En 2019 se eliminó la disposición legal que permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres

Por: Redacción

En sesión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión Primera de Justicia de la LXIV Legislatura, aprobaron el Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a la persona titular del “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia” en su carácter de instancia coordinadora del “Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada”, a efecto de que se implementen acciones y políticas públicas y fortalezcan las ya existentes, para erradicar el matrimonio infantil y la cohabitación forzada de personas menores de edad en todo el territorio nacional.

Esto, con mayor énfasis respecto de niñas y mujeres adolescentes que viven en condiciones de pobreza, así como en comunidades rurales e indígenas, por resultar en la violación de sus derechos humanos, y en la comisión de un delito.

La diputada Leticia Vázquez, presidenta de la Comisión Primera de Justicia señaló que derivado de la reforma realizada al Código Civil Federal del 3 de junio de 2019, se eliminó la disposición legal que permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres, así como aquella que contemplaba la posibilidad de que autoridades y familiares concedieran dispensas o consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años.

En el Congreso se señaló que a medida que avanza el acceso a esta tecnología, también aumenta el riesgo de su uso con fines maliciosos

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En sesión de trabajo la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, aprobó el dictamen para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de tipificar y sancionar la difusión de imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual manipulados a través de inteligencia artificial, de una persona sin su consentimiento.

La iniciativa promovida por la diputada María Dolores Robles Chairez, señala que se impondrá sanción de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización, a quien haciendo uso de la Inteligencia Artificial, modifique o altere imágenes, audios o videos de una persona sin su consentimiento, para crear hechos falsos con apariencia real de contenido íntimo sexual; así como a quien los almacene, transmita, publique o difunda por cualquier medio.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que la iniciativa establece que “se señala que por Inteligencia Artificial se entenderá, las aplicaciones de software, programas informáticos o cualquier software con capacidad de modificar o alterar imágenes, audios o videos”.

Se indica que la inteligencia artificial recrea una imagen de una cara o de cualquier otro objeto aprendiendo de cientos o miles de imágenes de esa cara u objeto. Utiliza las denominadas “redes neuronales generativas antagónicas”, GAN por sus siglas en inglés, con algoritmos que son capaces de aprender de los patrones que encuentran en las imágenes para luego reproducirlos creando otras nuevas de ese objeto, rostro o imagen

A medida que avanza y aumenta el acceso a esta tecnología, también aumenta el riesgo de su uso con fines maliciosos y con ello se genera un nuevo tipo de violencia digital para las personas, enfocándose principalmente en sectores vulnerables como lo son niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Además, se adiciona como uno de los elementos del delito contra la identidad de las personas, el uso de la Inteligencia Artificial.

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“No estamos de acuerdo con las redadas migratorias como medidas de solución, y menos cuando se hace uso de la violencia”, añadió.

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El diputado Marcelino Rivera Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Estatal de Migración, para que implementen acciones efectivas ante el atropello a los derechos humanos y civiles que están sufriendo los connacionales que radican en los Estados Unidos por las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

“No estamos de acuerdo con las redadas migratorias como medidas de solución, y menos cuando se hace uso de la violencia excesiva como forma de atender el fenómeno migratorio”.

Por ello, debe existir total apego al debido proceso y a la dignidad humana, y el Gobierno de México debe enfocarse a realizar un llamado diplomático “respetuoso pero firme” a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimi entos migratorios se realicen con estricto apego a derecho, en un marco de respeto a la dignidad humana y al estado de derecho.

Puntualizó que la SRE debe centrarse en garantizar la debida protección consular y asistencia legal a los mexicanos que radican en los Estados Unidos; se debe apoyar desde los consulados de México en Estados Unidos, especialmente del estado de California, para activar los mecanismos de protección a los connacionales, lo que implica visitar a los detenidos y establecer contacto con ellos y sus familias.

Se debe dar información sobre las personas detenidas en las redadas, ya que actualmente se reportan a 42 mexicanos detenidos en Los Ángeles, la mayoría son trabajadores de una fábrica textil, y se debe dar seguimiento a las deportaciones para brindar todo el apoyo legal.

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