El legislador cuestionó a la titular de la CFE sobre las acciones para respaldar proyectos privados de generación renovable

Por: Redacción

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, del Partido Verde Ecologista de México, subrayó la necesidad de fortalecer la inversión energética y avanzar hacia un modelo que garantice electricidad suficiente, limpia y competitiva para el desarrollo de México.

 

Durante la comparecencia de la titular en días pasados, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Comisión de Energía, el legislador potosino reconoció los avances financieros de la empresa productiva del Estado, que reporta una utilidad neta acumulada superior a 68 mil millones de pesos

y un incremento del 11.7 % en sus ingresos durante el primer semestre del año.

 

No obstante, Valladares advirtió que el aumento de más del 30 % en los costos de producción, derivado del uso de combustibles fósiles y del lento crecimiento en energías renovables, evidencia la necesidad de acelerar la transición energética.

 

“La inversión en energía es indispensable para que México siga siendo un destino atractivo para el capital productivo. Sin electricidad limpia y competitiva, ninguna estrategia de atracción de inversiones puede sostenerse a largo plazo”, afirmó Valladares.

 

Durante su intervención, el legislador cuestionó a la titular de la CFE sobre las acciones para respaldar proyectos privados de generación renovable y el desarrollo de parques industriales, con el objetivo de ampliar la capacidad eléctrica nacional y generar más empleos. También destacó que la transición energética debe ir acompañada de formación técnica y profesional en energías limpias, a fin de asegurar la operación sostenible de los nuevos sistemas eléctricos.

​El coordinador de Morena reconoce la legitimidad de las protestas de productores y confirma que el presupuesto “no ajusta para tanta necesidad”

Por: Roberto Mendoza

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció este miércoles que el Presupuesto de Egresos será analizado una vez que el Senado concluya la votación de la Ley de Ingresos, y anticipó reasignaciones que oscilarán “entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos“. En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador también reconoció la legitimidad de las protestas de agricultores.

Al ser cuestionado sobre la “agitación social” y los bloqueos de productores, Monreal Ávila sostuvo que son “motivados por demandas legítimas” y que “el problema del campo no debe de soslayarse“. El coordinador parlamentario admitió su “preocupación” por las manifestaciones y señaló que, aunque se buscarán reasignaciones

para sectores fundamentales como educación, cultura, infraestructura y el propio campo, “el presupuesto no ajusta para tanta necesidad que el país tiene“. Confirmó que, si bien el dictamen se elabora en la Comisión de Presupuesto, “siempre hay pláticas” y coordinación con la Secretaría de Hacienda .

En paralelo, el diputado Monreal Ávila informó que pospondrá para la próxima semana la presentación de una iniciativa “sobre los bancos“, con el fin de lograr un mayor consenso. El objetivo, detalló, es “que quede prohibido el envío de tarjetas de crédito y de débito que no se solicitan por los usuarios“. La propuesta también busca impedir que las instituciones financieras “cobren anualidades o penalizaciones” a las personas que reciban dichos plásticos sin haberlos solicitado.

El legislador de Morena justificó la iniciativa como una medida de protección a los usuarios. Precisó que la propuesta ya contempla sanciones para las entidades que incumplan, las cuales irán “desde sanciones económicas hasta amonestaciones por parte de la autoridad“, en este caso, la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), para quien “persista en enviar plásticos sin la autorización de las personas“.

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​Es la ley más importante del periodo, asegura el diputado José Luis Fernández; el delito se perseguirá de oficio y se habilitará la denuncia anónima a través del 089

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 de octubre el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se establece un tipo penal único para este ilícito en toda la República. La aprobación en lo particular se alcanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica de más de once horas que inició poco después de las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. El proyecto de decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández (PVEM) calificó la ley como una “decisión correcta y acertada” y la consideró “probablemente… la más importante” de la legislatura, excluyendo el presupuesto. Destacó que el ilícito “lastima mucho” y se ha vuelto muy recurrente, en México y también en San Luis. Explicó que la ley general permitirá a San Luis Potosí “armonizar sus leyes locales” y definir con precisión las variantes del delito para tener una autoridad “mucho más coordinada” así como le permitirá a las autoridades combatir la reincidencia.

​La nueva ley establece una pena base de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de $11,314 a $56,570 pesos. Además, incluye tres conjuntos de agravantes que pueden incrementar la sanción: el primero, hasta en una tercera parte, si se comete contra comerciantes o empresarios (cobro de cuotas);

el segundo, hasta la mitad, si la víctima es menor de edad, migrante, o si se utilizan medios electrónicos o se simula un secuestro; y el tercero, hasta en dos tereras partes, si se emplea violencia, armas, se comete desde un centro penitenciario o se utiliza a menores de edad para ejecutarlo.

​Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva clave presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, para modificar el artículo 21. Monreal argumentó que el dictamen original afectaba la proporcionalidad de la pena, pues sancionaba con 10 a 20 años al servidor público que omitiera denunciar el delito, una pena mayor que la del propio extorsionador (6 a 15 años). Con el cambio avalado, la sanción para el funcionario que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar, quedó fijada en un rango de cinco a doce años de prisión.

​Esta ley general es reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el pasado 9 de octubre de 2025, que facultó al Congreso para legislar en la materia y homologar el tipo penal. El dictamen aprobado consolida una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y once propuestas de legisladores. Además de las sanciones, la ley ordena la creación de campañas permanentes de prevención y fomenta la denuncia ciudadana anónima para combatir un delito que se investigará de oficio.

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