La estación terminal “La Corregidora”, en Querétaro, contará con taquilla, vestíbulo (sala de espera) y torniquetes de entrada y salida

Por: Redacción

En sus 226 kilómetros, el Tren Ciudad de México-Querétaro, cuya construcción ya dio inicio, permitirá la conexión con sistemas de transporte en Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Estado de México; se recorrerá en dos horas y beneficiará a una población estimada de seis millones de usuarios.

La obra fue puesta en marcha por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la presencia del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, y el Titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza.

La nueva ruta atravesará por los municipios de Huehuetoca, Estado de México; Tula, Hidalgo; San Juan del Río, así como Querétaro.

Saliendo de la Ciudad de México, la primera estación es Huehuetoca, en el Estado de México, zona industrial con crecimiento poblacional; un paradero (donde se efectuarán paradas ocasionales), luego Praderas del Potrero, así como las estaciones Tula, San Juan del Río, Los Héroes/ Aeropuerto (aún por definirse), y Querétaro.

En la CDMX, conectará desde la Terminal Buenavista en el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, las y los usuarios podrán seguir sus trayectos en la Línea B del Metro, así como en las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, Ecobici; y en Querétaro, con el QroBus y el transporte local.

De acuerdo con el programa arquitectónico del Tren Ciudad de México-Querétaro, la estación terminal “La Corregidora”, en Querétaro, contará con taquilla, vestíbulo (sala de espera) y torniquetes de entrada y salida.

Asimismo, contempla servicios públicos como sanitarios públicos, bahía de ascenso y descenso, servicios federales y lockers, así como estacionamiento para aproximadamente 100 usuarios.

Mientras que el transporte público tendrá capacidad simultánea de al menos 12 autobuses de 12 metros de largo.

Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que estas medidas se dialogaron con los distintos sectores productivos del país

Por: Redacción

El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía, de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, presentó las medidas para fortalecer a las industrias del acero y textil, el establecimiento de precios de referencia; así como la Estrategia para potenciar el crecimiento económico, el empleo e incrementar el contenido nacional en la producción de insumos y materiales en proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte del Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que estas medidas se dialogaron con los distintos sectores productivos del país para el fortalecimiento del Plan México, el cual tiene como objetivo impulsar la producción nacional y garantizar el bienestar de las mexicanas y mexicanos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que en la industria del acero se cancelaron y desincorporaron mil 62 molinos de acero del Registro para Importadores de Productos Siderúrgicos por inconsistencias e irregularidades, con ello se evitará que las comercializadoras usen registros apócrifos para importar acero; se reducirá la evasión arancelaria y la triangulación; con el objetivo de que el acero que entre en México cuente con todos los requisitos de ley para garantizar un comercio justo para los productores nacionales que incremente la competitividad.

Los legisladores federales indicaron que unos candidatos no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación

Por: Roberto Mendoza

Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, han solicitado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de diversas candidaturas a cargos judiciales, argumentando serias violaciones a los requisitos constitucionales y éticos exigidos para ejercer funciones en el Poder Judicial.

La solicitud se fundamenta en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señala que 18 de las personas registradas no gozan de buena reputación, al estar relacionadas con investigaciones penales federales en curso, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. A ello se suman ocho candidaturas adicionales que no cumplen con el promedio mínimo de 8.0 en su formación académica, condición exigida para acreditar su idoneidad.

El informe entregado al INE documenta no sólo la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, sino también casos en los que los aspirantes han fungido como abogados defensores de personajes vinculados con el crimen organizado. Esta circunstancia, subrayaron los legisladores, genera un conflicto de interés y compromete la imparcialidad que debe caracterizar al perfil judicial.

“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, declaró Gutiérrez Luna

Sobre las candidaturas reprobadas por no alcanzar el promedio académico exigido, se informó que las calificaciones oscilan entre 7.0 y 7.93, lo que —según los legisladores— representa una señal de alerta frente a la calidad de la formación jurídica de los aspirantes a jueces y magistrados.

“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, añadió Gutiérrez Luna.

Ambos representantes del Poder Legislativo insistieron en que no se trata de una cuestión meramente técnica, sino de una exigencia para preservar el profesionalismo, la neutralidad y el compromiso democrático del aparato judicial.

El exhorto al INE concluye con una petición concreta: cancelar los registros de todas las candidaturas impugnadas, a fin de garantizar que quienes ocupen cargos judiciales lo hagan con legitimidad moral, excelencia profesional y sin sombras de sospecha que puedan minar la credibilidad del sistema judicial mexicano.

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