Estado
Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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Estado
Gallardo anunció próxima conclusión del puente a Villa de Arista
El puente es parte de la autopista a Matehuala, de 118 kilómetros y más de 22 mil millones de pesos de inversión privada
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el puente del entronque a Villa de Arista se encontraba en su etapa final de construcción. La obra forma parte de la nueva autopista San Luis Potosí–Matehuala.
Dijo que los trabajos del puente estaban por concluir, por lo que se preveía su próxima habilitación. Señaló que la infraestructura permitiría una conexión más ágil entre la capital y los municipios del Altiplano, y ofrecería una alternativa a la carretera federal 57 para transportistas, comerciantes y familias.
Gallardo detalló que la autopista tendrá 118 kilómetros de longitud y cuatro carriles
, con una inversión privada superior a los 22 mil millones de pesos.El proyecto incluye tres entronques, en Villa de Arista, El Peyote y Matehuala, cuyos avances superan el 90 por ciento. La conclusión integral de la nueva vía está prevista para 2027.
El gobernador señaló que la obra facilitaría el traslado de mercancías, reduciría los tiempos de recorrido y mejoraría la conexión comercial de San Luis Potosí con el norte del país.
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Destacadas
Conagua clausura tres pozos de Tecmol: “No le puede robar a la gente”
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
, de las que derivaron más de 45 procedimientos de clausura de sitios de extracción irregular, cifra que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en inspecciones y clausuras.Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
Lee también: “Ese hombre para mí no existe”: Medina arremete contra Tecmol
Estado
Reunión con Galindo no implica decisión electoral: Marco Gama
El diputado de Movimiento Ciudadano dijo que dialogar con distintos actores es una práctica cotidiana y que la decisión electoral le corresponde a la coordinación nacional
Por: Redacción
El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Marco Antonio Gama Basarte dijo que el encuentro entre el coordinador estatal de su partido y el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, no implica ninguna resolución electoral ni política.
Gama explicó que dialogar con distintos actores políticos es “una práctica cotidiana” y que puede haber coincidencia por la dinámica política de estos días, pero que no es un tema fuera de lo común. Añadió que las decisiones no las toma el coordinador, sino un órgano colegiado y, sobre todo, la coordinación nacional. “Hasta el día de hoy, 10 de noviembre de 2026, no hay ninguna determinación electoral hacia ninguna fuerza política”, afirmó.
Cordialidad, no debilidad
El legislador sostuvo que la política “tiene que ser un espacio de respeto” y que “la cordialidad no significa debilidad en ninguna de las partes”. Dijo que es importante que haya un buen ambiente entre los distintos niveles de gobierno.
“Cuando los gobiernos se unen, San Luis avanza. Si los gobiernos se dividen, quien se afecta es la ciudadanía”, señaló. Dijo que MC está dispuesto a ser un medio para buscar la armonía entre los distintos espacios de gobierno, como el federal y los municipales, porque “a nosotros nos interesa la tranquilidad política”. Sobre lo electoral, dijo que no hay ningún tema en este momento: “Eso vendrá en su momento”.
El antecedente
El mismo 10 de noviembre, Galindo reconoció que mantiene diálogo con Morena, MC y el PT, pero dijo que eso no significa alianza y que las grandes alianzas se definen a nivel nacional. Antes, MC había descartado alianzas con el PRI, el 14 de septiembre, y con el PAN, el 30 de septiembre.
También lee: Galindo reconoció dialogar con Morena, MC y PT pero sin alianzas
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