Los manifestantes pidieron que se realice una propuesta con castigos más severos para los vendedores de droga, y no contra los internamientos forzados

Por: Redacción

Esta mañana, un grupo de ciudadanos se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para rechazar la iniciativa de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que propone eliminar el internamiento forzoso de personas en anexos.

La propuesta de la diputada Aradillas plantea reformas a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y al Código Penal del Estado, con el propósito de prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación, e incluso establecer como delito de privación ilegal de la libertad el hecho de internar a una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de un familiar, tutor o representante legal.

Esta propuesta ha generado inconformidad entre los manifestantes, en su mayoría familiares de personas con problemas de adicciones, quienes portaban pancartas con mensajes como “Sí al diálogo a favor de los anexos”, “Los anexos salvan vidas”, “Derecho a la rehabilitación, a cambiar y a la vida” y “Di no a las drogas”. Con consignas y testimonios, pidieron a las y los legisladores no quitarle a las familias una de las pocas alternativas que, aseguran, tienen para contener y rehabilitar a sus seres queridos.

“Mejor invéntese una propuesta para que realmente se castigue con todo el peso de la ley a quienes venden drogas. Arregle la situación con educación real y con una reforma a los anexos que se necesita. Metan dinero ahí”, dijo una manifestante.

El argumento central de la legisladora se basa en que este tipo de internamientos suprime derechos humanos, ya que, en ocasiones, las personas eran internadas por tiempo indefinido y sin un debido proceso médico o jurídico. La diputada se apoya en la Norma Oficial Mexicana NOM-028, que regula los modelos de atención en adicciones y reconoce únicamente el internamiento voluntario en establecimientos de ayuda mutua, mientras que los centros de modelo mixto o profesional pueden aplicar internamientos involuntarios bajo lineamientos específicos y con aval de instituciones reconocidas por la CONADIC.

Aunque la iniciativa busca proteger los derechos de personas internadas contra su voluntad, para los manifestantes la eliminación de esta figura representa dejar a muchas familias sin herramientas para enfrentar el consumo problemático de sustancias.

En sus testimonios, señalaron que muchos anexos han logrado contener conductas autodestructivas y han sido la única opción ante un sistema de salud mental insuficiente. Sin embargo, también reconocieron que los centros deben mejorar su calidad y profesionalización, con la integración de psicólogos, neurólogos, nutriólogos y personal capacitado.

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