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Colegio Ángelus en SLP obliga a niños a volver a clases presenciales
Las autoridades educativas y de salud han dicho que el retorno a las aulas no es obligatorio; padres de familia creen que la escuela lo hace para cobrar colegiaturas
Por: Ana G. Silva
Padres de familia de estudiantes del “Centro Educativo Ángelus”, escuela privada ubicado en Nereo Rodríguez Barragán 1369 en la capital potosina, denunciaron a este medio que las autoridades del plantel determinaron el regreso a clases presenciales obligatorio a partir del 17 de mayo, disposición que no está contemplada por las autoridades educativas estatales y nacionales, toda vez que la asistencia a los planteles es voluntaria y está condicionada al cumplimiento de ciertos protocolos de salubridad.
Durante la rueda de prensa de la Secretaría de Salud, realizada el pasado domingo, José Luis Alomia, director general de Epidemiología, indicó que el regreso a clases no es obligatorio, sino voluntario:
“Si las escuelas tienen las condiciones y se implementan los protocolos, pues entonces están listas para recibir a los alumnos, pero esto no es obligatorio, es un consenso que se está llevando entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), los padres de familia y todo el grupo de trabajadores de la educación, la seguridad es lo primero que se quiere resguardar”.
Joel Ramírez, secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, señaló que en realidad no hay una fecha definida para el regreso a clases presenciales, por lo que la decisión del Colegio Ángelus no está dentro de las reglas establecidas por las autoridades de Educación ni de Salud.
Joel Ramírez apuntó que al concluir el proceso de vacunación al sector educativo del estado en días pasados, se ha cumplido y avanzado con lo solicitado por la SEP para un posible regreso a las aulas, y por ahora se está trabajando en un esquema en el que las actividades escolares se puedan llevar a cabo de manera presencial, para estar listos en el momento que así se oficialice.
El titular de SEGE especificó que entre las principales características para el posible regreso a clases es que se deberá tomar en cuenta el contexto de cada escuela (semáforo sanitario), con lo que se decidirá la asistencia, que podría ser gradual, escalonada, mixta y cautelosa; y la tercera característica principal es que como primera intervención, se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar.
Además mencionó que otras características son la aplicación de protocolos y filtros de corresponsabilidad de niñas, niños y jóvenes desde la casa, a la entrada de la escuela y antes de ingresar al salón de clases.
El titular de la SEGE reiteró que la SEP maneja las siguientes propuestas: a) Inicio de clases presenciales en escuelas multigrado, rurales, con baja matrícula, dual, asistencia a alumnos sin conectividad que requieren el regreso presencial; b) Asistencia alternada: Lunes y miércoles asistirá una parte del grupo, martes y jueves la otra parte y los viernes se destinarán para reforzar conocimientos a estudiantes que lo requieran; c) Pedagógica: Acompañamiento para fortalecer la atención de aspectos socioemocionales y atención a población vulnerable, educación especial y tecnológica.
El Secretario de Educación, agregó que al volver a las aulas se requerirá el apoyo y colaboración de maestras y maestros, de los padres de familia y principalmente el consentimiento de las autoridades de salud, en donde se implementarán protocolos, prácticas de higiene y de limpieza como el uso obligatorio de cubrebocas en toda la estancia, distanciamiento interpersonal de 1.5 metros en las aulas (disminución de los aforos), realizar actividades de comida al área libre con el distanciamiento, filtro sanitario a la entrada con la toma de temperatura y gel en todas las aulas y espacios de convivencia, entre otras medidas.
Los padres y madres de familia de Angelus narraron a La Orquesta que la norma de obligar a los niños a volver a la escuela puede corresponder a la necesidad de la escuela por cobrar colegiaturas, no obstante, está fuera de
lo establecido por las autoridades.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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