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#InfanciasTrans | ¿Se debe legislar para que menores accedan a tratamientos hormonales en SLP?
El estado ha sido uno de los primeros en garantizar las terapias de reemplazo hormonal gratuitas y las correcciones de identidad sexo genérica, pero ¿qué tan cerca está de contemplar a niñas y niños trans?
Por: Ana G Silva
El 9 de febrero, América Rangel, diputada local en la Ciudad de México por el PAN, presentó una iniciativa que busca prohibir las cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo en menores de edad y que quienes realicen estas prácticas a menores de puedan ser sentenciados a prisión de entre dos y siete años. Esta propuesta causó polémica en algunos sectores de la población y colectivos LGBTTTIQAP+ en el país. La Orquesta buscó a diputadas y diputados, activistas por los derechos de las personas trans para conocer su opinión sobre lo ocurrido, pero también con la finalidad de conversar sobre si sería viable legislar sobre la posibilidad de que menores de 18 años tengan derecho a iniciar su transición en San Luis Potosí.
Este medio buscó a los y las congresistas de la Comisión de Salud y Asistencia Social -Yolanda Josefina Cepeda y Emma Idalia Saldaña- y de la Comisión de Derechos Humanos -Gabriela Martínez, Eloy Franklin Sarabia y Emma Idalia Saldaña-, no obstante, se negaron a hablar al respecto o sencillamente no respondieron a la invitación. Solo Lidia Nallely Vargas Hernández, quien pertenece a Morena y está en ambas comisiones, accedió a dar una declaración. La congresista dijo que “si un diputado o diputada la presentará (la reforma para permitir que menores puedan optar por terapias de cambio de sexo) se trabajaría en ello”; agregó que el acceso a terapias y cirugías hormonales en menores son temas complejos, por lo que es necesario su valoración.
La congresista apuntó que San Luis Potosí “sigue siendo un estado muy conservador”, por lo que puede influir en el tema y es necesario incluir en el debate a todos los sectores involucrados, principalmente los padres de familia, especialistas en Derechos Humanos y abogados para los temas relacionados a lo penal.
En lo que respecta a la iniciativa presentada en la Ciudad de México, Vargas Hernández subrayó que las y los diputados tendrán que entrar en la discusión de este tema para ver qué tan viable sería si se toma la decisión de aprobar o no; añadió que la diputada América Rangel, como todos los demás integrantes, están en su derecho de presentar propuestas, sin embargo, se deben realizar mesas de trabajo para que se trabaje, los expertos se incluyan y den sus comentarios.
Lía Fernanda Rodríguez, activista por los derechos de las personas trans y egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, apuntó que lo que en realidad se debe legislar tanto en Ciudad de México como en San Luis Potosí, no es prohibir el acceso a bloqueadores hormonales, tratamientos o cirugías de cambio de sexo, sino que haya acceso a la información sobre estas prácticas, y así aumentar la esperanza de vida de las personas trans, que es de 35 años.
Rodríguez detalló que nunca se han permitido los tratamientos o cirugías en menores de edad para el cambio de sexo, aunque a los adolescentes en Ciudad de México mayores a 16 años pueden realizarlo con el consentimiento de los padres.
Lía detalló que la diputada local de la Ciudad de México mencionó en su exposición de motivos que el 90% de las personas que cambian de sexo se arrepiente, pero esa estadística no tiene cita, por lo que puede referirse a las infancias que se les permite acceder a bloqueadores hormonales que en realidad estos solo dan tiempo de decidir si quieren transicionar o no, pues no te da caracteres secundarios sexuales, sino que bloquean la pubertad, lo que ha sido beneficioso para las personas trans, pues realizar un tratamiento después de la pubertad.
“Cuando alguien decide volver a transicionar al género que te asignaron cuando naciste no es porque la personas no sea trans, sino que el resultado que tuvo no fue el esperado, pero no físicamente, sino con el trato que tiene socialmente con su familia y sus amigos y pierde el apoyo”.
La activista explicó que lo dicho por la diputada América Rangel es un discurso contradictorio de derecha, en el que se discute una ideología de género, la cual no existe, sino que en el caso de las personas trans desde pequeñas saben que no se sienten identificadas con el sexo que se les asigno y forzar a alguien a seguir lo “socialmente correcto” contraviene a lo escrito en la Carta Superior de la Niñez sobre el derecho al desarrollo libre de la peronalidad de los infantes y por tanto nadie debe seguir una identidad que no percibe:
“Sí se debe legislar el acceso a bloqueadores hormonales en menores, pero esto a favor, acompañado por los padres, legislar que las infancias trans sean respaldadas por la ley, porque para hacer la corrección es a partir de los 18, en temas de salud el debate es a quién le pertenece el cuerpo, a la persona o al estado, es como con el aborto, quién debe tomar la decicion”.
Lía detalló que “cuando una persona trans sabe que lo es, se va a hormonar, tenga 12 o 15 o 20 años”, por lo que los activistas buscan que sea seguro o de lo contrario se cae en la clandestinidad, además de que generan los discursos de odio que provocan asesinatos a personas de esta comunidad, discriminación y desigualdad laboral y de estudios.
“Hay que pensar en el futuro, porque hay otra realidad y es que muchas personas trans terminan en el suicidio, debido a que es tanta la disforia (sensación de incomodidad que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer) que terminan quitándose la vida porque no se sienten identificados con su cuerpo”.
Al cuestionar sobre si un menor tiene la conciencia de decidir si quiere ser trans, Lía respondió que, basada en la corriente del relativismo, desde su experiencia personal y la empatía, hay minorías que tienen una verdad compartida, en la que no puede afirmar que todas, pero sí la mayoría de las personas trans saben que lo son desde la infancia:
“Cuando tenía 3 años lo sabía, no me gustaba escribir mi nombre, yo quería ir al baño con mis amigas y no con los niños, pero la maestra no me dejaba. Hasta los 12 años en Yahoo Respuestas pregunté y mencioné cómo me sentía, había comentarios religiosos, esos los ignoré, pero alguien me dijo que era trans y después de años de negarlo e intentar ser niño y jugar fut, tener novia, cuando cumplí 16 que tuve el valor de decirlo a mis amigas. Mi vida podría haber cambiado muchísimo si hubiera tenido la información que tengo ahora, a los 12”.
La activista detalló que para poder realizar los tratamientos y trámites legales para el cambio de identidad sexo genérica, existen algunos filtros, el primero es una revisión psicológica antes de tomar la decisión y un seguimiento de vida para que las personas conozcan las consecuencias claras en caso de llevar a cabo el procedimiento.
En cuanto al tema de salud, la activista mencionó que ningún menor de 16 años debe hacerse una transición de cambio de sexo, pues antes de esta edad el cuerpo no tiene la capacidad de recibir las hormonas que generan estos tratamientos, por lo que, resaltó, es necesario el uso del bloqueador hormonal para tener tiempo de decidir, en caso de hacerlo a los 16 con permiso de los padres y después de los 18 de manera libre.
“Es por etapas, como nosotros usamos las etapas tanner, que son el desarrollo sexual del cuerpo, en la segunda etapa empiezan el crecimiento secundario: en las mujeres el crecimiento de senos y en los hombres el crecimiento de vello.
En el tanner tres y cuatro es cuando hay un cambio significativo, a los 12 años LO que sí se puede usar son los bloqueadores hormonales porque te da tiempo de decidir cómo llevarás tu vida y a los 18 años hacerlo”.
EL AVANCE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS EN SLP
El 17 de mayo del 2019, Día Mundial contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, el Registro Civil en San Luis Potosí modificó su reglamento y ahora cualquier persona goza de la posibilidad de hacer la corrección legal de su identidad sexo genérica. Un día antes también se aprobó el matrimonio igualitario en todo el estado.
Vanessa Hernández, activista de San Luis Potosí, fue una de las primeras personas en San Luis Potosí, que gracias a ese decreto pudo solicitar la corrección de su identidad sexo genérica en su acta de nacimiento.
Una de las desventajas del proceso es que es nuevo y tiene ciertas fallas, por lo que se tienen que implementar protocolos para que sea más ágil, otras de las dificultades es hacer el cambio de identidad en otros documentos importantes como certificados de estudio.
A partir del 13 de julio de 2021, San Luis Potosí se convirtió en la tercera entidad del país en otorgar terapia de reemplazo hormonal de forma gratuita para las personas trans que no cuentan con seguridad social, con ello se ampliará su esperanza de vida, pues existen muchos casos en los que por falta de recursos no pueden acceder a un tratamiento de este tipo y que recurren a automedicarse.
La mayoría de las personas trans, alrededor de un 70 por ciento, tiene una esperanza de vida de 35 a 40 años debido a la automedicación temprana, pues además no todas las personas son candidatas a recibir una terapia, por lo que es importante tener la atención médica gratuita para tener un contexto más amplio acerca del sus cuerpo y sus necesidades, pues automedicarse puede tener consecuencias como trombosis, daños hepático, hígado graso o daños en la hipófisis por un mal manejo de los estrógenos.
LA INICIATIVA EN CDMX
Activistas y expertes en derechos humanos vieron en la propuesta de la diputada panista una posible vía para criminalizar la diversidad de las infancias diversas y coartar su identidad de género. La propuesta ha causado tanta indignación que colectivos se manifestaron a las afueras del Congreso de la Ciudad de México.
El Congreso suspendió su Sesión Ordinaria del martes ante la llegada de manifestantes a las afueras del recinto. Un grupo de activistas de la comunidad transgénero golpeó y pintó las puertas del Palacio Legislativo, también arrojó objetos y rompió los cristales del mismo, pues mencionaban que la propuesta de la diputada panista era discriminatoria.
La clínica Condesa, pionera en el país en el tratamiento para cambio de género, envió un comunicado en el que se detalla que es falso que en la Ciudad de México “se mutile el pene” de los niños trans, como asegura América Rangel y es irresponsable que diga que “se horminiza a más de mil menores”, pues la infancia y la juventud trans que atienden es en compañía de los padres que reciben un seguimiento relacionado con su identidad de género desde un abordaje paido-psiquiatrico y de género.
El Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México explicó, a través de sus redes sociales que la iniciativa es alarmista, discriminatoria y violatoria de los derechos de la niñez; agregó que es una propuesta violatoria de derechos y contraria al interés superior de la niñez, suponiendo que las niñas y los niños no merecen el reconocimiento de su identidad ni gozar del libre desarrollo de su personalidad.
Láurel Miranda, especialista en perspectiva de género y derechos humanos, explicó a Infobae que la transición es “única y exclusivamente” de la persona que la realiza, por lo que el continuar con estos discursos e iniciativas de desinformación podrían acarrear un serio retraso en materia de derechos humanos para estas poblaciones.
La activista dijo que la diputada América Rangel es últimamente conocida, ya no tanto por su labor legislativa, sino por sus escándalos mediáticos en contra de poblaciones de grupos vulnerados, llámese la población LGBT+ o racializada, pues la congresista manifestó su apoyo a la cadena de restaurantes del Sonora Grill a pesar de las muestras de racismo que estaban ocurriendo dentro de sus instalaciones.
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Ocho años de silencio institucional y expedientes contra maestros en SLP
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo , luego de que estudiantes tomaran las instalaciones del campus Pedregal en protesta. El 6 de marzo, la fiscal María Manuela García Cázares informó que un juez lo vinculó a proceso por violencia familiar y lesiones. La Fiscalía aclaró que la vinculación no implica sentencia y que el profesor presentó, a su vez, una denuncia contra la joven que sigue sin resolverse.
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
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Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
, produce 100 millones de moscas estériles por semana. “Ya la están tirando”, confirmó Díaz Salinas, indicando que el lanzamiento ya ha comenzado en varias regiones del estado.Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
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