julio 21, 2026

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Congreso del Estado

Congreso prohibirá multas económicas en zonas particulares

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La iniciativa del diputado Lorca Valle pretende que no se impongan sanciones y multas económicas acordes a la Ley de Tránsito o de Ingresos

Por: Redacción

José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, para establecer la prohibición a los particulares de imponer sanciones y multas económicas por concepto de infracciones de tránsito en zonas privadas, especialmente en fraccionamientos. Además, también contempla la aplicación de sanciones a quienes incurran en estas conductas que son consideradas como irregulares de acuerdo a la ley.

El diputado explicó que la adición del nuevo párrafo al artículo 86 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, busca que “los supuestos correspondientes a las sanciones deberán establecerse en los reglamentos de tránsito y las leyes de ingresos respectivas”, por lo que “quedará prohibido imponer sanciones pecuniarias y realizar cobro de multas por concepto de infracciones de tránsito, por parte de particulares, incluyendo aquellas efectuadas en zonas privadas con acceso al público y fraccionamientos. Dichas conductas se harán acreedoras a las sanciones aplicables por Ley”.

Lorca Valle indicó que la situación descrita es que dentro de estos espacios habitacionales, se establecen límites de velocidad, y en el caso de su incumplimiento, algunas veces se recurre a amonestaciones diversas de tipo interno. No obstante, “el problema reportado es que en otras ocasiones se procede a cobrar multas, mismas que están fuera de toda tabulación o indexación regulada oficialmente, además de que no existe transparencia alguna sobre la aplicación y destino de esos fondos

”, advirtió.

“Establecer tal prohibición se trata de un asunto elemental de observación del Estado de Derecho, al igual que de las garantías de los ciudadanos, por lo que se trata de algo de gran importancia que impacta en la vida diaria. Además, la forma en que se cobran las multas de tránsito al interior de los fraccionamientos, no cumple con los requisitos de la Ley, y al ser una conducta contraria a las disposiciones legales, se trataría incluso de actos sancionables”, mencionó el legislador local.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para ser analizada y discutida.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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