas, respondió que debe haber “claridad y transparencia en las contrataciones”. Dijo que deben ser potosinas porque el dinero “se paga a través de impuestos”.

Agregó que el dinero debe quedarse en el estado y crecer, y que debe haber más oportunidades para los jóvenes.

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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno

Por: Redacción

Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.

“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.

Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.

La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación

del funcionario responsable.

El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.

Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.

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