La conmemoración de la matanza estudiantil de 1968, fue empañada por actos de violencia y vandalismo atribuidos a grupos ajenos a los contingentes originales

​Por: Roberto Mendoza

La Ciudad de México se convirtió nuevamente en el epicentro de la memoria histórica al conmemorar el 57 aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. Cientos de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas para iniciar la marcha con destino al Zócalo capitalino. El contingente fue nutrido y diverso, destacando estudiantes de la UNAM y el IPN, sindicatos, agrupaciones feministas, defensores de derechos humanos y sociales. Caminaron también acompañados por los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El acto fue encabezado por integrantes del Comité 68, entre ellos figuras como Félix Hernández Gamundi, bajo la consigna: “2 de octubre no se olvida”.

A pesar del carácter conmemorativo y pacífico de la gran mayoría de los participantes, hacia el final del recorrido grupos de encapuchados, identificados con colectivos anarquistas, se infiltraron en el contingente. Fueron seña lados por las autoridades como miembros del llamado “Bloque Negro”; ellos iniciaron actos de vandalismo y violencia

. Armados con piedras, palos, petardos y objetos peligrosos, realizaron pintas, saquearon negocios —incluida una joyería— y se enfrentaron directamente con el cuerpo de seguridad de 1,500 elementos desplegados. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron una clara distinción entre los manifestantes que buscaban honrar la memoria y estos grupos de choque, enfatizando que fueron los segundos, y no la marcha principal, quienes generaron los disturbios que desvirtuaron la jornada.

El saldo de la violencia generada por estos grupos vandálicos fue significativo en términos de afectaciones a la integridad física de las personas. La SSC informó que 94 elementos de la policía capitalina resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a hospitales, mientras que 29 civiles recibieron atención prehospitalaria. Aunque circularon rumores sobre el fallecimiento de un oficial por quemaduras, la Secretaría lo desmintió. En cuanto a las consecuencias legales, se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, recuperándose objetos sustraídos.

La jornada concluyó cerca de las 20:00 horas, con el Zócalo resguardado por vallas metálicas y un operativo de seguridad reforzado. La estrategia de contención policial, enfocada en evitar la represión y proteger a los manifestantes, fue destacada por las autoridades. Se investigan los posibles delitos cometidos por los provocadores.

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El Paquete Económico y Presupuesto del 2026 ya fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

Por: Redacción

Los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Fernández Martínez y Juan Carlos Valladares Eichelmann, expresaron que ya se está trabajando para lograr un presupuesto del 2026 que fortalezca el impulso al desarrollo económico con más obras de infraestructura y los programas sociales para brindar más bienestar social y reducir las desigualdades.

Aseguraron que han tenido acercamientos con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para determinar el presupuesto que recibiría el gobierno estatal en el próximo año.

El Paquete Económico y Presupuesto del 2026 ya fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre esa base se buscará obtener mejores beneficios para el Estado de San Luis Potosí, para todos los sectores sin excepción; el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de 2025.

Los legisladores señalaron que se prevé que San Luis Potosí reciba de recursos federales un monto aproximado a los 59 mil millones de pesos, se recibirían un aumento de más de 2 mil millones de pesos, del Ramo 33 se estiman más de 26 mil millones de pesos, mientras que del ramo 26 más de 29 mil millones de pesos; hay otros ingresos por diferentes conceptos por arriba de los 3 mil millones de pesos.

Los criterios que deben prevalecer en la asignación de recursos federales para San Luis Potosí, es garantizar que el modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se consolide con políticas enfocadas a elevar el bienestar social de la población con un crecimiento incluyente y equitativo; y promover la inversión pública y privada con una política fiscal responsable.

Se debe reforzar la calidad de los servicios educativos, de vivienda y salud, y el cumplimiento de los derechos constitucionales de la población, San Luis Potosí ha alcanzado un desarrollo económico y social sin precedentes después de tantas décadas de atraso e inmovilismo.

Con 70 votos a favor, la mayoría aprueba cambios clave; la oposición acusa una regresión autoritaria y un golpe al contrapeso judicial

Por Roberto Mendoza

En una maratónica sesión que culminó en las primeros minutos de este jueves, el Pleno del Senado de la República aprobó la polémica reforma a la Ley de Amparo, el principal instrumento de defensa de los ciudadanos frente al poder. La modificación, impulsada por el bloque mayoritario de Morena y sus aliados y turnada a la Cámara de Diputados, prohíbe a los jueces federales dictar suspensiones con efectos generales contra leyes y normas, una medida que, según la oposición y juristas, debilita un contrapeso fundamental del Poder Judicial.

Previo a su votación, el dictamen fue analizado en un parlamento abierto donde especialistas, abogados constitucionalistas y especialistas en la materia advirtieron sobre los riesgos de la propuesta. Si bien hubo consenso en la necesidad de modernizar el proceso a través de un juicio de amparo en línea y establecer plazos fijos para las sentencias, los expertos alertaron que limitar la suspensión provisional representaba un retroceso que dejaría en estado de indefensión a la ciudadanía. Estas advertencias, sin embargo, fueron desestimadas por el bloque de la mayoría.

El objetivo central de la reforma, es frenar lo que senadores de Morena y aliados calificaron como un “abuso” del amparo por parte de grupos de poder.

La propia Presidenta de la República ha señalado que la ley tiene dedicatoria, aludiendo al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien, según el gobierno, ha utilizado el juicio de amparo sistemáticamente para evitar el pago de miles de millones de pesos en impuestos. Con este argumento, se busca impedir que intereses particulares puedan detener la aplicación de leyes de interés público.

No obstante, la oposición y organizaciones civiles insisten en que la justificación oficial oculta tambien el propósito de blindar las reformas y actos del gobierno frente a la revisión judicial. Advierten que este cambio es una herramienta para imponer leyes potencialmente violatorias de derechos humanos sin un freno inmediato, obligando a los ciudadanos a enfrentar sus posibles daños mientras dura un juicio, lo que, en la práctica, neutraliza la efectividad del amparo como defensa contra el poder.

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