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El juicio contra Alejandro Fernández Montiel fue anulado
El Supremo Tribunal de Justicia invalidó la sentencia contra el ex trabajador del DIF acusado de abuso sexual
Por: Redacción
La Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) declaró nulo el juicio oral contra Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el periodo de Juan Manuel Carreras López, quien fuera declarado culpable por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad, y sentenciado a 12 años y tres meses en prisión, así como al pago de una sanción pecuniaria de 76 mil 041 pesos.
La instancia argumentó que se excedieron los días máximos permitidos para suspender la audiencia, pues el periodo en que se suspendió el juicio consistió en parte de las vacaciones del Poder Judicial del Estado. Por esa razón, se ordenó reiniciar el juicio y establecer un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado.
El documento detalló que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado (compuesto por los jueces Javier Pérez Contreras, Francisco Pablo Alvarado Silva y Carlos Alberto Ávalos Hernández) suspendió la audiencia desde el 15 de julio hasta el 10 de agosto de 2022, un total de 26 días naturales. Dicho periodo formó parte del periodo vacacional que tomó el Poder Judicial del Estado.
La apelación presentada a la magistrada María América Onofre Díaz, fue interpuesta por el abogado defensor de Fernández Montiel, el agente fiscal, el asesor jurídico y el representante en suplencia de la víctima. Ahí se señaló que “… los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que emitió la sentencia materia del recurso de apelación que nos ocupa, indebidamente gozaron de un periodo vacacional cuando estaba en trámite la audiencia de debate y juicio oral de la causa penal de origen 
El argumento de la Segunda Sala se basó en un oficio emitido por Olga Regina García López, entonces presidenta del STJE, en el que establece los periodos vacacionales para el Poder Judicial, y explicó que “Podrán los Jueces, Juezas y Servidores Judiciales adscritos a los Juzgados del Ramo Penal de esta Ciudad (…) Jueces y Juezas de Control y Tribunal de Juicio Oral (…) hacer uso de sus periodos vacacionales en forma escalonada: lo anterior a criterio del titular del juzgado o área y a condición de que la función jurisdiccional no se vea interrumpida”.
El documento indicó que se infringieron los principios de continuidad y concentración, así como el principio de inmediación, pues argumentó que el tiempo transcurrido entre cada audiencia afecta la percepción de los jueces sobre las pruebas y puede causar que esta “se pueda ir desvaneciendo con el paso natural del tiempo, lo que definitivamente influye en la decisión que se tomó al momento de dictar fallo”.
El mismo día del fallo (2 de febrero), la resolución fue recibida en el Tribunal Colegiado de Juicio Oral constituido en la Primera Región Judicial a las 13:19 horas, “para los fines legales que correspondan”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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