Estado
El 69% de los abortos en SLP no los hace el sistema de salud, sino las colectivas
Dos tercios de los ginecólogos del IMSS se declararon objetores de conciencia; además, los medicamentos misoprostol y mifepristona aún no se han adquirido este año
Por: Redacción
A un año de que San Luis Potosí despenalizó el aborto, la realidad contradice al discurso institucional: el sistema de salud público —que por ley debe garantizar el acceso gratuito y seguro a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)— es el que menos procedimientos realiza.
De acuerdo con un informe del Frente Marea Verde SLP, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 674 abortos en la entidad, de los cuales solo 207 fueron atendidos por instituciones públicas, mientras que 467 se realizaron con acompañamiento de colectivas feministas, lo que equivale al 69% del total.
“El sistema de salud es hoy el que menos abortos realiza, aunque es el único que tiene la obligación legal de garantizarlos”, subrayó el Frente en su informe.
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí reportaron únicamente 136 casos, sin detallar en qué hospitales ocurrieron ni reconocerlos formalmente como abortos voluntarios. El IMSS contabilizó 71 procedimientos en dos unidades médicas, y el ISSSTE simplemente no entregó datos.
En contraste, las redes de acompañamiento reportaron haber asistido a casi 500 mujeres en el mismo periodo, principalmente a través de métodos farmacológicos y apoyo emocional.
Las organizaciones señalan que la objeción de conciencia sigue siendo una de las principales barreras. En la mayoría de las unidades médicas hay personal que se niega a realizar los procedimientos, y dos tercios de los ginecólogos del IMSS se declararon objetores
. Ninguna institución cuenta con protocolos o rutas claras de atención para garantizar la prestación del servicio, lo que deja a las mujeres sin opciones reales.Aunque el presupuesto estatal destinado a la ILE se duplicó en 2025 —de 446 mil pesos a 2.2 millones—, menos de la mitad ha sido ejercido. Además, el monto para la compra de medicamentos (misoprostol y mifepristona) disminuyó de 223 mil 800 pesos a 83 mil 984, y hasta el momento los fármacos no han sido adquiridos.
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el aborto como un derecho constitucional, en San Luis Potosí el Código Penal aún lo considera un delito. Médicas y activistas advirtieron en el foro “Acceso al aborto: ¿seguro y gratuito?” que esta contradicción mantiene el riesgo de criminalización para mujeres y personas gestantes.
“La despenalización legislativa fue un avance histórico, pero no una garantía real. Sin protocolos, sin medicamentos y con miedo, el derecho sigue siendo letra muerta”, señalaron.
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Congreso del Estado
Congreso del Estado propone sistemas de captación y reutilización de aguas pluviales
La iniciativa propone reformas constitucionales y a la Ley Ambiental del Estado
Por: Redacción
Con el objetivo de fomentar la captación y reutilización de aguas pluviales en el estado, el diputado José Roberto García Castillo propuso una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones normativas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y de la Ley Ambiental del Estado.
La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, a fin de establecer que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su respectiva competencia y conforme a su capacidad presupuestal, deberán implementar sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales.
Esta disposición contempla como prioridad aquellas zonas que carecen de infraestructura hidráulica, presentan altos índices de marginación económica o pobreza urbana, así como los edificios públicos y centros educativos públicos.
La propuesta se sustenta en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 28 de julio de 2010, mediante la cual se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que obliga a los Estados a adoptar medidas que garanticen el acceso al agua mediante tecnologías adecuadas.
Elevar esta obligación a rango constitucional permitirá avanzar en el cumplimiento de estos compromisos, al tiempo que se abona al combate de la escasez del recurso hídrico y se fortalece la sostenibilidad ambiental.
Propone además, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado , para establecer con claridad que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) tendrá la atribución de diseñar, implementar y coordinar programas específicos para la captación de agua pluvial, en colaboración con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y los Ayuntamientos, por sí mismos o a través de sus Organismos Operadores de Agua.
El planteamiento establece como punto de partida la instalación de estos sistemas en edificios públicos y centros educativos estatales y municipales, sin limitar la posibilidad de que, conforme se avance en la implementación del programa, se amplíe su aplicación a otros espacios como unidades habitacionales, parques y centros comunitarios.
Se indica que la SEGAM será la encargada de la promoción, implementación y regulación de sistemas para la captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento integral de aguas pluviales, fomentando su uso eficiente en actividades domésticas, agrícolas, industriales y urbanas.
La iniciativa que se encuentra en análisis en las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Hacienda del Estado busca fomentar la capacitación y reutilización de aguas pluviales en el estado.
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Estado
Escenario político en Estados Unidos impacta economía de San Luis Potosí
El titular de Sedeco señaló que la economía global y la presencia de empresas internacionales hacen inevitable el impacto en el estado
Por: Cristian Betancourt
La coyuntura política y económica que se vive en Estados Unidos ha generado incertidumbre que podría tener repercusiones en México y particularmente en San Luis Potosí, reconoció Jesús Salvador González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
Al ser cuestionado sobre las posibles afectaciones derivadas del escenario que rodea al presidente Donald Trump y el papel de México como uno de los principales productores y exportadores de petróleo, el funcionario señaló que cualquier situación que se genere tiene impacto directo en la economía nacional.
“Desde el año pasado este tema ha creado incertidumbre aquí en San Luis Potosí y en todo México. Estamos inmersos en una economía global y tenemos muchas empresas internacionales instaladas en el estado, por lo que cualquier situación que se dé en Estados Unidos sí llega a impactar”, explicó.
No obstante, Salvador Gonzalez consideró que este escenario podría comenzar a resolverse en los próximos meses, una vez que inicien las negociaciones relacionadas con el nuevo tratado de libre comercio y las reglas que regirán los mercados internacionales.
Por último, añadió que una mayor claridad en el panorama internacional permitiría destrabar proyectos de inversión que actualmente se encuentran en pausa.
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Estado
Sedeco vigilará precios para evitar abusos en la canasta básica
La dependencia estatal aseguró que los incrementos no deberán rebasar el valor inflacionario ni el aumento a los salarios
Por: Redacción
Ante los recientes incrementos en los productos de la canasta básica, Jesús Salvador Gonzalez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), aseguró que estarán atentos para evitar abusos en los precios y proteger la economía de las familias potosinas.
El funcionario explicó que estos aumentos responden principalmente a dinámicas del mercado y a la demanda particularmente en el arranque del año, cuando es común que se registren ajustes en precios de productos y servicios.
“Es una situación que obedece a los mercados, a la demanda. Nosotros vamos a ser muy cautelosos y vigilantes para que no se violen los precios ya establecidos y que no se perjudique a las familias con incrementos considerables en algunos productos de la canasta básica.
Finalmente reiteró que el gobierno estatal mantendrá un seguimiento constante del comportamiento de los precios para evitar prácticas que afecten de manera directa la economía de los potosinos.
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