Juan Antonio Villa dijo que la restricción no es nueva y que se aplican unas siete u ocho sanciones por semana

Por: Redacción

Las motocicletas menores a 400 centímetros cúbicos no pueden circular por los carriles centrales de Salvador Nava, por la plataforma superior del distribuidor Juárez ni por la carretera 57, recordó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Villa dijo que esa restricción “ya está aprobada” en el reglamento de tránsito y que “no es nueva”: se aplica desde hace algún tiempo. Explicó que el reglamento, que ya fue aprobado, refuerza el tema de las motocicletas que no alcanzan determinada velocidad y que lo único que se hizo fue adecuarlo a los vehículos eléctricos para incluirlos en el ordenamiento municipal.

El funcionario informó que la policía impone unas siete u ocho sanciones por semana a motociclistas que circulan por carriles de alta velocidad. Dijo que algunos lo hacen para evitar los semáforos laterales de Salvador Nava, lo que pone en riesgo su integridad.

Villa recordó que han muerto motociclistas que subieron a la plataforma del distribuidor Juárez, entre ellos una persona que hace poco chocó contra el muro de contención y cayó al vacío. Por eso, dijo, se refuerza la presencia policial en la zona.

Sobre los scooters, afirmó que su uso ha bajado porque están siendo reglamentados y que la gente lo ha recibido de buena manera.

El secretario señaló que la motocicleta “se ha vuelto el vehículo de la familia” porque cada vez es más accesible, y que es común ver a tres o cuatro personas en una sola moto. Mientras se socializa el nuevo reglamento, la policía detiene a quienes viajan así para que no sigan, y dijo que en un lapso no mayor a seis meses vendrán las sanciones correspondientes.

En julio, tras un choque en el distribuidor Juárez en el que murió una persona, Villa había anunciado que el nuevo reglamento especificaría los lugares donde no podrán circular scooters y patines eléctricos, entre ellos la plataforma del distribuidor.

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Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales

Por: Redacción

Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.

La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.

Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.

“4% no sirve absolutamente para nada”

Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.

El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.

Congreso Extraordinario y más movilizaciones

Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.

Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.

Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”

Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.

Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.

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Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo

Por: Redacción

La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.

Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.

En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.

«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».

Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.

Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.

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