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Al menos 400 policías de SLP siguen como guaruras
El gobernador adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que agentes de seguridad puedan ser colocados como escoltas de particulares
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona señaló en septiembre de 2021, previo a tomar posesión como gobernador de San Luis Potosí, que al menos 700 agentes de la entonces Policía Estatal, se encontraban asignados como escoltas personales de 100 políticos y empresarios; en ese momento aseguró que esos privilegios habían terminado y los elementos se reincorporaron a labores de seguridad, sin embargo, a más de un año de ese punto la situación no ha logrado ser revertida en su totalidad, e incluso el propio mandatario confirmó que Juan Manuel Carreras, su antecesor, aún cuenta con policías asignados para resguardarlo, además de utilizar todavía un vehículo oficial.
“En esta administración (de Juan Manuel Carreras) hay 700 policías estatales encomendados a cuidar a políticos y empresarios, cuando tenemos solo mil elementos en las calles para resguardar a toda la población: son 700 policías para proteger a cerca de 100 personas y mil para cuidar a casi tres millones”, fue la declaración hecha por Ricardo Gallardo en 2021. La vocería de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) confirmó que un número importante de miembros de la Guardia Civil ya han vuelto a tener tareas operativas: “De inicio me parece fueron 250, posteriormente fueron más”, señaló la instancia sin precisar cuántos siguen a cargo del cuidado de particulares.
El área de seguridad informó acerca del equipo y personal de seguridad que mantiene el ex gobernador Juan Manuel Carreras, y mencionó que se trata de un tema administrativo, cuyo dato preciso será solicitado a la mesa de seguridad, por lo que no es posible saber cuántas personas cuidan del ex gobernador y su familia: 
“Me pidió unos días, precisamente él para poder ver su situación, se los hemos concedido… ya se acabó el tiempo de que pueda traer escoltas, de que pueda traer camioneta del gobierno, pues tendría que entregar ya de acuerdo a los tiempos del Legislativo“, apuntó hace unos días Ricardo Gallardo y apuntó que al comienzo de este sexenio también Fernando Toranzo contaba con ese privilegio.
Gallardo Cardona ha dicho que enviará una iniciativa de ley para que la posibilidad de asignar policías a labores de escoltas sea suprimida, no obstante, reconoció que algunos ex funcionarios deben contar con un resguardo, debido a la naturaleza de su trabajo, pero que esto debe ser solo por un determinado tiempo.
El mandatario estatal destacó que Federico Garza Herrera, ex fiscal del estado figura entre quienes ya entregaron los vehículos y escoltas con que contaban, y añadió que las lideresas de los sindicatos más grandes de trabajadores del gobierno del estado también cuentan con la prestación de camionetas.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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