La oriunda de Guadalcázar accedería al indulto tras haber sido sentenciada a 30 años de prisión por un delito que no cometió

Por: Redacción

En el año 2009, Sanjuana Maldonado Amaya fue detenida junto a otros hombres afuera de un establecimiento comercial, tras ser señalada de copartícipe en delincuencia organizada y secuestro agravado de un comerciante de ropa. Sin embargo, la historia detrás de esa versión de las autoridades posee un trasfondo de violencia de género y abuso de autoridad en su contra.

Han transcurrido 15 años desde que Sanjuana fue detenida por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), procesada y juzgada en Matehuala por secuestro, sentenciada a 30 años de prisión e ingresada al cárcel de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz. Esto, pese a que su entonces pareja y otro sujeto la habrían extorsionado para participar en la recolección de un dinero, haber sufrido abusos de parte de los elementos de la SIEDO, y no haber aceptado su declaración.

Todo ello, ocurrido en el contexto de la llamada “guerra contra el narco”, periodo en el que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, mantuvo un despliegue militar por todo el país para erradicar células criminales y en combate a la delincuencia organizada, que produjo daños colaterales contra la población civil en materia de impartición de justicia, privación de la libertad y de la vida.

La organización “Perteneces” ha documentado el caso de Sanjuana, y ha dado seguimiento a su proceso, en exigencia de su liberación. No obstante, los esfuerzos ante las autoridades procuradoras de justicia han sido insuficientes.

Actualmente, la organización a cargo del abogado José Mario de la Garza ha enviado el expediente de Sanjuana al Congreso del Estado de San Luis Potosí, acompañado de una solicitud de indulto, recurso que le permitiría su libertad y que actualmente figura como la única alternativa que gozaría tras haber agotado todos los recursos legales existentes.

El Congreso local es el único ente facultado para aprobar dicha solicitud, para lo cual se necesita el voto a favor de 14 de los 27 legisladores.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, también se sumó al reclamo de justicia, y exhortó al Legislativo local para que dicha solicitud sea aprobada; y en próximos días serán quienes definan su libertad.

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