​Es la ley más importante del periodo, asegura el diputado José Luis Fernández; el delito se perseguirá de oficio y se habilitará la denuncia anónima a través del 089

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 de octubre el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se establece un tipo penal único para este ilícito en toda la República. La aprobación en lo particular se alcanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica de más de once horas que inició poco después de las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. El proyecto de decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández (PVEM) calificó la ley como una “decisión correcta y acertada” y la consideró “probablemente… la más importante” de la legislatura, excluyendo el presupuesto. Destacó que el ilícito “lastima mucho” y se ha vuelto muy recurrente, en México y también en San Luis. Explicó que la ley general permitirá a San Luis Potosí “armonizar sus leyes locales” y definir con precisión las variantes del delito para tener una autoridad “mucho más coordinada” así como le permitirá a las autoridades combatir la reincidencia.

​La nueva ley establece una pena base de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de $11,314 a $56,570 pesos. Además, incluye tres conjuntos de agravantes que pueden incrementar la sanción: el primero, hasta en una tercera parte, si se comete contra comerciantes o empresarios (cobro de cuotas);

el segundo, hasta la mitad, si la víctima es menor de edad, migrante, o si se utilizan medios electrónicos o se simula un secuestro; y el tercero, hasta en dos tereras partes, si se emplea violencia, armas, se comete desde un centro penitenciario o se utiliza a menores de edad para ejecutarlo.

​Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva clave presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, para modificar el artículo 21. Monreal argumentó que el dictamen original afectaba la proporcionalidad de la pena, pues sancionaba con 10 a 20 años al servidor público que omitiera denunciar el delito, una pena mayor que la del propio extorsionador (6 a 15 años). Con el cambio avalado, la sanción para el funcionario que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar, quedó fijada en un rango de cinco a doce años de prisión.

​Esta ley general es reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el pasado 9 de octubre de 2025, que facultó al Congreso para legislar en la materia y homologar el tipo penal. El dictamen aprobado consolida una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y once propuestas de legisladores. Además de las sanciones, la ley ordena la creación de campañas permanentes de prevención y fomenta la denuncia ciudadana anónima para combatir un delito que se investigará de oficio.

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