La reforma aplica a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, que exige nacionalidad única a quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales. Es decir, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.

Una minuta es un proyecto de reforma que ya aprobó el Congreso de la Unión y que, por tratarse de un cambio a la Constitución, necesita también el aval de la mayoría de los congresos estatales.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, explicó que la minuta llegó de la Cámara de Senadores. Con la reforma también se considerarán incompatibles con esta obligación el uso de un pasaporte o identificación de otro país, el ejercicio de derechos políticos ante ese Estado, como votar, y acogerse a su protección diplomática, es decir, pedir el apoyo de sus embajadas o consulados como ciudadano de ese país.

Arreola Mallol recordó que la iniciativa la presentó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, con el objetivo de que quienes ocupen esos cargos mantengan únicamente la nacionalidad mexicana mientras los ejercen.

Con la reforma, para ser presidente o presidenta se requerirá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, haber residido en el país al menos 20 años

Quien ya ocupe la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante una autoridad extranjera. Si lo hace, será sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución, el apartado que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

Para las gubernaturas la regla es similar. Solo podrá ser gobernador o gobernadora un mexicano por nacimiento sin otra nacionalidad, que sea nativo del estado o tenga al menos cinco años de residencia efectiva antes de la elección, y que tenga 30 años cumplidos el día de los comicios, o menos si la Constitución local lo permite.

Los artículos transitorios, que son las reglas para aplicar la reforma, dan al Congreso de la Unión 90 días naturales a partir de que entre en vigor el decreto para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

La minuta se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite.

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Roberto García dijo que el formato, incluida la réplica y contrarréplica, se definirá la próxima semana

Por: Redacción

Las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso del Estado por la Glosa del V Informe de Gobierno se realizarán el 19, 20 y 21 de octubre, y la primera en acudir será la Secretaría General de Gobierno, el lunes 19, informó el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Después de Gobierno comparecerán los titulares de Finanzas y Educación, según recordó el legislador. Aclaró que todavía no tiene el número total de funcionarios citados porque la lista se va a ampliar.

Lo que no hubo fue acuerdo sobre el formato. García Castillo explicó que algunos legisladores propusieron que acudan otras personas, además de los funcionarios que normalmente comparecen, y que por eso la Jucopo dejó ese punto para su próxima reunión, la semana que viene.

Entre esas propuestas está la del representante parlamentario de Movimiento Ciudadano, que pidió citar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). También está en discusión si habrá réplica y contrarréplica, es decir, si los diputados podrán responder a lo que diga cada funcionario y si este tendrá otro turno para contestar.

“En la fecha sí, lo que no está definido es la metodología”, resumió el presidente de la Jucopo.

La Glosa es el proceso con el que el Congreso revisa el informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona: los titulares de las dependencias estatales acuden a explicar lo que se reportó y a responder las preguntas de los diputados.

La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, que preside el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, ya adelantó que en la comparecencia del gabinete de seguridad pedirá cifras concretas de cada centro de reinserción del estado, luego de que se diera a conocer que el penal de La Pila tiene sobrepoblación.

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Roberto García reconoció que las tarifas “sí están un poco elevadas” tras volver de Huehuetlán

Por: Redacción

El diputado local José Roberto García Castillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, reconoció que las casetas de las autopistas que unen la capital con la Zona Media y la Huasteca “sí están un poco elevadas”, y se comprometió a buscar a los encargados de su mantenimiento para ver qué se puede hacer.

El legislador contestó así a una pregunta sobre los aumentos en casetas como la de Cerritos a Rioverde, la de Rioverde a Ciudad Valles y las de la Zona Industrial, que suben de precio sin aviso previo. García Castillo dijo que venía precisamente de Huehuetlán y que el costo de las casetas sí es alto.

“Estaremos atendiendo el tema y ver cómo podemos colaborar”, dijo. Planteó trabajar en equipo con quienes dan mantenimiento a esas carreteras para que los aumentos no afecten a las personas que viajan en vehículo.

Cuando se le recordó que varias administraciones ya buscaron a estas empresas y que se han negado a bajar los precios, el diputado insistió en que hará ese acercamiento “de manera coordinada y respetuosa” para dar una solución. “Vamos a atenderlo”, afirmó.

Según una revisión de tarifas publicada en julio por El Universal San Luis Potosí, la caseta de Cerritos, en la autopista San Luis Potosí–Rioverde, cuesta 110 pesos para automóvil, y la de Rayón, en el tramo Rioverde–Ciudad Valles, 55 pesos. El mismo medio señaló que La Pitahaya, en la ruta Ciudad Valles–Tamuín, es una de las más caras del estado, con 183 pesos.

En abril, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) publicó sus nuevas tarifas, con alzas que en algunos tramos del estado superan el 7 por ciento respecto de 2025.

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