El alcalde reconoció que las obras sin supervisión pueden derivar en responsabilidad del municipio

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos se refirió al accidente de un motociclista que murió tras caer en un bache en la carretera 57, dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí revisa las causas técnicas y reconoció versiones sobre una presión relacionada con una reparación previa hecha en el tramo.

Galindo dijo que a partir de este caso el Ayuntamiento intervendrá más en la supervisión de las obras que se realizan en la ciudad, porque muchas intervenciones no están del todo monitoreadas ni les da seguimiento. Añadió que el accidente no puede repetirse por causa de una obra hecha por el propio gobierno.

El alcalde reconoció que el municipio puede ser responsable civilmente cuando un accidente deriva de una obra o de una omisión del gobierno, y llamó a quienes sufran daños por baches a acudir al Ayuntamiento para buscar una indemnización. “Yo sí creo en la responsabilidad civil

. Yo sí creo que si hay un incidente, un percance, debe acudir al Ayuntamiento y tratar de generar alguna comunicación y proceder en consecuencia. Hay que indemnizarse”, afirmó.

Dijo que personalmente conoce solo dos casos de daños a vehículos por baches, además del caso de una mujer que sufrió un accidente en bicicleta, con quien el Ayuntamiento ya está en contacto. Atribuyó la baja cifra de reclamaciones a que la ciudadanía no está acostumbrada a exigir esa responsabilidad civil al gobierno municipal.

Galindo pidió a la población reportar afectaciones de infraestructura para que el Ayuntamiento pueda intervenir, y dijo que la prioridad del gobierno es evitar que este tipo de hechos se repita.

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Galindo destacó la instalación del SImpinna y el primer diagnóstico de dinámica familiar del municipio

Por: Redacción

San Luis Potosí capital fue reconocida como Ciudad Familiarmente Sostenible durante el 6º Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles, convocado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC); el alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió la distinción.

En el encuentro estuvieron presentes Renata Kaczmarska, directora de Familia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Lorena Villavicencio, representante del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Nacional, y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la ANAC.

Galindo destacó la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SImpinna) y la elaboración del primer diagnóstico de dinámica familiar del municipio, con el que se identificaron los distintos tipos de familias, sus necesidades y su ubicación para orientar las políticas públicas.

El Ayuntamiento entregó también 115 reconocimientos a empresas a través del Distintivo Balance Trabajo-Familia, dirigido a compañías que promueven mejores condiciones para que sus trabajadores dediquen más tiempo a sus familias.

Otra de las acciones que citó el alcalde es el programa Bosque de la Vida, mediante el cual se planta un árbol por cada niña o niño que nace en la capital potosina; el municipio reporta ya más de 3 mil 400 árboles en una reserva protegida.

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La empresa que más unidades controla también enfrenta una denuncia por incumplir su concesión

Por: Haniel Valdés

Un tercio del transporte urbano metropolitano de San Luis Potosí está en manos de solo cuatro empresas, según el padrón más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las 1,203 unidades registradas y los 217 titulares que las operan, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, Línea Guadalupe Siglo XXI, Transporte Urbano y Suburbano Tequis y Transportistas Asociados Línea Guadalupe concentran 435 unidades, el 36.1% del total. En un servicio que la ley concibe como un mosaico de decenas de concesionarios compitiendo por ruta, cuatro nombres deciden ya la disponibilidad de transporte para uno de cada tres pasajeros del sistema colectivo.

La tendencia además no se frena: entre los dos últimos cortes disponibles del padrón, el top 10 de empresas pasó de controlar 60.6% a 61.2% de las unidades, mientras el número de titulares bajó de 225 a 217. Menos empresas se reparten cada vez más unidades — un mercado que se consolida, no se fragmenta, y que llega a la mesa de negociación con la autoridad con más peso específico que hace apenas un par de años.

Tangamanga, la empresa con más unidades del padrón (123), es también la que concentra el señalamiento más serio. Según Ciudadanos Observando, mantiene suspendidas las rutas 29, 31 y 32 de su título de concesión, obtenido en 1999, desde la administración de Juan Manuel Carreras. Su presidente, José Guadalupe González Covarrubias, pidió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí cancelar la concesión si la empresa no la cumple y abrir una convocatoria nueva. El dato importa por el contraste: la empresa que más peso tiene en el padrón es la misma que, según esta organización, lleva años sin operar rutas completas sin que eso le haya costado la concesión.

El padrón de automóvil de alquiler muestra un patrón parecido, a escala de personas: de 368 concesionarios de ruleteo, 94 (25.5%) tienen dos o tres concesiones cada uno, y reúnen 41% del total disponible en esa modalidad. El taxi individual, pensado como un oficio de un permiso por persona, ya tiene también su propia versión de concentración: 4 de cada 10 concesiones están en manos de una cuarta parte de los concesionarios.

El propio padrón colectivo, además, tiene un salto que ninguna fuente pública explica: de 881 unidades en 2022 pasó a 1,202 en 2023, un incremento de 36% en un solo año. La cifra pesa porque contradice lo que la misma SCT ha declarado después: su titular, Araceli Martínez Acosta, informó en 2026 que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión nueva mientras corre un diagnóstico técnico, y reconoció que cerca de 350 camiones salieron de circulación apenas en 2024. Si la política reciente es de congelamiento y baja de unidades, el alta masiva de 2022-2023 no encaja con esa narrativa.

Ese diagnóstico, que arrancó en junio de 2026, contempla todas las modalidades del transporte público y privado regulado, y busca establecer con datos técnicos si hay zonas con déficit o saturación de unidades antes de decidir si se abren concesiones nuevas. Mientras ese estudio no concluya, el mapa de operadores del transporte urbano en San Luis Potosí seguirá siendo el que ya existe hoy: uno donde cuatro empresas deciden la mayor parte del servicio.

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