Once empresas ofrecerán vacantes con prestaciones y opciones de mejores ingresos durante la séptima Jornada de Reclutamiento, este 8 de septiembre

Por: Redacción

El Gobierno del Estado acercará nuevas oportunidades laborales a mujeres potosinas mediante la séptima Jornada de Reclutamiento, que se realizará este 8 de septiembre con la participación de 11 empresas que ofrecerán vacantes, prestaciones y opciones para acceder a mejores ingresos.

La actividad es organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), y se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en el patio central de Semujeres.

El encuentro tendrá lugar en Jardín Colón número 23, en el barrio de San Miguelito, donde las mujeres interesadas podrán conocer las vacantes disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, señaló que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantienen acciones para vincular a las buscadoras de empleo con empresas que ofrecen alternativas laborales formales.

De acuerdo con la dependencia, estas jornadas buscan acercar opciones de contratación y generar condiciones que contribuyan a mejorar los ingresos, la autonomía económica y el bienestar de las familias potosinas.

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Juan “N” fue detenido por su presunta participación en el feminicidio y en hechos relacionados con la desaparición de la joven de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado en Villa de Reyes

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan “N”, señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio y hechos relacionados con la desaparición de personas, en el caso de Tatiana “N”.

La joven, de 32 años y de origen colombiano, fue reportada como no localizada por sus familiares, quienes señalaron que dejaron de tener comunicación con ella desde el 25 de agosto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 31 de agosto y el 1 de septiembre se emitió una ficha de búsqueda.

Ese mismo 1 de septiembre, agentes ministeriales y elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Tatiana sin vida en una comunidad del municipio de Villa de Reyes, por lo que la Fiscalía amplió las investigaciones y realizó trabajo de campo para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima habría sido privada de la vida el 28 de agosto

al interior de un establecimiento ubicado sobre la carretera 57, en la capital potosina. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado del lugar a bordo de un vehículo.

A partir del análisis de videograbaciones obtenidas en sitios cercanos al lugar donde Tatiana fue vista por última vez, la Policía de Investigación estableció la identidad del probable responsable y solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía informó que Juan “N” será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGESLP reiteró que las investigaciones se realizan con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género, además de refrendar su compromiso de esclarecer los hechos.

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La reforma amplía las medidas de protección y establece que las órdenes deberán revisarse de manera individual mientras persista el riesgo para las víctimas

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y evitar prácticas de revictimización durante los procesos de denuncia, atención, investigación y juzgamiento.

Las modificaciones buscan armonizar la legislación estatal con el marco jurídico federal y ampliar los conceptos relacionados con los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

Uno de los principales cambios consiste en incorporar el concepto de revictimización, entendido como aquellas acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona víctima de un delito, violación a los derechos humanos o situación de violencia.

El Congreso señaló que estas prácticas pueden presentarse durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de los casos, particularmente cuando intervienen autoridades, instituciones, medios de comunicación o el entorno social.

La reforma contempla como posibles actos de revictimización los tratos indignos, la culpabilización de las víctimas, interrogatorios innecesarios, la exigencia de relatar repetidamente hechos traumáticos, la exposición pública de su identidad, retrasos injustificados y negligencia institucional, además de estereotipos de género y actos de discriminación.

También se incorpora el concepto de violencia simbólica, como una forma de discriminación estructural que se reproduce mediante prácticas, mensajes, valores, símbolos y representaciones que refuerzan estereotipos de género y relaciones desiguales de poder.

Las modificaciones establecen además nuevas disposiciones para fortalecer las órdenes de protección en casos de delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas deberán mantenerse vigentes durante el tiempo necesario para garantizar la reparación del daño o mientras persista la situación de riesgo.

De esta manera, las órdenes de protección no deberán levantarse automáticamente por el paso del tiempo, sino que tendrán que revisarse de manera individual, privilegiando la máxima protección de los derechos de las víctimas.

La reforma también establece condiciones de accesibilidad en los refugios destinados a mujeres víctimas de violencia, que deberán contar con personal traductor o intérprete de lengua materna o de Lengua de Señas Mexicana.

En caso de que los refugios no cuenten directamente con personal especializado, podrán solicitar apoyo a las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer enfrente barreras de comunicación para acceder a servicios de protección y atención.

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