La Dirección de Gestión Ecológica reporta hasta 45 comercios sancionados por ruido por diferentes factores

Por: Cristian Betancourt

Durante una entrevista Jaime Mendieta, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino, informó que la dependencia ha detectado un incremento en los reportes ciudadanos por ruido excesivo generado por distintos establecimientos comerciales, lo que ha obligado a reforzar las inspecciones y sanciones en materia ambiental.

Mendieta explicó que cada giro comercial tiene parámetros específicos de emisión de ruido, particularmente aquellos con fuentes fijas, como maquinaria o equipos operativos. Cuando estos límites son rebasados, la dependencia no solo aplica sanciones, sino que también exige modificaciones estructurales para garantizar que el ruido no afecte la vida diaria de los vecinos.

“Lo que hemos logrado con muchos establecimientos es que hagan adecuaciones, porque los ciudadanos deben tener la garantía de que el ruido no les afectará en su día a día”, señaló.

El funcionario aclaró que no todos los comercios deben cumplir con revisiones periódicas relacionadas con música, alarmas, refrigeradores, maquinaria o personal trabajando en horarios de alto impacto, especialmente durante la madrugada.

Como ejemplo, mencionó los casos de tortillerías y otros negocios que inician operaciones muy temprano, cuyos ruidos suelen generar constantes señalamientos vecinales. “Vamos, medimos y, si están rebasando la norma o instalaron fuentes fijas a destiempo, se aplican las sanciones correspondientes”, afirmó.

El director detalló que no todos los negocios requieren estudios acústicos, pero sí deben pasar por revisiones periódicas que incluyen música, alarmas, refrigeradores, maquinaria, ventiladores industriales y personal operando en horarios nocturnos o de madrugada. Mencionó casos como tortillerías que comienzan actividades muy temprano, cuyos ruidos generan constantes quejas vecinales

A la problemática del ruido comercial se suma otro frente: el uso de cohetes explosivos, especialmente en temporadas festivas. El alcalde Enrique Galindo adelantó su intención de prohibir la venta y detonación de pirotecnia de alto impacto auditivo, como parte de un esfuerzo para reducir la contaminación sonora y proteger a grupos vulnerables.

Galindo sostuvo que estas medidas no buscan afectar celebraciones tradicionales, sino evitar detonaciones que generan riesgos de incendios, lesiones y altos niveles de ruido que superan los límites permitidos por la normatividad ambiental.

Tanto Mendieta como el alcalde coinciden en que la contaminación auditiva debe atenderse desde todos los frentes: comercios, actividades nocturnas, alarmas, maquinaria y ahora también la pirotecnia explosiva.

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El recurso se verá reflejado en las cuentas universitarias en las próximas 24 a 48 horas y con ese depósito se liquidará el adeudo que ponía en riesgo los pagos y el paro de la institución

Por: Jorge Saldaña y Ana G. Silva

El próximo lunes el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunciarán de manera conjunta la ejecución del pago adeudado por 208 millones de pesos por parte de la administración estatal a la institución.

Con información confirmada por La Orquesta la transferencia del dinero es un hecho, sin embargo los recursos se verán reflejados por condiciones bancarias entre 24 y 48 horas a partir de este jueves.

Con la transferencia de recursos estaría cubierta la totalidad del adeudo que mantenía la administración estatal con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se dará cumplimiento cabal al convenio firmando entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la federación correspondiente al año 2025.

De acuerdo a la información obtenida desde el más alto nivel por este medio, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, alistan una rueda de prensa conjunta para el lunes (con horario por definir), donde anunciarán públicamente que las finanzas universitarias están a salvo y el adeudo fue liquidado.

La llegada del recurso permitirá a la Universidad sortear la etapa más crítica que enfrentó en años: la amenaza real de no poder cubrir nómina, aguinaldos, prestaciones y jubilaciones antes del cierre del año, y con ello el riesgo de un paro generalizado de la institución.

El monto a depositar corresponde al saldo pendiente de 208 millones de pesos, acumulado tras meses de retrasos y diferencias de interpretación del convenio y anexo de ejecución firmado entre la Federación y el Estado teniendo como beneficiario a la universidad.

El convenio, en su cláusula tercera señala que la Secretaría de Educación Pública realizaría depósitos mensuales al gobierno estatal para que fueran entregados a la UASLP hasta por un monto de 506 millones 155 mil 546 pesos, no obstante, de enero a octubre en cada ministración se fueron acumulando diferencias entre lo programado y lo entregado a la universidad.

Durante meses, la UASLP, a través de su máxima autoridad, el rector Alejandro Zermeño, advirtió al Consejo Directivo Universitario y a la sociedad que la falta de liquidez comprometía su operación más básica

. El rector insistió desde julio en la urgencia de que la Secretaría de Finanzas entregara las participaciones completas: “Si el gobierno del estado nos da las participaciones completas, no tendríamos ninguna afectación” dijo entonces a medios de comunicación.

Las advertencias subieron de tono al grado de que el pago de quincenas, aguinaldos, pensiones, mantenimiento e incluso la continuidad operativa se verían comprometidas si no llegaba el recurso antes del 30 de noviembre.

La crisis escaló y la SEP recordó oficialmente al Gobierno del Estado su obligación de aportar los 506 millones correspondientes a 2025, aclarando que el convenio no contemplaba la posibilidad de pagos en obra ni en especie.

El Gobierno respondió primero con un abono parcial en octubre, luego con mesas y reuniones de alto nivel de las dos instituciones hasta que se reconoció la deuda, y finalmente —tras semanas de tensiones, filtraciones y recelos— se generó una promesa de pago que vence este viernes 14 de noviembre.

El acuerdo logrado, aunque tardío, representa que la UASLP no enfrentará riesgos de impagos a la nómina ni prestaciones a sus empleados ni jubilados.

Con el anuncio oficial preparado para el próximo lunes, la relación institucional con el Gobierno del Estado se estabiliza, al menos en lo financiero y se podría decir que la responsabilidad institucional se impuso sobre las diferencias políticas.

Aunque el depósito se verá reflejado en las próximas horas y el adeudo estará cubierto, el Gobierno del Estado y la UASLP esperarán al lunes 17 para hacer el anuncio público.

En la conferencia conjunta además se espera se de adelanten los términos del convenio del próximo año y los recursos contemplados por el gobierno en su Ley de egresos 2026 y comenzará una nueva narrativa de la relación Gobierno-UASLP.

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Guadalupe Torres reconoció que existían señalamientos al interior del concejo durante la gestión de Teresa Rivera

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, afirmó que la renuncia de Teresa de Jesús Rivera Acevedo como presidenta concejal de Villa de Pozos fue tramitada correctamente ante el Congreso del Estado, y defendió que la vía elegida para su sustitución es la adecuada, pese a las dudas jurídicas y políticas que ha generado el procedimiento.

“La postura es que estamos muy atentos a lo que ocurre en este marco de la presentación de la renuncia de la concejal presidenta, y el interés es por la gobernabilidad de un municipio más, como los 58 restantes. Creemos que la decisión tomada ha sido tramitada de manera correcta”, declaró el funcionario.

Torres Sánchez subrayó que debe distinguirse entre un concejo municipal designado por el Congreso y un ayuntamiento electo por voto popular, pues esa diferencia jurídica —dijo— justifica que el relevo se tramite desde el Poder Legislativo.

“He visto que se busca impulsar una ruta jurídica distinta, pero no: la que se está haciendo es la correcta”, insistió.

El secretario general reconoció que hubo señalamientos internos en la administración

de Rivera Acevedo, pero sostuvo que el interés del Gobierno estatal no es político, sino de “mejorar los servicios municipales” y fortalecer el funcionamiento del nuevo municipio.

“Vamos a estar del lado de la nueva concejal presidenta, si así lo determina el Congreso. Lo que nos impulsa aquí es el servicio público, no un asunto político distinto”, agregó.

Torres confirmó que la Comisión de Gobernación del Congreso validó la renuncia de Rivera y propuso como relevo a la diputada con licencia Patricia Aradillas, decisión que deberá ser ratificada este viernes por el Pleno del Legislativo.

El funcionario estatal reiteró el respaldo del Gobierno a la eventual designación de Aradillas y afirmó que se buscará que Villa de Pozos sea uno de los municipios mejor administrados del estado, pese a los conflictos internos y las interpretaciones legales encontradas.

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