octubre 29, 2026

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Estado

Diputado propone modificar Ley de Salud Mental del Estado para prevenir suicidio

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Con la modificación se pretende que la Secretaría de Salud integre protocolos de investigación en casos de personas con conducta suicida.

Por: Redacción

Para prevenir el suicidio y evitar que San Luis Potosí se mantenga arriba de la media nacional, el diputado Ricardo Villareal Loo presentó una iniciativa para adicionar nueva fracción al artículo quinto de la Ley de Salud Mental del Estado.

El diputado señaló que con su propuesta pretende establecer atribución para la Secretaría de Salud para integrar protocolos de intervención en casos de personas con conducta suicida para dar seguimiento con servicios de emergencia médica y elementos de seguridad pública y se cuente con la participación de la autoridad en la creación de protocolos de seguridad pública. 

Dijo que “el suicidio además de ser un drama personal y familiar, se constituye también en un grave problema de Salud Pública que impacta fuertemente en el desarrollo social y económico de un país. Además este fenómeno se ha convertido en un problema de Salud Pública de grandes dimensiones, que afecta a las familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida, quienes también impactan en otros problemas de Salud pública por ameritar atención especializada.”

Además, Villareal Loo, sostuvo que por la situación en San Luis Potosí, “nos urge trabajar para reforzar el marco legal en la materia.

Según los datos del INEGI nuestra Entidad se ubica por arriba de la media nacional en la tasa de suicidios, con siete por cada 100 mil habitantes; sobre la alta incidencia, un especialista de la UASLP, señala que San Luis Potosí ha ocupado los primeros lugares en incidencia nacional de este fenómeno desde el año 2003.”.

Finalmente, señaló que la violencia por la que atraviesa el país puede ser un factor que desencadena estrés o depresión en familiares de víctimas. “Es por esas razones que se contempla la necesidad de reforzar la ley, concretamente mediante la creación de instrumentos específicos como son los protocolos de intervención en caso de personas con conducta suicida, para su seguimiento por parte de servicios de emergencia médica, y de elementos de seguridad pública”.

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Estado

“Privilegiar el diálogo”: Poder Judicial responde a protesta de jubilados

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El Poder Judicial afirmó que los ajustes económicos se atienden en su mesa con el sindicato mayoritario

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí reiteró su disposición al diálogo con personas jubiladas y pensionadas, y señaló que los planteamientos sobre prestaciones y ajustes económicos se atienden en la mesa que mantiene con el sindicato mayoritario.

En un comunicado, la institución indicó que esos temas se abordan “conforme a las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables”, y que dará seguimiento a los derechos y prestaciones del personal a través de las instancias competentes.

El Poder Judicial también reconoció el derecho de manifestación de los jubilados y su derecho a presentar solicitudes por las vías institucionales.

El posicionamiento se dio luego de que, el miércoles 28 de octubre, la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

se manifestó para pedir un incremento directo de 3.5% al salario, retroactivo a agosto.

Ana Luisa Morales Lara, presidenta de la asociación, dijo que el Ejecutivo estatal aplicó ese ajuste a sus sindicatos desde el 10 de agosto

y que, por ley, los aumentos al personal en activo deben reflejarse en las pensiones.

La asociación indicó que hace 28 días solicitó audiencia con el Órgano de Administración Judicial, que preside Mónica Larraga Sáinz, y con la Presidencia del Poder Judicial, y anunció que mantendrá su protesta en la sede de la institución hasta ser atendida.

En agosto, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dijo que la relación con los sindicatos había mejorado y que se comprometió a realizar el pago correspondiente a los trabajadores.

La postura institucional proviene del comunicado del Poder Judicial.

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Estado

IFSE denuncia ante la Fiscalía irregularidades en unidad deportiva de Axtla

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El titular del IFSE dijo que se evitó la licitación pública y que el contratista recibió pagos mayores a lo presupuestado

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad Deportiva de Axtla de Terrazas. En esa obra se ejercieron alrededor de 14.5 millones de pesos durante la administración municipal de Gregorio Cruz Martínez.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que las anomalías se detectaron desde 2024. Por su gravedad, el área de investigación del Instituto decidió llevar el caso ante las autoridades penales. Dijo que la denuncia se presentó el mes pasado y que él mismo la firmó.

Sin licitación y pagos de más

Según Lecourtois, una de las principales irregularidades fue que se evitó la licitación pública, que es el concurso abierto en el que varias empresas compiten por una obra. En su lugar, el contrato se asignó de forma directa a una empresa que, dijo, no cumplió adecuadamente con los trabajos.

Además, señaló que el contratista recibió pagos mayores a los montos que estaban presupuestados.

El titular del IFSE explicó que la obra fue observada en su totalidad y que los señalamientos forman parte de las observaciones firmes

a esa administración de Axtla, es decir, las que no se aclararon en la revisión de la cuenta pública. Ahora corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar y determinar si hay responsables.

Una obra en disputa

El 22 de octubre, durante una gira por Axtla, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a la Fiscalía General de la República y a la del Estado revisar las cuentas de una administración pasada por esta unidad deportiva. Dijo que el Estado la pagó completa y nunca se entregó.

Ese mismo día, el exalcalde Gregorio Cruz respondió que su ayuntamiento recibió 13 millones de pesos, no 20, y que la obra se entregó “en tiempo y forma, con sus expedientes completos”. El Gobierno del Estado inauguró la unidad renovada con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

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Estado

Niño pierde dos dedos en el Colegio Valladolid; familia denuncia bullying

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Según su familia, otro estudiante le prensó la mano con una puerta; la escuela solo cubrió los 50 mil pesos del seguro escolar

Por: Redacción

Un niño perdió dos dedos de la mano derecha tras lesionarse dentro del Colegio Valladolid, en San Luis Potosí. Según su familia, otro estudiante le prensó la mano con una puerta. El hecho ocurrió la mañana del martes 27 de octubre.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el menor sufrió el aplastamiento de dos dedos y fue trasladado a un hospital. Ahí, primero se advirtió sobre una posible amputación. Después, sus familiares informaron que el niño perdió ambos dedos y que necesita más cirugías.

“Solo un golpe”

La madre denunció que el colegio fue evasivo al comunicarle lo ocurrido. En un principio, dijo, solo le avisaron que su hijo había recibido un golpe y tenía dolor. La familia supo de la gravedad de las lesiones hasta que el padre acudió al plantel.

Los familiares consideran que la escuela intentó minimizar el incidente para evitar responsabilidades, aunque ocurrió dentro de sus instalaciones.

Seguro de 50 mil pesos

La familia también denunció que el colegio limitó su apoyo a los 50 mil pesos que cubre la póliza del seguro escolar y que después se deslindó de los gastos adicionales. Según su testimonio, necesitaban reunir otros 30 mil pesos para seguir con la atención quirúrgica del niño.

Piden investigar

Otras familias señalaron que en la escuela habría antecedentes de agresiones y bullying, o acoso escolar, entre alumnos. Por eso pidieron investigar si hubo conductas intencionales y omisiones en la supervisión.

Padres de familia exigen la intervención de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar si hay responsabilidades, incluidas posibles omisiones de las autoridades escolares.

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