​Es la ley más importante del periodo, asegura el diputado José Luis Fernández; el delito se perseguirá de oficio y se habilitará la denuncia anónima a través del 089

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 de octubre el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se establece un tipo penal único para este ilícito en toda la República. La aprobación en lo particular se alcanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica de más de once horas que inició poco después de las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. El proyecto de decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández (PVEM) calificó la ley como una “decisión correcta y acertada” y la consideró “probablemente… la más importante” de la legislatura, excluyendo el presupuesto. Destacó que el ilícito “lastima mucho” y se ha vuelto muy recurrente, en México y también en San Luis. Explicó que la ley general permitirá a San Luis Potosí “armonizar sus leyes locales” y definir con precisión las variantes del delito para tener una autoridad “mucho más coordinada” así como le permitirá a las autoridades combatir la reincidencia.

​La nueva ley establece una pena base de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de $11,314 a $56,570 pesos. Además, incluye tres conjuntos de agravantes que pueden incrementar la sanción: el primero, hasta en una tercera parte, si se comete contra comerciantes o empresarios (cobro de cuotas);

el segundo, hasta la mitad, si la víctima es menor de edad, migrante, o si se utilizan medios electrónicos o se simula un secuestro; y el tercero, hasta en dos tereras partes, si se emplea violencia, armas, se comete desde un centro penitenciario o se utiliza a menores de edad para ejecutarlo.

​Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva clave presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, para modificar el artículo 21. Monreal argumentó que el dictamen original afectaba la proporcionalidad de la pena, pues sancionaba con 10 a 20 años al servidor público que omitiera denunciar el delito, una pena mayor que la del propio extorsionador (6 a 15 años). Con el cambio avalado, la sanción para el funcionario que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar, quedó fijada en un rango de cinco a doce años de prisión.

​Esta ley general es reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el pasado 9 de octubre de 2025, que facultó al Congreso para legislar en la materia y homologar el tipo penal. El dictamen aprobado consolida una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y once propuestas de legisladores. Además de las sanciones, la ley ordena la creación de campañas permanentes de prevención y fomenta la denuncia ciudadana anónima para combatir un delito que se investigará de oficio.

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La iniciativa busca “garantizar la dignidad hasta el último respiro de la vida”, afirma su promovente

​Por Roberto Mendoza

El Senado de la República recibió formalmente este 28 de octubre una propuesta ciudadana para legalizar y despenalizar la eutanasia en México. La iniciativa, conocida como “Ley Trasciende“, fue entregada por la activista Samara Martínez y busca reformar el artículo 166 de la Ley General de Salud. El objetivo es permitir que personas mayores de 18 años, diagnosticadas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, puedan acceder, bajo su consentimiento informado, a una muerte asistida.

Samara Martínez, activista que padece una enfermedad renal en etapa terminal, encabeza la propuesta, respaldada por las firmas de más de 128,000 personas. La recepción en la cámara alta mostró apertura hacia el debate, aunque con énfasis en la cautela. Senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas calificaron la iniciativa como un “proceso de humanización nacional” que requiere un diálogo empático, mientras que Reyna Celeste Ascencio Ortega, de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a legislar con mesura ante una “colisión” entre el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna.

La propuesta mexicana se inscribe en un contexto de avance global sobre la muerte asistida

. Varios países europeos, como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y España, ya cuentan con leyes de eutanasia activa. En el continente americano, Canadá y Colombia fueron pioneros; más recientemente, Ecuador despenalizó la práctica mediante un fallo de su Corte Constitucional en 2024, y el Congreso de Uruguay aprobó una legislación similar en octubre de 2025. Otros países, como Suiza, Alemania y varios estados de EE. UU. y Australia, permiten el suicidio médicamente asistido.

La justificación central de la “Ley Trasciende”, según su promovente, es que “no busca promover la muerte, sino humanizarla“, para que ningún mexicano “tenga que morir sufriendo, con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía“. El reto legislativo en México, como destacó la senadora Claudia Edith Anaya Mota, será dotar a la iniciativa de argumentos jurídicos y técnicos sólidos para superar tabúes y garantizar el respeto a los derechos de las minorías.

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Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que el objetivo es que haya una preparatoria cerca de la casa de los jóvenes

Por: Redacción

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que, como parte del Plan de Ampliación de Cobertura de Educación Media Superior, en 2026 se crearán 130 nuevas preparatorias en 110 municipios, las cuales estarán cerca de las casas de las y los jóvenes, como parte de las 202 acciones de infraestructura para incrementar los espacios en bachillerato que incluye 20 nuevos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), 52 ampliaciones de planteles con alta demanda, y con ello serán 65 mil 400 lugares más en este nivel educativo.

Los cuales se sumarán a los 44 mil 685 lugares creados este 2025 y con ello, el próximo año se tendrán 110 mil 85 espacios de los 120 mil que se plantearon para 2030, lo que representaría un avance de 91.7 por ciento de la meta establecida para el Bachillerato Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que el objetivo es que haya una preparatoria cerca de la casa de las y los jóvenes, para ello, este año se unificaron los 31 sistemas de Educación Media Superior en el Bachillerato Nacional que otorga dos certificados: de Bachillerato General y de Bachillerato Tecnológico, a través de un mismo esquema de enseñanza que incorpora nuevos conocimientos y al mismo tiempo permite que las y los adolescentes se la pasen bien en la escuela.