Ciudad
Dan jalón de orejas a Xavier Nava por autopromoción en programas sociales
El Ceepac hizo un exhorto al alcalde Xavier Nava para no promocionar su imagen en los programas sociales que da el Ayuntamiento capitalino durante la contingencia
Por: Redacción
Luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer una serie de en contra del alcalde de la capital, Xavier Nava, por presuntos actos de promoción personalizada con recursos públicos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) lanzó un exhorto para que autoridades electas y servidores públicos se abstengan de realizar actos que pudieran caer en la ilegalidad.
“Esta autoridad electoral exhorta a todas las personas que desempeñan la función pública a llevar a cabo sus actividades de manera imparcial, equitativa y solidaria con los menos favorecidos, observando en todo momento la prohibición contenida en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán abstenerse de realizar conductas que impliquen la indebida utilización de recursos públicos y/o promoción personalizada”, dice un comunicado enviado por el organismo electoral.
El Partido Verde detectó cerca de 30 promocionales pagados con recursos públicos, en los cuales predomina la imagen de Nava Palacios, y en los cuales se pone como argumento el programa de apoyos para la contingencia por el Covid-19.
“El organismo electoral considera que ante la inminencia del proceso electoral 2020-2021 previsto legalmente para la primera semana de septiembre, es necesario hacer un llamado a los servidores públicos, para que respeten el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 460 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y eviten realizar promoción personalizada en las acciones públicas y de gobierno”, abundó el comunicado.
Cabe recordar que el artículo 134 Constitucional, en su párrafo séptimo, señala que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Además, en su párrafo octavo destaca que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
De igual manera, el artículo 460 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece infracciones atribuibles a autoridades o servidores públicos por difundir propaganda que contravenga lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal, así como incumplir el principio de imparcialidad dispuesto en el mismo artículo.
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Enrique Galindo afirmó que con la derogación los procesados deben quedar exentos de responsabilidad penal
Por: Redacción
Las personas procesadas por la llamada Ley Serrano deben quedar totalmente exentas de responsabilidad penal tras la derogación de la norma, pues el tipo penal dejó de existir, afirmó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.
El alcalde celebró la derogación firmada el jueves por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí: la calificó como un acierto y consideró que, de cualquier forma, la Suprema Corte se habría pronunciado en ese sentido. Con la eliminación de la norma, dijo, se alinea una sola visión de protección a la libertad de expresión y se corrige un retroceso democrático de muchos años.
Galindo pidió no olvidar a las víctimas de la ley, personas que estuvieron presas y enfrentaron carpetas de investigación: “fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres gentes en la cárcel”, afirmó. Sostuvo que la derogación les da la razón a los creadores de contenido y comunicadores señalados —unas 10 o 12 personas en la primera lista, recordó—, cuyos juicios deben desaparecer y quienes podrían demandar algún tipo de resarcimiento.
El alcalde consideró que la norma hizo retroceder al estado en materia legislativa y democrática, y que deja una enseñanza clara: estos temas pueden acotarse sin vulnerar derechos humanos desde el derecho civil o el administrativo, pero nunca desde el derecho penal.
Aclaró que la inteligencia artificial sí debe regularse “a como dé lugar”, como ocurrió en su momento con el ADN, aunque con mejor técnica jurídica y con las universidades encabezando el debate, pues el concepto existe desde los años sesenta y tanto el estado como el país van tarde en la discusión.
Galindo adelantó, además, que seguirá llamando a la norma Ley Serrano: apellidar una ley, busca alimentar el ego de su autor, pero él mantendrá el nombre para que no se olvide de dónde vino.
La derogación fue firmada el jueves por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras semanas de críticas de comunicadores, colectivos y del propio alcalde; la nueva ley en la materia se construirá en foros con todos los sectores.
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Enrique Galindo detalló que la obra de entre 120 y 125 mdp conectará toda la red de pozos de la capital
Por: Redacción
El Interapas construye un acueducto hacia el norte de la capital que conectará toda la red de pozos para dar redundancia al suministro de agua, con una inversión de entre 120 y 125 millones de pesos, informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo.
El alcalde explicó el problema que la obra busca resolver: hoy, cuando un pozo se descompone, no es posible alimentar su zona desde otro pozo. El acueducto funcionará como un gran colector central de distribución al que se conectará toda la red, de modo que las fallas puedan amortiguarse.
La línea llegará, dijo, “al norte, norte” de la ciudad, a zonas donde actualmente no hay desarrollo habitacional, con lo que el agua dará viabilidad al crecimiento de San Luis Potosí en esa dirección.
El financiamiento será tripartita: los desarrolladores de vivienda aportarán entre 30 y 40 millones de pesos mediante un convenio en proceso de firma, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pondrá entre 55 y 60 millones, y el resto correrá a cargo del Interapas. Los trabajos ya comenzaron e incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de la planta potabilizadora
El anuncio salió de una reunión con la Canadevi, en la que se ratificó el criterio del organismo: sin agua no habrá autorización de nuevos desarrollos habitacionales, a menos que se creen nuevas fuentes. Ante la incertidumbre de los desarrolladores por la posible separación de Soledad del organismo, Galindo respondió que los proyectos deben continuar: “si desaparece el Interapas va a aparecer una nueva institución, no hay vuelta de hoja”, afirmó.
En la misma reunión, el Interapas presentó un nuevo sistema digital para la gestión de nuevos fraccionamientos, que elimina trámites secundarios y permitirá a cada desarrollador dar seguimiento a su expediente en una plataforma ligada al ayuntamiento.
El proyecto se anuncia en plena falla de El Realito —la séptima u octava del año, según el alcalde—, que dejó sin agua a 75 colonias atendidas con un operativo de entre 35 y 40 pipas.
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Enrique Galindo afirmó que en cinco años y 217 obras nunca había enfrentado un requerimiento así
Por: Redacción
La Contraloría del Estado condicionó la revisión de las bases de licitación de la obra del Saucito a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregue un levantamiento notarial —con fotografías y videos— de todas las fachadas con valor patrimonial por donde pasará el paso a desnivel, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, quien consideró que el requerimiento parece una maniobra para aplazar la autorización.
El alcalde explicó que la respuesta de la dependencia llegó apenas hace unos cuatro días, luego de que se le sugiriera sacar cita con el contralor. El documento solicitado, dijo, sale de la esfera de la Contraloría, pero lo entregará aunque le tome días o semanas: “a mí me suena que es un mecanismo para decir: ya te contesté, está en tu cancha; nomás que desde marzo no me habían dicho eso”, afirmó.
Galindo subrayó que al 17 de julio sigue sin poder emitir las bases de licitación de una obra cuyo trámite inició el 21 de marzo, y recordó que en cinco años de administración ha ejecutado 217 obras —el 80 por ciento pasó por la Contraloría Estatal— sin haber tenido que acudir personalmente ante el titular del órgano.
El alcalde señaló además que el oficio de respuesta, de dos hojas, advierte en su último párrafo que la dependencia podrá revisar la obra en el momento que lo decida, lo que a su juicio excede sus facultades, pues la fiscalización del gasto corresponde a la instancia estatal de fiscalización y, en el caso de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación
Aclaró que los requerimientos del INAH corren por cuerda separada y se han cumplido, incluida la contratación permanente de un antropólogo mientras dure la obra, y que el juicio de amparo mencionado por el contralor no es competencia de este: ya existe diálogo con las cinco personas que lo promovieron.
Cuestionado sobre si ejecutaría la obra sin autorización, como acusa que hace el gobierno estatal, respondió que no es su estilo: es abogado, respeta el marco jurídico y el riesgo sería que la obra fuera cancelada, suspendida o clausurada.
El paso a desnivel del Saucito es la pieza central del reclamo del alcalde por el freno a la obra municipal: más de 30 licitaciones siguen atoradas y, según ha dicho, el plazo práctico es terminar antes de la fiesta del barrio, en febrero.
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