Gobierno buscó evitar toma de plantas para no afectar industria automotriz, pues el conflicto impacta a armadoras como GM y BMW

Por: Redacción

Crisógono Sánchez Lara, secretario del Trabajo y Previsión Social, subrayó que, pese a las tensiones, la mediación ha evitado bloqueos o tomas de plantas que afectarían la producción automotriz.

“Si bien es cierto, esto impacta la industria automotriz, porque Valeo surte a GM, BMW y otras armadoras, hemos logrado concientizar y conciliar con los propios ex trabajadores para que no se presentara este problema”, señaló.

El funcionario aseguró que la resolución del conflicto de utilidades de la empresa Valeo está en manos del SAT, organismo que definirá los términos del pago pendiente a ex trabajadores y trabajadores activos.

“Lo de Valeo ustedes saben que nosotros somos muy respetuosos del manejo de la ley. Y aquí la resolución la tiene el SAT. El SAT en su momento tendrá que decidir en qué términos podría quedar lo de Valeo”, declaró.

Recordó que en una primera etapa se pagaron más de 261 millones de pesos en utilidades, y que estaba previsto un segundo y tercer pago, aunque el proceso legal ha retrasado su cumplimiento. “El primer pago fue más de 261 millones de pesos y se iba a pagar un segundo y un tercero en las mismas condiciones, pero ustedes saben que es un proceso que lleva a cabo el SAT

Sobre las versiones de que solo se beneficiaría a los trabajadores sindicalizados en activo, Sánchez Lara aclaró que la definición no depende de la Secretaría. “La resolución debe traer una cantidad, naturalmente no la misma que se pagó en el primer pago, pero es un tema que corresponde al SAT y a los resultados de los despachos jurídicos de las partes”.

En cuanto a la posibilidad de que ex empleados protesten durante la próxima visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí, el titular de la STPS reconoció su derecho a la libre manifestación, aunque pidió prudencia: “Nunca le hemos cortado a ningún trabajador la libertad de expresión, lo único que pedimos es que no se dañe a terceros, porque si se cometen delitos tendrán que responder como ciudadanos”.

Finalmente, destacó que el gobierno estatal busca mantener la estabilidad laboral en la entidad. “Nos hemos estado manejando de una manera como debe de ser en San Luis Potosí, cuidando siempre la paz laboral que tenemos”, concluyó.

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Acusan falta de voluntad para legislar en materia de personas desaparecidas y exigen la creación de una fiscalía especializada

Por: Redacción

Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en conjunto con abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para anunciar la presentación de un amparo indirecto contra el propio Poder Legislativo.

El recurso fue interpuesto por lo que consideran una omisión criminal del Congreso al no armonizar la legislación en materia de desaparición de personas, como lo establece el marco legal y constitucional, y por su negativa reiterada a crear una fiscalía especializada en desapariciones.

Además, denunciaron múltiples violaciones y omisiones por parte del Gobierno del Estado en relación con este tema, señalando que los casos de desaparición han incrementado considerablemente en los últimos años.

“Han pasado casi 8 años de promesas rotas, de discursos vacíos y de fotos conmemorativas que nada cambian la realidad. El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron aliadas de las familias buscadoras han demostrado que su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, expresaron las integrantes del colectivo.

Criticaron la postura de las autoridades, señalando que no muestran empatía ni voluntad real para atender el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas: “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Es el reflejo de un Estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí.

Explicaron que decidieron presentar el amparo debido a que han perdido la confianza en las instituciones: “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal. El recurso legal es la única vía que nos queda.”

También lanzaron una crítica directa al discurso oficial: “Ese es el verdadero rostro de San Luis Potosí: un Estado que presume logros en sus informes de gobierno, pero calla su deuda más dolorosa, la indiferencia ante la desaparición. Ojalá tuvieran el valor de decirlo en sus discursos oficiales.”

Finalmente, agradecieron el apoyo de los abogados de la UASLP y reiteraron su exigencia de justicia y la creación inmediata de una fiscalía especializada, advirtiendo que “cada día de omisión es un día más de impunidad y de sufrimiento para las familias.”

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Con una inversión de 4 millones de pesos, se reconstruyeron más de 2,570 metros cuadrados de pavimento en arroyo vehicular

Por: Redacción

El ayuntamiento de Villa de Pozos encabezado por Teresa Rivera Acevedo, en coordinación con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, entregó la obra de reconstrucción de la calle Molino Rojo, en el tramo de La Libertad a calle Los Molinos.

Con una inversión de 4 millones de pesos, se re construyeron más de 2,570 metros cuadrados de pavimento en arroyo vehicular, además de rehabilitar banquetas, guarniciones, servicios de agua potable y drenaje sanitario para más de 60 viviendas, señalamiento vial horizontal y vertical, así como la modernización del sistema de alumbrado público con luminarias tipo LED de nueva generación, que ofrecen mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

Teresa Rivera destacó la importancia de mantener y rehabilitar los caminos y vialidades del municipio, al señalar que estas acciones no solo garantizan mayor seguridad para las y los poceños, sino que también fortalecen la conectividad, la movilidad y el desarrollo económico de la localidad y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado por su compromiso firme con Villa de Pozos, el cual permite dejar atrás el abandono en que permanecieron las y los poceños durante administraciones anteriores.