En menos de 48 horas, el anuncio del diputado Cuauhtli Badillo sobre una inversión federal para sanear el embalse derivó en un choque de versiones entre funcionarios de tres niveles de gobierno —ninguno con documentos— y terminó en una acción legal que podría paralizar la obra antes de que arranque

Por: Redacción

Este 13 de mayo, la asociación civil Cambio de Ruta presentó un escrito dentro del amparo indirecto 729/2018-VI ante el Juzgado Octavo de Distrito para obligar al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno a acreditar una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos para el saneamiento de la Presa San José.

La acción tiene precedente: la misma organización ya paralizó con amparos la rehabilitación del Parque de Morales, cuestionó la operación del parque acuático Dinoasis y se ha opuesto sistemáticamente a varias obras tanto del estado como de la capital.

En esta ocasión el amparo exige que Badillo, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entreguen los documentos que avalen el proyecto: gestiones realizadas, nombres de los servidores públicos involucrados, origen de los fondos, calendario de ejecución y constancia de que la inversión está formalmente autorizada mediante anexos técnicos y dictámenes. Si el juzgado emite el requerimiento y los documentos no existen o no se presentan, el proyecto quedaría suspendido.

El conflicto estalló el 11 de mayo, cuando Badillo, diputado de Morena, anunció públicamente que la Conagua ya aprobó una intervención al embalse que contempla la limpieza de lirio acuático, mantenimiento del cárcamo y rehabilitación de la planta tratadora. Ese mismo día, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que desconocía la iniciativa y que la Conagua tampoco le supo dar detalles. El 13 de mayo, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, confirmó que su dependencia tampoco cuenta con información oficial sobre los recursos.

Badillo justificó que el municipio no fue notificado porque el proyecto se ejecutará exclusivamente entre el gobierno estatal y la federación. Galindo Ceballos dijo estar dispuesto a colaborar una vez que la Conagua oficialice la información, y advirtió que el retiro del lirio acuático no es una decisión menor: estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) indican que esa planta retiene actualmente metales pesados en el agua del embalse.

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El secretario Jorge Luis Díaz reveló que han tenido que buscar diversificar las exportaciones concretando acuerdos con países como Japón

Por: Redacción

Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reconoció que las exportaciones potosinas atraviesan un momento crítico, pues se han visto fuertemente afectadas por el incremento en los aranceles establecidos por Estados Unidos.

Señaló que si bien las tarifas varían según el producto, los nuevos impuestos pueden ir desde el 12 hasta el 15%, lo cual representa un duro golpe para las economías de los productores agrícolas, causando la quiebra de varios.

Asimismo, comentó que el miedo no solo se ha generado en los comerciantes mexicanos, sino que también los importadores estadounidenses se empiezan a mostrar reacios para adquirir las mercancías mexicanas ante las amenazas del presidente Donald Trump.

Añadió que los mexicanos que se encuentran en territorio yankee también tienen temor a las feroces estrategias de deportación

de la administración trumpista, por lo que ya no salen a trabajar y comprar, lo que reduce el consumo

Ante esta situación, Díaz Salinas reveló que han intentado diversificar las exportaciones con el fin de poder subsistir a pesar de las trabas norteamericanas, lo cual ha sido muy complejo ya que Estados Unidos representaba el principal comprador para la mayoría de los agricultores.

A pesar de ello, han logrado importantes acuerdos comerciales con países como Japón, con quienes han establecido una red de exportación de productos como pepino para poder mantener a flote a los invernaderos.

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La construcción de acuerdos, la paz social y la coordinación entre sectores serán clave para fortalecer la gobernabilidad rumbo al próximo proceso electoral

Por: Redacción

El Gobierno del Estado mantiene el compromiso de construir las condiciones necesarias para que la jornada electoral de 2027 transcurra en un ambiente de paz, legalidad y certidumbre para las y los potosinos.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, mencionó que uno de los principales retos será mantener la gobernabilidad electoral mediante un marco legal sólido, seguridad y voluntad compartida entre actores políticos, sociales y educativos. La experiencia del Acuerdo Electoral 2024,

que reunió a diversos sectores, permitió a San Luis Potosí colocarse entre las 10 entidades con menor incidencia de conflictos durante el proceso, en contraste con otras regiones en las que se registraron diversas agresiones.

Torres Sánchez agregó que ya se fortalecen acercamientos con distintos sectores para consolidar un nuevo acuerdo de cara al proceso de 2027, con el objetivo de prevenir polarización y favorecer una transición institucional ordenada.

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