Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales

Por: Redacción

El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.

Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.

La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.

“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.

La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.

Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.

La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.

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Héctor Serrano anunció un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados del Congreso

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano Cortés anunció que el Congreso del Estado iniciará un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados a los que atribuye la filtración de documentos legislativos, con el fin de aplicarles las sanciones que marca la ley.

El caso llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Según el legislador, lo que la institución detectó no es un tráfico de documentos en abstracto, sino la actuación de personal específico: “algunos asesores y algunos empleados del Congreso del Estado”.

Serrano Cortés reconoció que ese personal tiene derecho a sus propias filiaciones partidistas y simpatías políticas, pero sostuvo que dentro de la instituTodas las entradasción están obligados a cumplir “cabalmente con la honorabilidad”.

El diputado calificó las filtraciones como acciones sin sentido y con un propósito determinado: “totalmente con el único afán de generar una crisis”. Y las ligó al caso del dictamen sobre los requisitos para designar Fiscal General, que según las versiones publicadas se modificó dos veces: “es alguien que está provocando”.

“Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria a los empleados, ya sean asesores o del cuerpo legislativo, que hayan incurrido en una deslealtad de esta naturaleza”, afirmó.

Sobre el mecanismo, fue explícito: el procedimiento arrancará ante el Contralor y concluirá con las sanciones previstas en la norma.

El anuncio llega en la misma entrevista en que Serrano Cortés respaldó la iniciativa federal para regular plataformas digitales e inteligencia artificial, y en la que sostuvo que esa regulación “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.

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Héctor Serrano negó que la reforma constitucional afecte la permanencia de Manuela García

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano Cortés calificó de “política ficción” los señalamientos de que la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado pone en riesgo la permanencia de la fiscal general Manuela García Cázares.

La expresión, que Carlos Salinas de Gortari volvió célebre en el vocabulario político mexicano para descalificar cuestionamientos incómodos, la usó el legislador para atribuir esos escenarios a un intento de generar divisionismo y confusión entre los ciudadanos.

Serrano Cortés sostuvo que la reforma no modifica la estadía de la fiscal, no tiene efecto retroactivo y que el ordenamiento “es perfectamente claro”. A su juicio, el cambio garantiza tanto la permanencia de García Cázares como el funcionamiento de la institución.

La modificación fue necesaria, explicó, porque los requisitos para designar Fiscal General del Estado eran los mismos que para ser magistrado, un empalme derivado del proceso de elección de integrantes del Poder Judicial. Con la reforma, esos requisitos se homologan a la legislación federal.

“Aunque quedara sin el artículo transitorio que ratifica la permanencia de la Fiscal General durante su periodo, no hay ninguna afectación”, afirmó el diputado, quien añadió que la certeza se necesita para continuar con el proceso de los fiscales, que “no tiene únicamente que ver con la señora fiscal”.

El legislador enmarcó las versiones de conflicto en la víspera del proceso electoral y sostuvo que no han conseguido generar fricción en el equipo que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Habló de una armonización total, con respeto y comunicación.

Sobre su relación con el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, a quien ubicó como cercano en lo institucional y en lo personal, Serrano Cortés dijo: “nosotros formamos parte de un proyecto y ningún interés personal se impondría jamás ante el proyecto en el que estamos incrustados”.

El diputado calificó como magnífico el trabajo de la fiscal y afirmó que el Congreso del Estado lo reconoce.

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