El presidente de la Comisión de Educación dijo que busca que los maestros tengan derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso

Por: Redacción

El diputado local de Nueva Alianza Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, afirmó que su propuesta de Ley de Atención Docente busca evitar casos como el del maestro de Veracruz denunciado por una madre de familia tras pedir a sus alumnos un croquis de tarea.

“No queremos que los maestros sean de primera o de segunda, queremos que se les trate igual que a todos, porque se les trata diferente en contra de sus intereses. Los maestros tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho al debido proceso”, dijo. La presunción de inocencia significa que a una persona se le considera inocente mientras no se demuestre lo contrario. El debido proceso es el derecho a que cualquier acusación se revise con las reglas y garantías que marca la ley.

“Sin ningún fundamento”

El caso ocurrió en Martínez de la Torre, Veracruz. Una madre acusó al docente de acoso por pedir a los alumnos que dibujaran un croquis de la escuela a su casa, y presentó una denuncia ante la Fiscalía. En redes sociales la bautizaron como “Lady Croquis”.

Pérez López dijo que ese tipo de ejercicios se hace “desde hace muchísimos años” en la primaria, por ejemplo cuando se prepara a los alumnos para el plano cartesiano, que se enseña en cuarto año y sirve para ubicarse en el espacio. Afirmó que la madre hizo la acusación “sin ningún fundamento”.

Según el diputado, al maestro “de inmediato lo sacaron de la escuela, le quitaron el grupo”. Añadió que, como era interino, “seguramente no le habían pagado y ni le pagarán”. Criticó también que la Fiscalía le diera entrada a la denuncia. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que el maestro no sería suspendido y calificó el caso como “una injusticia”.

Ajustes pendientes

Sobre lo que le falta a la iniciativa para aprobarse, el legislador dijo que le pidieron algunas adecuaciones y que ya la enviaron a una nueva revisión. “Ojalá y ya nos la pasen para que podamos tener esa ley aquí, para que los maestros también estén un poco más protegidos”, señaló.

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Frinné Azuara cuestionó que la reforma para dar un salario digno a los trabajadores de la salud todavía no se haga efectiva

Por: Redacción

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, respaldó las protestas de los trabajadores de salud. “Tienen razón, no se les ha hecho derecho, no se les ha dado el derecho a tener condiciones laborales dignas como lo marcan sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Afirmó que las demandas de las marchas son algo “que no es sorpresa ya para nadie”. Según la legisladora, el origen está en la centralización de los servicios de salud, es decir, en que la Federación concentró su manejo, y en la desaparición del esquema de compra consolidada de medicamentos que existía con el Seguro Popular. En ese esquema se juntaban las compras de varias instituciones para conseguir mejores precios. También mencionó la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos.

“Una crisis sanitaria”

Azuara Yarzábal dijo que las consecuencias ya se ven en las evaluaciones de organismos internacionales. Mencionó al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OCDE, que según ella ubican a México en una crisis sanitaria por el aumento de muertes que se pudieron evitar. “La verdad es triste y es cruel”, señaló.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, si no se destina alrededor del 6 por ciento del PIB a la salud, “no va a haber respuestas”. El PIB es el valor de todo lo que produce el país en un año.

Un salario digno que no llega

La diputada cuestionó que no se haya hecho efectiva la reforma al artículo 123 constitucional que, dijo, se aprobó en 2024 en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, incluido el de San Luis Potosí, para dar un salario digno a los trabajadores de la salud. “Ese dinero que le están destinando a otro tipo de obras y de instituciones que ya se vio que no están dando los resultados esperados, ¿por qué no se están aplicando estos recursos a la salud?”, preguntó.

Explicó que, con el convenio que firmaron los estados con el IMSS-Bienestar, en San Luis Potosí ya se transfirió “el noventa y tantos por ciento” de los servicios, incluidos el personal, los insumos y el abasto de medicamentos. “La respuesta está ya a nivel federal. El presupuesto no se ha incrementado, no vamos a poder dar atención médica a toda la población que lo demanda”, sostuvo.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol también dijo que la solución a la demanda de los trabajadores tiene que venir de la Federación, aunque defendió que hay inversión y que se va “en la ruta correcta”.

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

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